Agua potable y saneamiento. Su organización y regulación en Argentina, Latinoamérica y Europa. – Cap. 2


Cap. 2 – La aplicación de subsidios a la demanda en los servicios de agua potable y desagües cloacales en Latinoamérica. Casos de estudio: Colombia, Argentina y Chile.

 

Ludmila Losi y Silvia Régoli Roa

 

Introducción

El agua es un bien escaso, por tanto, es un bien económico de cuyo análisis se deben ocupar y se ocupan los economistas, pero no en forma exclusiva, sino en cooperación con otras disciplinas que, en conjunto, ofrecerán soluciones a los problemas planteados, ya que efectivamente el agua es algo más, es un activo “ecosocial” (Perez Zabaleta, 2004). El agua es un bien precioso, indispensable para la vida humana y del que no se puede privar a los hombres, cualquiera que sea su renta.

La escasez del agua se manifiesta en dos aspectos inseparables y no siempre explicados a la vez, estos son, su calidad y su cantidad. Cuando un bien es escaso significa que la cantidad ofrecida es inferior a la demandada a los precios en que estas cantidades se intercambian, con una calidad determinada del agua. Esto es, teniendo en cuenta que en esta situación de escasez concurren una serie de factores climáticos, geográficos, de infraestructuras, de gestión, políticos, culturales, sociales, económicos, institucionales… que intervienen tanto en la oferta como en la demanda del bien.

Y es por la escasez de agua por lo que los precios adquieren un protagonismo indiscutible. Ya que en una economía de mercado, éstos son los indicadores o las señales[1] que representan la escasez. Por lo tanto, los precios del agua deben revelar la escasez de este bien, en cantidad y en calidad.

Pero, ¿representa el precio del agua la escasez de la misma? ¿Debe el precio del agua permitir la total recuperación de los costos de su producción y distribución? Esta es una discusión que depende de los juicios de valor con los que se analicen diferentes enfoques. Pero lo que debemos preguntarnos es si esos precios que reflejan su valor de manera de dar incentivos para su uso eficiente, ¿pueden ser pagados por la sociedad en su conjunto? Y no debemos dejar de lado la importancia de esta pregunta en cuanto al “pueden”, ya que el acceso es un derecho universal y es un servicio que debe ser garantizado por el estado[2] en todo momento y lugar. Estos dos aspectos del agua generan un dilema que en general se ha resulto con diferentes tipos de subsidios. En este trabajo se analizarán algunas alternativas de subsidios a la demanda utilizadas en diferentes países de América Latina.

El objetivo de este trabajo es analizar diferentes alternativas de subsidios a la demanda. Se utilizó la metodología de estudio de casos para describir la organización del servicio de agua potable y desagües cloacales y el tipo de subsidio utilizado en países latinoamericanos. Dadas las particularidades de cada caso, se seleccionaron los países: Argentina, Colombia y Chile. Estos presentan aplicaciones de subsidios a la demanda bien diferenciados, lo que permite exponer las ventajas y desventajas de cada alternativa, pudiendo resumir cada caso seleccionado como:

  • Argentina: Mix de subsidios focalizados y subsidios cruzados de carácter regresivo
  • Colombia: Subsidios cruzados entre diferentes tipos de consumidores
  • Chile: Subsidios focalizados a la población de menores recursos.

A partir de estas experiencias particulares se arribó a conclusiones generales para el caso de Latinoamérica dadas las similitudes que presentan el resto de los países de la región con alguno de los tres casos seleccionados.

Política Tarifaria

Una política de tarifas debe ser aplicada y diseñada para lograr, al menos, los siguientes objetivos:

  • Eficiencia económica,
  • suficiencia financiera,
  • acceso universal a los servicios,
  • transparencia y,
  • simplicidad.

El logro simultáneo de los objetivos anteriores presenta ciertas dificultades por cuanto no siempre estos marchan en la misma dirección.

