¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades? Teoría y evidencia a partir del criterio de eficiencia


¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades? Teoría y evidencia a partir del criterio de eficiencia

Francisco GONZÁLEZ GÓMEZ

2006

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1. INTRODUCCIÓN
Desde el decenio de 1980 las economías
han estado inmersas en procesos de
liberalización consistentes en la
introducción de cambios regulatorios en los
mercados para crear escenarios de mayor
competencia y posibilitar la entrada a la
iniciativa privada en aquellas actividades
tradicionalmente reservadas a la acción
pública. Esta forma de hacer política ha
tenido como fin primordial la consecución de
mejoras de eficiencia en el ejercicio de la
actividad económica que contribuyeran a la
obtención de unas mayores cotas de bienestar
social.
En el ámbito de la privatización los casos
que han gozado de una mayor atención
política y académica han sido los
protagonizados por las empresas de mayor
dimensión, tradicionalmente asentadas en
sectores donde se ha asumido la existencia de
importantes economías de escala, como, por
ejemplo, el sector aéreo, la telefonía básica y
el sector eléctrico. Con el paso del tiempo, la
investigación ha tratado de cuantificar la
desviación entre los efectos esperados a priori
con la implantación de los cambios en la
regulación y lo realmente conseguido, así
como aportar consistencia al debate todavía
abierto que intenta pronunciarse sobre cuál
de las dos formas de gestión se revela más
eficiente: la pública o la privada.
Por su parte, en mercados más
fragmentados, en los que la empresa alcanza
una menor dimensión media, normalmente
de ámbito local, la investigación ha sido
menos ingente. Este ha sido claramente el
caso de la gestión del agua en las ciudades. Si
bien es cierto que existe en la actualidad una
honda preocupación por introducir cambios
en los distintos niveles de la gestión del agua
que permitan hacer un uso más racional y
eficiente de los recursos hídricos, habría que
reconocer igualmente que la investigación no
se ha mostrado tan fecunda a efectos de
mensurar los cambios promovidos por las
reformas en la regulación e intentar resolver
si algún tipo de titularidad en la gestión se
muestra superior en términos de eficiencia.
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CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales, XXXVIII (147) 2006 139
¿Está justificada la privatización de la gestión
del agua en las ciudades? Teoría y evidencia
a partir del criterio de eficiencia
Departamento de Economía Aplicada Universidad de Granada.
RESUMEN: En este artículo se presenta una revisión de aquella investigación realizada a nivel internacional
que ha tenido como principal objetivo determinar cuál de las formas de titularidad en la gestión del agua en
baja, la pública o la privada, se muestra superior en términos de eficiencia. Tras ofrecer argumentos a favor
y en contra de la privatización, y mostrar una panorámica de la investigación aplicada, se concluye que
no existe evidencia irrefutable sobre la superioridad de una forma de gestión sobre la otra; que un simple
cambio en la propiedad de la empresa no garantiza una mayor eficiencia; y que los posibles efectos del proceso
privatizador tardan algunos años en dejarse notar. Asimismo, y por lo que hace referencia al tema analizado,
en la parte final del trabajo se hace una breve reseña sobre el estado de la cuestión en España.
DESCRIPTORES: Abastecimiento de agua. Gestión del agua. Economía urbana. Economía del agua.
Francisco GONZÁLEZ GÓMEZ
Recibido: 15.02.2005. Revisado: 13.07.2005.
e-mail: fcojose@ugr.es
web: http://www.ugr.es/local/fcojose
Agradezco muy sinceramente a los evaluadores de la
Revista las sugerencias realizadas para mejorar la estructura
y los contenidos del artículo. Asimismo, deseo agradecer el
apoyo prestado por parte del Instituto del Agua en Andalucía
y del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Granada durante el tiempo en que se llevó a cabo este
estudio.
