El transporte “informal” y el caos urbano


Emilio Pradilla. 5. El transporte “informal” y el caos urbano. En publicacion: Mas alla de la Informalidad. : Ecuador.
Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ecuador/ciudad/coraggio.rtf

5. El transporte “informal” y el caos urbano

En la mayoría de las ciudades latinoamericanas, una gran parte de las necesidades de transporte de pasajeros se encuentra cubierta por una heterogénea combinación de sistemas y medios privados que incluyen automóviles, combis, microbuses y autobuses de muy diferentes formas, tamaños y capacidades. Es la respuesta privada a una demanda creciente de la población no satisfecha por el Estado y que garantiza a los propietarios niveles de rentabilidad que justifican la inversión patrimonial o capitalista.
A excepción de Buenos Aires, que construyó tempranamente su tren subterráneo o metro, el puñado de ciudades que cuentan con este servicio (el más racional y “limpio” en relación con el medio ambiente) iniciaron su instalación después de la mitad del siglo, cuando el crecimiento físico y poblacional había convertido el transporte en un grave problema, con un retardo enorme, teniendo en cuenta los límites presupuestales y las barreras impuestas por la densa y anárquica estructura urbana y los intereses opuestos de los transportistas privados; hoy en día muchas grandes ciudades apenas cuentan con proyectos sin fecha, o ni siquiera piensan en ello. El desarrollo de sistemas públicos de tranvías, trolebuses o autobuses es escaso e insuficiente, debido a las concepciones contrarias de los empresarios y sus expresiones políticas en el poder, los altibajos en su sucesión en el gobierno, y la limitación, en muchos casos voluntaria, de la inversión en este campo, de interés esencialmente para los trabajadores y para otros sectores populares urbanos. La historia de nuestras ciudades está llena de movilizaciones populares contra las onerosas tarifas de los medios privados, sus irracionales itinerarios, sus malas condiciones, y en demanda de la ampliación del servicio estatal.
El servicio prestado por los medios privados, en especial por los “colectivos”, combis o microbuses, genera importantes contradicciones. Las rutas se definen en función de los intereses económicos de los propietarios y no de los usuarios, dando lugar a recorridos tortuosos demasiado largos en tiempo y distancia que se superponen conflictivamente en las áreas centrales, causando embotellamientos de tránsito y entorpeciendo su propia circulación. Sus tarifas, que crecen constantemente en función de los procesos inflacionarios y los precios del equipo automotriz nuevo (aunque el que se utiliza sea antiguo y haya sido ya amortizado), son excesivamente elevadas para los asalariados y los desempleados, sobre todo cuando el trazo de las rutas obliga a la combinación de varias de ellas, incrementando el costo del viaje, sin que sea posible utilizar los sistemas multimodales, de uso generalizado en los países desarrollados. Es corriente la utilización de equipo rodante obsoleto, en mal estado, “acondicionado” artesanalmente, incómodo para el usuario (sobre todo en las horas “pico” cuando se sobresatura su capacidad) y altamente contaminante. La imposibilidad de un control público efectivo sobre su desplazamiento y los lugares de “paradas”, la competencia por los pasajeros, la escasa capacitación de los conductores y la sobrefatiga por jornadas de trabajo excesivamente largas son causa de frecuentes coaliciones con otros vehículos causando accidentes a los pasajeros.
La multiplicación de estos improvisados medios de transporte en las ciudades latinoamericanas, es uno de los componentes fundamentales del caos urbano y de la impotencia de los Estados nacionales o locales para planificar las ciudades y crear y mantener esta condición general de la reproducción de la población que, por su naturaleza, debe ser asumida por éstos en base a la tributación fiscal de todos los ciudadanos. Aunque una parte considerable de las unidades de transporte pertenecen a pequeños propietarios -no necesariamente de las capas más pobres, dado que el costo de ellas es muy elevado en la región, en razón de las irracionales condiciones de funcionamiento de la industria automotriz- en las asociaciones, cooperativas o empresas dominan quienes son dueños de varias unidades, quienes se encuentran en la mejor posición para acumular capital, convertirse en verdaderos empresarios e imponer a los demás sus propios intereses, hasta llegar a desplazarlos y apoderarse de las unidades y el control de las organizaciones. Los conductores asalariados son víctimas de una explotación aguda: bajos salarios en la forma de participación en la tarifa cobrada a cada usuario, lo que determina largas jornadas de trabajo para obtener el mínimo de subsistencia; alteración de las tarifas para obtener excedentes; peligrosa competencia con los demás vehículos para ganar volumen de pasajeros; fatiga excesiva y malos tratos a los pasajeros; ausencia de posibilidades de organización sindical defensiva debido al reducido número de choferes de cada propietario y al paternalismo aparente de las relaciones entre unos y otros; ausencia de prestaciones laborales y, particularmente, de seguridad social; atención médica, seguros de vida y defensa legal en casos de accidentes; rotación constante para evitar la estabilidad laboral y sus consecuencias económicas para los propietarios; y, en la situación de violencia urbana determinada por la profunda y larga crisis económica, la contínua exposición a los robos y a las agresiones.
La mistificación del transporte “informal” como alternativa “racional” a las necesidades de la población urbana y como “nuevo sendero” para la subsistencia de los desempleados, su conversión en empresarios privados y el desarrollo de la “libre competencia”, lo único que logra es ocultar la realidad y publicitar las antipopulares ideas neoliberales que niegan la obligación que tiene el Estado de asumir la satisfacción adecuada de la necesidad de transporte urbano y el derecho que tienen los ciudadanos a obtener el retorno de parte de su tributación fiscal bajo la forma de subsidios, y pretender que se convierta solamente en la correa de transmisión que transfiere los fondos públicos a los empresarios privados. Si llegaran a ganar definitivamente la guerra contra las empresas públicas, muchas de cuyas batallas parciales los ha favorecido, los transportistas privados continuarían acelerando el proceso de agudización de la anarquía urbana y la más rápida contaminación ambiental, características actuales de la ciudad capitalista semicolonial, que tan pesadamente recaen sobre las espaldas de los sectores populares.

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