Para lograr estos objetivos en forma armónica, la política tarifaria debe apoyarse en dos pilares: 1) un sistema de regulación y vigilancia de los servicios que asegure un equilibrio entre los derechos y obligaciones de los usuarios y la empresa prestadora del servicio y evite el traslado de los costos de ineficiencias a los usuarios; y 2) un sistema comercial que permita mantener información actualizada y confiable sobre los usuarios, incluyendo el historial de comportamiento de su consumo, facturación y cobranza.

La política de tarifas predominante en América Latina y el Caribe, con la excepción de Chile, implica la existencia de subsidios cruzados. Es decir un grupo de consumidores pagan un conjunto de cargos por encima del coste asociado a la provisión de los servicios, mientras que otros pagan muy por debajo de dicho coste. La instrumentación de los subsidios cruzados se realiza a través de una amplia gama de modalidades aún dentro de un mismo país.

Estas modalidades pueden clasificarse en dos grupos principales: en un primer lugar, la discriminación de precios está basada en las características socioeconómicas de los usuarios domésticos o la actividad económica de los usuarios no domésticos; en el segundo, la discriminación de precios esta basada en los niveles de consumo. En la práctica, estas dos modalidades no son excluyentes y por lo general se aplican generalmente en forma simultánea.

Existe una subvención cuando el precio de un bien se reduce por la obtención de ingresos, bien directos (ayudas del sector público, por ejemplo) o bien indirectos (existen otros agentes distintos de los demandantes o de los oferentes que pagan el coste del bien en cuestión).

Las subvenciones directas comprenden los fondos que el sector público destina claramente a promover determinadas actividades o restringir otras. Entre las subvenciones directas que asume el sector público relacionadas con el agua se encuentra la asunción de las obras hidráulicas, de esta forma, los precios o tarifas del agua no incluyen los costes de producción, al asumir el sector público una parte de los costes de suministro o saneamiento. En este sentido, se subvenciona a los consumidores (agricultura, población e industria).

Otro tipo de subvenciones son las indirectas, que denominamos así por no incidir efectivamente en el precio del agua o en su consumo, pero sí secundariamente al afectar a la producción o al consumo de bienes consumidores del agua.

Por otra parte, existen las subvenciones cruzadas que implican el pago de precios o tarifas por debajo de los costes por un grupo de usuarios y por encima de los costes a otros. Este tipo de subvenciones pueden darse entre usuarios (según la procedencia del agua o su destino) y entre países.

En cuanto a la procedencia del agua creemos que existen subvenciones de las aguas subterráneas a las superficiales ya que los usuarios de aguas subterráneas pagan el coste de la obtención del recurso, mientras que los usuarios de aguas superficiales, al asumir las confederaciones hidrográficas (el Estado) gran parte de los costes de construcción, mantenimiento y gestión de las infraestructuras, se benefician del menor coste del agua. (Perez Zabaleta, 2004)

A grandes rasgos, estos dos tipos de subvenciones presentan tanto, ventajas como desventajas en su aplicación:

Tabla 1: Pros y Contras de los subsidios directos y cruzados

A continuación analizaremos tres casos latinoamericanos, el caso de Colombia, que presenta subsidios cruzados entre diferentes tipos de consumidores, , el caso de Argentina que utiliza los subsidios cruzados y sistemas de subsidios focalizados, y el caso de Chile que presenta el uso de subsidios directos.

Colombia

El sector está compuesto por unas 40 grandes empresas proveedoras del servicio, que en su conjunto abastecen el 70% de la población y de un número superior a 1000 empresas pequeñas que proporcionan el servicio en el medio rural.

Las privatizaciones que se destacan son la Triple A en Barranquilla, adquirida por operadores españoles, la de Cartagena, con Aguas de Barcelona, en Montería, Tunja, Santa Maria y Maicao se realizaron procesos de vinculación de particulares a la prestación de los servicios. En Bogotá (12% de la población del país), los servicios son prestados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota sociedad por acciones de carácter oficial y en Medellín el servicio esta a cargo de la Empresas Públicas de Medellín, a la vez que en Cali es atendido por la empresa del municipio. (Mira, 2006)

El sector se halla atomizado y la administración municipal sigue a cargo del servicio en gran parte de los casos. La función de regulación recae en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento que regula las tarifas y la gestión financiera, técnica y administrativa de las operaciones. Promueve la competencia entre quienes prestan los servicios o regula los monopolios naturales con el fin de asegurar la calidad y evitar el abuso de la posición dominante.