140 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
Centrándonos en este ámbito, el de la
gestión del agua en las ciudades, en este
artículo se propone una revisión de la
literatura teórica y empírica existente que
permita tener una perspectiva sobre los
argumentos y contraargumentos del proceso
privatizador bajo la óptica de la eficiencia, así
como una visión de las principales
conclusiones dimanadas de la investigación
realizada hasta la actualidad. Se pretende de
este modo aportar algo de luz sobre el debate
que tiene como fin determinar cuál de las dos
formas de titularidad en el sector de
empresas que gestionan los servicios de agua
en baja se muestra superior en términos de
eficiencia, así como introducir algunos
elementos de juicio para reflexionar acerca de
la necesidad de abordar algún cambio en el
marco normativo español, tendente a
procurar una mayor transparencia en el
sector y a controlar en mayor medida la
conducta de las empresas, tanto de
titularidad pública como privada. Para ello se
propone la siguiente estructura de trabajo: en
el segundo apartado, se hace una reseña
sobre los servicios del agua en las ciudades y
se destacan algunas características
determinantes de la actividad en el sector; en
el tercer apartado, se muestra una revisión
teórica de los argumentos a favor y en contra
del proceso privatizador; en el cuarto
apartado, se hace un repaso de la
investigación aplicada llevada a cabo en el
contexto internacional que trata de resolver
cuál de las formas de gestión, pública o
privada, se muestra superior en términos de
eficiencia; finalmente, se cierra el trabajo con
un apartado que trata el estado de la
cuestión en España.
2. LOS SERVICIOS DEL AGUA
EN LAS CIUDADES
El agua es un bien indispensable para la
vida que presenta importantes connotaciones
de tipo económico, social y medioambiental
(OECD, 2003). La consideración conjunta de
estas características invita a introducir
criterios de racionalidad económica en los
distintos ámbitos de su gestión con objeto de
promover un uso más eficiente del recurso,
garantizar el suministro de un modo regular
a los ciudadanos a lo largo de todo el año, y
contribuir a la conservación medioambiental.
El conjunto de los servicios del agua en las
ciudades conforma el denominado ciclo
urbano del agua. Son actividades de este
ciclo la captación de agua, su tratamiento
para garantizar la salubridad, el
abastecimiento en baja (hogares, industria y
otros organismos), la recogida de aguas
residuales a través del alcantarillado, la
depuración de aguas recogidas y el vertido
final al dominio público hidráulico.
Respecto de las características económicas
relacionadas con los servicios del agua, cabe
señalar las siguientes particularidades
condicionantes del sector:
— Al margen de otros posibles usos, el agua
es un bien necesario para la vida cuya
correcta provisión genera importantes
externalidades positivas. Se deduce de
ello el interés para el bienestar social de
garantizar la universalización del servicio
bajo unas ciertas condiciones de
salubridad.
— Es un sector muy intensivo en factor
capital y con elevados costes fijos, dándose
la circunstancia de que las duplicidades
de las redes de abastecimiento y
saneamiento resultan ineficientes (KNAPP,
1978; HAYES, 1987; BISHOP & al., 1994;
SEPÄLÄ, 2001). Los servicios del agua en
baja presentan importantes economías
relacionadas con el tamaño de la
producción1 que hacen que el sector
presente una estructura de monopolio
natural y, en esencia, una situación
próxima a la ausencia de competencia2.
1 Más concretamente, GARCÍA & THOMAS (2001:13-15)
identifican hasta tres posibles tipos de economías asociadas con
la producción: economías de densidad de producción, economías
de densidad de clientes y economías de escala. Las economías de
densidad de producción tienen lugar cuando al aumentar la
producción para un cierto tamaño de red y un número de clientes
dados, disminuyen los costes variables medios; las economías de
densidad de clientes se presentan cuando una industria se
muestra más eficiente al aumentar la producción para satisfacer
la demanda de nuevos consumidores, para un cierto tamaño de
red fijo; y, las economías de escala tienen lugar cuando un
incremento en la producción, junto con un incremento en el
número de clientes y el número de municipios, reduce los costes
medios —sería el caso típico en el que varios municipios se unen
para ser abastecidos por un mismo operador urbano—.
2 En comparación con los sectores de las telecomunicaciones,
la electricidad y el gas, en los servicios del agua son más
evidentes las condiciones que dan lugar al monopolio natural
(COWAN, 1993; VICKERS & YARROW, 1988; ELNABOULSI, 2001).