La función de supervisión recae en la Superintendencia de Servicios Públicos. Este tiene la facultad de imponer multas e incluso tomar posesión de las empresas que violen las normativas, presten servicios de baja calidad o con discontinuidad o no provean información veraz a los agentes de control. Controla asimismo que los subsidios del gobierno se orienten a los sectores de menores ingresos.

La regulación de las tarifas determina un cargo fijo que cubre los costos administrativos y de comercialización y un cargo variable que cubre los costos de inversión y operación, garantizando a los operadores una cierta tasa de retorno. Adicionalmente, se definen factores de ajuste para 6 estratos de consumidores estableciendo un sistema de subsidios cruzados donde el principio es que menos de 20m3/mes es el consumo básico, y más de 40m3 es consumo suntuoso, donde el alto se consumo se penaliza.

Bajo este esquema las tarifas cargadas a los consumidores del estrato 4 deben ser suficientes para recuperar costos mientras que los consumidores de los estratos 5 y 6 pagan un sobreprecio con el cual se subsidia a los primeros tres estratos.

Los usuarios residenciales se clasifican en seis categorías, basadas en la apariencia exterior de la vivienda y la calidad del entorno urbano. La categoría 1 incluye a las viviendas de familias más pobres y la seis a las de mayor ingreso económico. Las categorías 1 a 3 reciben un subsidio decreciente (50%, 40% y 15% respectivamente) con respecto a la tarifa media. La categoría 4 en teoría debe pagar el costo de los servicios (tarifa media) y las categorías 5 y 6 y los usuarios no residenciales pagan un sobrecosto (20%).

Tabla 2: Esquema colombiano de subsidios cruzados por estrato

Este sistema, sin embargo no asegura la viabilidad financiera de la empresa operadora. La experiencia en la Región y otros países del mundo con estructuras tarifarias complejas señala que estos sistemas con frecuencia han propiciado abusos y corrupción.

Además, las dificultades que muchos operadores han encontrado en actualizar los sistemas comerciales, se deben a que estos cambios afectan el “status quo” que beneficia a funcionarios inescrupulosos.

Argentina

La empresa Obras Sanitarias de la Nación (OSN) se descentraliza en 1980 a las diferentes provincias. Esto dio lugar a la conformación de 161 sistemas de aguas y saneamiento ambiental en el país. Desde entonces se adoptaron diversos regímenes de gestión del servicio (municipalización, empresas públicas provinciales, cooperativas regionales, etc.). En algunos casos la descentralización hacia pequeñas localidades no hizo más que limitar las posibilidades de brindar el servicio, en la medida que la dimensión demográfica de tales poblaciones no alcanzaba para poder financiar obras básicas y / o expansión. Sin posibilidad de financiamiento, el sistema colapsó y no sólo se limitó la inversión sino también el mantenimiento y la producción. (Acuña y Centrángolo, 2006)

A partir de 1991, diversas jurisdicciones territoriales encararon procesos de concesión, en general por 30 años de plazo de las empresas de aguas, bajo diversas modalidades de adjudicación (monto del canon, porcentaje de reducción en las tarifas, compra de acciones, etc). El Estado debía ocuparse del control y el establecimiento de normas y reglamentaciones pertinentes, mientras se incorporaban operadores privados en el manejo y gestión del servicio. La mayoría de las sociedades anónimas que se hicieron cargo del servicio eran empresas extranjeras.

El establecimiento de subsidios directos o de una tarifa social a los usuarios de menores recursos no estuvo dentro de las preocupaciones a la hora del diseño de los marcos regulatorios y de los contratos de concesión. Los cuadros de tarifación se elaboraron con criterios “eficientistas”, de modo de intentar reflejar los respectivos costos de prestación del servicio. Con estos objetivos, se buscó desmantelar el esquema de subsidios cruzados vigentes durante la prestación estatal -con éxito parcial- al tiempo que poco se avanzó en la implementación de subsidios directos a usuarios de bajos recursos.

La normativa regulatoria contemplaba la posibilidad de otorgar subsidios a determinados grupos de usuarios, pero no establecía mecanismos precisos para su formulación. Si bien las leyes de marco regulatorio y/o creación de los entes de regulación, como tales, establecían los principios generales sobre cada materia, en la mayoría de las jurisdicciones no hubo reglamentaciones posteriores inmediatas sobre este tema específico.

En consecuencia, al inicio de las concesiones, casi no existía ningún esquema de subsidio directo o tarifa social. En cambio, la normativa sí era precisa en cuanto a la responsabilidad financiera de estos instrumentos, quedando plasmada en los contratos y marcos regulatorios la obligación del concedente -es decir, del Estado como titular del servicio- sobre los costos asociados al otorgamiento de estos beneficios.

Sin embargo, con el advenimiento de la recesión y la crisis económica, la necesidad de un esquema de subsidios cobró mayor entidad, a partir de los reclamos por parte de los usuarios e, inclusive, de los concesionarios. Para los usuarios, la reducción de la tarifa significaba una mayor garantía de continuar con el servicio, sin correr el riesgo de verse afectados por su posible corte o restricción. Para las concesionarias, el beneficio provenía de dos factores: por un lado, en el marco de un aumento de la incobrabilidad, les aseguraba la cobranza de un segmento crítico de usuarios; y, por el otro lado, les permitía reclamar un aumento para aquellos usuarios que mostraban una mayor capacidad de pago.

De esta manera, la tarifa social se convirtió en una nueva dimensión de la agenda regulatoria argentina.

En este marco, a partir de 1998 los entes reguladores, con distinta celeridad y alcance, fueron implementando diversos mecanismos de subsidios directos. Si bien podría esperarse un mayor avance en el sector del agua debido a su carácter de derecho humano fundamental como también a la existencia de normas que prohíben el corte total del servicio en la mayoría de las jurisdicciones, no existen diferencias marcadas entre la extensión del beneficio en ambos sectores.

En relación con la fecha de implementación, ya con anterioridad al año 2002 habían comenzado a aplicarse casi la mitad de los esquemas de tarifa social. El primer antecedente lo constituye Mendoza, quien ya contaba con este beneficio desde que el servicio de agua y saneamiento estaba en manos del Estado provincial y luego permaneció vigente ante la gestión privada. Posteriormente, recién en el año 1998 se instrumenta este subsidio en una nueva jurisdicción -Salta-, para luego extenderse paulatinamente hacia el resto. En este sentido, en varias jurisdicciones se puede atribuir una demora en poner en funcionamiento estos subsidios

La sanción a principios del año 2002 de la ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario conllevó cambios profundos en el escenario macroeconómico Nacional (Aspiazu, 2006), y debido a las presiones de los gobiernos de los países de origen de las prestatarias, desembocó en la renegociación de todos los contratos con las prestadoras de servicios públicos, a pesar del reiterado incumplimiento de las condiciones de los contratos de concesión.

Antes de la devaluación, en once jurisdicciones existía algún tipo de subsidio directo. Luego, se sumaron trece más (del total se excluye a San Luis, ya que no se cuenta con la fecha de comienzo de la tarifa social).

En ese entonces, los elevados niveles de pobreza aumentaron los índices de incobrabilidad de las empresas a tal punto, que de haber llevado la política de cortes de servicio hasta sus últimas consecuencias, habrían comprometido seriamente los derechos básicos de millones de habitantes y la salud pública en general. De hecho, no pueden obviarse los importantes conflictos que han existido en esta materia en provincias como Santa Fe y Buenos Aires, en

donde para intentar moderar el impacto de la normativa ha intervenido el Defensor del Pueblo de la provincia -en el primer caso- y se han corroborado amparos colectivos impulsados por las asociaciones de defensa del consumidor.

Para mediados del 2006, 9 de las 18 concesionarias, incluyendo las cuatro mayores empresas prestadoras en materia de población atendida pasaron nuevamente al sector público, lo que resultó en una considerable transformación cualitativa. Las empresas estatales pasaron a ser el principal prestador en el país, mientras que las sociedades anónimas de capital privado redujeron su importancia por detrás incluso del conjunto de cooperativas, atendiendo sólo al 16% de la población (Aspiazu, 2006).

En esta línea, en el marco de la reestatización del servicio en el ámbito del AMBA, el nuevo marco regulatorio de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA – Ley Nº 26.221) dispuso la prohibición de cortes totales de suministro a usuarios residenciales, así como la imposibilidad de la empresa de restringir o cortar el servicio a hospitales, sanatorios y cárceles, sean estos públicos o privados (art. 81). La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, en su Informe Anual 2001-2002, a este respecto afirmó: “la empresa concesionaria es proclive a esgrimir el argumento del corte inmediato del servicio ante la morosidad del usuario, lo que carga de angustia a los ciudadanos de bajos recursos”. Y algún tiempo después alegó: “sobre las amenazas de corte de servicio por falta de pago, que a pesar de contemplarlo la ley de privatizaciones, consideramos que ese derecho de la concesionaria como medio para exigir el cobro es socialmente inequitativo” (Informe Anual 2003-2004, citado en Pesce, J., 2006).

Como en Argentina el servicio está organizado de forma descentralizada, en cada provincia existen políticas de subsidios diferentes y particulares para afrontar el problema de la incapacidad de pago por parte del segmento mas pobre de la población. Como se ve en la tabla 3 existen casos de subsidios directos y de subsidios cruzados simultáneamente.

Dentro de las provincias que implementaron algún tipo de tarifa social se verifica una diversidad de criterios de elegibilidad, de esquemas de financiamiento y de montos subsidiados. Respecto a la elección de beneficiarios, existen diversas modalidades que pueden abarcar tanto aspectos socio-económicos como niveles de consumo del servicio en cuestión. En general, se utiliza uno o más parámetros, entre ellos el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-, la presencia de algún plan de empleo gubernamental, la condición de actividad -pasivo, ocupado o desocupado- y el nivel de ingreso. En algunos casos, el cumplimiento de todos los requisitos convierte a un usuario en beneficiario de la tarifa social mientras que, en otros, se elabora una fórmula con diferentes datos para determinar la correspondencia y el grado de beneficio a otorgar. En Salta, Mendoza y Misiones, por ejemplo, el porcentaje del subsidio se establece a partir de una fórmula polinómica que incluye datos socioeconómicos del hogar.

Respecto al origen de los recursos de los concedentes para financiar los subsidios, se constata la utilización de fondos públicos, ya sea de manera directa -recursos tributarios u otros fondos específicos, provinciales o nacionales- o bien a través de exenciones impositivas -como es el caso de Buenos Aires-. De esta manera, se castiga más fuertemente a los hogares que no cuentan con el servicio, quienes además de esta carencia, contribuyen en su financiamiento -por intermedio de rentas generales-, mostrando la inequidad del esquema para este segmento de la población. Una evaluación realizada por Bondorevsky, D. (2007) sobre la focalización del subsidio en algunas provincias revela la presencia de un fuerte error de exclusión; es decir, hogares que cumplen con los requisitos para acceder a la tarifa social que, sin embargo, no están incluidos dentro de los beneficiarios.

Dado que la tarificación es de tipo catastral y el consumo no es medido, (transformando la tarifa de agua en una suerte de “tasa municipal”, incluso con impactos regresivos sobre la población) la existencia de distorsiones generadas por este tipo de tarificación sólo sería posible de corregir con alternativas como la micro medición, lo que permitiría cargar al usuario de acuerdo a su consumo, permitiendo una valoración más correcta del bien en cuestión y un consumo acorde a la señal que daría un precio por unidad consumo, permitiendo una valoración más correcta del bien en cuestión y un consumo acorde a la señal que daría un precio por unidad consumo.

Por último, en relación a los montos subsidiados, también se encuentra una marcada heterogeneidad. Una primera alternativa implica otorgar un beneficio porcentual de la factura-que incluso puede alcanzar su monto total para ciertas categorías, en función de la situación socioeconómica-, o bien establecer una tarifa fija reducida que permite acceder a un determinado nivel de consumo, para el caso de estudio esta última se vuelve casi imposible por no tratarse de un servicio medido.

Tabla 3: Principales características de subsidios a la demanda en Argentina por jurisdicción

En definitiva, el esquema de tarifa social se ha extendido a casi todas las jurisdicciones que privatizaron algún servicio público. Sin embargo, cabe destacar la demora en su implementación y la diversidad de criterios existentes. Por último, hay que resaltar que el esquema de financiamiento perjudica particularmente a los hogares sin servicios.

Chile

En 1989 se separan el rol productor y regulador que antes tenia el estado, con la introducción de entidades “empresarizadas” no-privadas y la creación de la “Superintendencia de servicios sanitarios”. La creación de la Superintendencia responde a funciones normativas, de fiscalización y sanción.

El ente regulador es responsable de determinar las fórmulas que se utilizan para calcular las tarifas a nivel nacional, a la que están sujetos los servicios de agua potable y de alcantarillado de agua servidas. Su financiamiento proviene directamente del tesoro público, aunque existe un proyecto de ley para que se establezca un sistema de financiación proveniente de los propios usuarios.

A partir de 1998, la participación privada se incrementó desde el 5% hasta el 95%. Previo al proceso de incorporación de capital privado se modificó el marco regulatorio fortaleciendo las facultades normativas, fiscalizadoras y sancionadoras, Se establecieron resguardos para evitar la concentración de la propiedad del sector y los subsidios desde empresas reguladas a no reguladas. Se perfeccionó el proceso de fijación tarifaria y las potestades de información. Actualmente, el agua se considera un bien privado en este país.

El hecho de la exitosa evolución de las empresas sanitarias estatales durante los noventa es una de las razones de éxito del proceso de licitación privado. Existió una importante prudencia política, ya que primero se creó y fortaleció un marco regulatorio que ya se encontraba en vigencia cuando se introdujo la participación privada. Además, la privatización significó para el Estado ingresos cercanos a los 2.400 millones de dólares.

El sector Privado posee una participación del 94.8 % y los estados Municipal y Cooperativas mantienen la propiedad de alrededor de un 5.2 % del total.

En materia de facturación es imprescindible tener presente que la ley chilena establece que sólo se pueden cobrar los metros cúbicos efectivamente consumidos y que por ello la totalidad del consumo es medido a través medidores individuales. En el caso de morosidad, la compañía puede cobrar intereses por el retraso y cortar el abastecimiento, primero en el medidor y luego en la conexión.

Las tarifas están basadas en costos de una “empresa modelo”, lo que se conoce como benchmarking. Sólo existe un régimen tarifario para todas las empresas concesionarias. Se establecen precios punta para el verano y un régimen normal, por lo que existe una tarifa media mensual.

No se diferencia entre usuarios residenciales, comerciales e industriales. No incluye consideraciones sociales en su determinación y se fijan por un periodo de 5 años para cada empresa sanitaria. (Regoli Roa, 2008).

Sin embargo existe un sistema de subsidios al pago de servicios sanitarios, éste es directo a los clientes más pobres y cubre entre un 25 % y 85 % de una cuenta mensual hasta un consumo de 20 metros cúbicos. A partir del 2005 y dentro de programa Chile Solidario, aproximadamente 5 % de los subsidios que se otorgan cubren 100 % de la cuenta hasta consumo de 15 mts cúbicos.

Las condiciones de elegibilidad las determina cada municipio en base a una ficha técnica que mide el nivel socioeconómico de las familias. Chile ha sido el primer país en diseñar un sistema de subsidios financiado y administrado fuera de los ingresos de los servicios, como parte de la reforma de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento que comenzó en la década de 1980. Introdujo un sistema de subsidios individuales para el consumo de agua y el alcantarillado con el fin de garantizar unos servicios adecuados y de precio accesible para los hogares, al mismo tiempo que incitaba al ahorro de agua.

A ello se sumaron incentivos para la prestación eficiente del servicio por parte de las empresas privadas. Ha tenido un éxito considerable, pero tal éxito descansa en la organización existente en el ámbito nacional unido a una eficaz capacidad institucional y administrativa (Gómez – Lobo, 2000).

El ejemplo de Chile se refiere a subvenciones en el consumo urbano teniendo en cuenta la capacidad de pago. Con el sistema, se distribuyeron cerca de 450.000 subsidios en todo el país durante el año 1998 del que se beneficiaron el 13% de los hogares, ascendiendo su coste a 36,6 millones de dólares. De esta forma, se logró aumentar las tarifas de agua a niveles que reflejaran los costes del servicio.

Por otra parte y en la línea de una política redistributiva, se potenció el apoyo a los lugares más pobres. La valoración del sistema ha sido positiva aunque requiere un cierto grado de capacidad institucional y sus costes pueden ser elevados. No obstante, se pueden reducir si se liga a otro tipo de medidas o programas sociales

Conclusión

Aunque el éxito del sistema chileno debería ser emulado por los países de la región, este sistema no se puede extender fácilmente a otros países por cuanto descansa en una organización del sistema históricamente dísimisil, donde podría decirse que el ámbito nacional desarrolló la capacidad administrativa para determinar los usuarios merecedores del subsidio y el monto del subsidio, la ejecución oportuna de los pagos a las empresas operadoras y la recertificación periódicamente a los usuarios merecedores del subsidio.

Un sistema de subsidio basado en tarifas discriminadas por categoría socioeconómica cruzado puede ser una opción aceptable siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos.

  • Primero, la tarifa media debe recuperar todos los costos variables y todos los costos financieros. Es decir las empresas deben generar un flujo de caja positivo que les permita financiar los costos de expansión de los servicios.
  • Segundo, el consumo debe ser medido; lo que significa que hay que rechazar esquemas con un bloque de con sumo mínimo asociado a un cargo fijo.
  • Tercero, el subsidio debe ser acotado y los criterios de elegibilidad de las familias merecedoras del subsidio claramente definidos Ello también re-quiere que se defina el nivel básico de servicio que se desea subsidiar y el monto máximo que una familia pobre debe pagar por este servicio (la diferencia entre este monto y el costo es el subsidio otorgado).
  • Cuarto, los recargos por encima de la tarifa de costo debe cubrir el subsidio y debe ser igual para todos los demás usuarios. (Yepes, 2003)

Para aquellos casos donde el costo de la información se vuelve muy alto, con los fines de simplificar el subsidio podría limitarse a aquellas familias que consuman por debajo de lo que se considere básico para la supervivencia, o que se subsidien los primeros X metros cúbicos de consumo (dependiendo del autor se considera que son necesarios entre 10 y 30 metros cúbicos de agua para satisfacer las necesidades básicas de consumo de agua potable. (Yánez, 2007 y Yepes, 2003)

En lo que se refiere a los subsidios cruzados por los servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades de América Latina, existen numerosos estudios que ponen de manifiesto el fracaso de los mismos para la consecución de los objetivos planteados:“La estructura más generalizada de los subsidios cruzados en América Latina ha generado una situación en la que casi toda la población con acceso a servicios de agua y saneamiento paga unos precios por debajo de los costos mientras que la población de menores ingresos sin acceso a los servicios paga por un servicio sustitutivo, de calidad inferior, unos precios desorbitados” (Yepes, 2003)

Por ello, se plantea como alternativa el establecimiento de subsidios directos para cuya efectividad se requiere cumplir con ciertas directrices. Primera, la no gratuidad del servicio, el subsidio sólo debe cubrir el consumo considerado básico. Segunda, la evaluación de la necesidad del subsidio (no la suposición de la necesidad). Tercera, la consideración, tanto del acceso a la conexión como del consumo básico. Y cuarta, la necesidad de la evaluación del coste de administración del subsidio para su justificación.

Bibliografía:

Acuña, Carlos y Centrángolo, Oscar. (2006): “Institucionalidad y financiamiento para la provisión de agua y saneamiento en la Argentina”. Documento de trabajo, Universidad de San Andrés.

Aspiazu, Daniel, Bonofiglio, Nicolás. (2006): “Nuevos escenarios macroeconómicos y servicios públicos. Reconfiguración empresaria en los sectores de agua y saneamiento y distribución eléctrica”, Realidad Económica, nov/dic.

Azpiazu, Daniel; Bonofiglio, Nicolás; Nahón, Carolina (2008): “Nueva institucionalidad regulatoria: los entes autónomos de regulación y control”. Agua y energía: mapa de situación y problemáticas regulatorias de los servicios públicos en el interior del país. FLACSO Argentina, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica Argentina, Buenos Aires.

Bondorevsky, Diego (2007): “Tarifas sociales al consumo de agua y electricidad en la Argentina. Principales esquemas existentes, focalización y costos”,  Boletín Informativo Techint, Nº 323, Buenos Aires.

Durojeanni, Axel y Jouravlev; Andrei (1999) El código de agua en Chile, CEPAL.

Ferro, Gustavo (2003): “Tarifa social en aguas: regímenes comparados”. Presentación FIEL

Gómez-Lobo, Alfonso (2000): “Agua al alcance de todos. Subsidios al consumo en función de los resultados en Chile”. Documento Banco Mundial.

Hayek, Friedrich (1945): “El sistema de precios como mecanismo para la utilización del conocimiento”. American Economic Review, XXV, pp. 519-530.

Mira, Juan Camilo (2006): “El agua en Colombia”, www.ecoportal.net

Perez Zabaleta, A. (2004): Nuevas tendencias en la política de subvenciones para el agua. UNED.

Pesce, Julieta (2006): “La concesión del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia Santa Fe”, Documento de Trabajo Nº 15, FLACSO, Sede Académica Argentina, Área de Economía y Tecnología, Buenos Aires.

Regoli Roa, Silvia, (2008): “Organización y regulación del servicio de agua en América Latina. Los casos de Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Chile y Argentina”, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, Santa Fe, Año 6, vol 01.

Regoli Roa, Silvia, (2000), “La regulación y el control de las Empresas Publicas Privatizadas”, Anales de las XIV Jornadas Nacionales de Contabilidad, Economía y Administración, Santa Fe.

Regoli Roa Silvia, (2003): “Aspectos institucionales de la regulación. El caso del Ente Regulador de Servicios Sanitarios de la Prov. de Santa Fe”, Congreso Argentino de Administración Pública, Sociedad Estado y Administración, Córdoba.

Santos, Carlos, (2004), “El día que las urnas harán agua”, Las Canillas abiertas de América Latina, Montevideo.

Yánez, Nancy y Orellana, Rene (coord.), (2007) “Servicios de Agua Potable, Regulación y Pobreza”, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), junio 2007 -http://www.idrc.ca/uploads/userS/11976602573Libro_2_Servicios_de_agua_potable_regulacion_y_pobreza_Nancy_Yanez_y_Rene_Orellana_Junio_2007_.pdf

Yepes, Guillermo (2003) “Los subsidios cruzados en los servicios de agua potable y saneamiento” Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C.


[1] Hayek, F. El sistema de precios como mecanismo para la utilización del conocimiento , traducido del American Economic Review, XXXV, No 4 (septiembre,

1945), 519-30 en http://www.hacer.org/pdf/Hayek03.pdf

[2] Esto puede variar de un estado a otro, dependiendo de las legislaciones vigentes.

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