Según ELNABOULSI (2001:520), la naturaleza del sector hace que
no sea posible ni deseable la competencia directa entre las
empresas.
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Estos condicionantes han conducido a
que en el sector del agua, como en otros
casos de monopolio natural, la opción
tradicionalmente defendida haya sido la
intervención pública directa. Al no guiar
su conducta por criterios crematísticos,
durante mucho tiempo se ha creído que la
intervención pública creaba el marco de
actividad más adecuado para evitar que se
produjera una situación de abuso del
gestor por situación de dominio,
garantizar la universalización del servicio
bajo las condiciones de salubridad
contempladas en la normativa vigente y
posibilitar en mayor medida la protección
medioambiental.
No obstante, contrariamente a esta
tradición, las distintas formas de
intervención pública están siendo objeto de
revisión en nuestros días, y, de ellas, la
provisión directa de bienes y servicios es la
fórmula más cuestionada. Razones de índole
económica, financiera y política han
impulsado un proceso progresivo de
privatización de actividades y empresas en
distintos sectores, entre los que también se
encuentra la gestión del agua en las
ciudades. Esta corriente privatizadora se ha
extendido con distinta intensidad en el sector
analizado a un cierto número de países,
pudiendo encontrar situaciones diversas:
casos de completa privatización serían los de
Inglaterra y Gales, y la República Checa; en
naciones como Estados Unidos y Australia se
comparte a partes desiguales la propiedad de
las infraestructuras y la gestión de los
servicios entre la iniciativa pública y la
privada; en países como Francia, Portugal y
Hungría está extendida la fórmula de la
concesión; mientras que todavía se encuentra
de modo exclusivo o mayoritariamente la
tradicional forma de gestión directa o
delegada a gestores públicos en Austria,
Bélgica, Dinamarca, Canadá, Grecia,
Finlandia, Irlanda, Italia, Japón,
Luxemburgo, Polonia, Suiza, Corea y Suecia
(OECD, 1999; 2004).
En todo caso, y con independencia de las
razones que pudieran haber respaldado las
decisiones de delegar la gestión de los
servicios del agua en baja por parte de los
gobiernos locales, lo cierto es que este
escenario que se ha venido gestando desde
la década de los ochenta plantea un
interrogante: ¿cuál de las distintas formas
de gestión se muestra más eficiente? En
caso de poder llegar a una conclusión
incontestable, o en su defecto a indicios
relevantes, el órgano de gobierno municipal
dispondría de una información de gran
trascendencia para la toma de decisiones.
En suma los órganos de gobierno local
podrían decidir sobre el tipo de titularidad
más idóneo para asumir la gestión de los
servicios del agua: bien adoptando la
decisión de privatizar los servicios bajo
cualquiera de las formas que permita la
normativa en cada nación; bien adoptando
una nueva decisión llegado el momento en
que expire la concesión del servicio en caso
de haberse procedido previamente a la
privatización de la gestión.
3. ARGUMENTOS A FAVOR
Y EN CONTRA DEL PROCESO
PRIVATIZADOR
Desde el punto de vista de la eficiencia
económica3, factor que tiene una importante
incidencia para la gestión del recurso y los
intereses del consumidor, se ha
desarrollado una amplia literatura con
argumentos a favor y en contra de la
privatización. Para justificar el proceso
privatizador que se está produciendo desde
hace algo más de dos décadas, se esgrimen
argumentos de naturaleza financiera,
económica y política. Obviando la
motivación principal que pueda esconderse
tras la decisión de privatizar, en última
instancia, lo deseable para el bienestar
social sería que el proceso privatizador se
tradujera en una mejora en la gestión del
servicio. Y es precisamente esta cuestión
sobre la que se quiere prestar la atención en
las siguientes líneas. Bajo el prisma de la
eficiencia, en un principio se mostrarán
cuáles son los principales argumentos a
favor y en contra de la privatización de la
gestión del agua en las ciudades, para, en
un apartado posterior, hacer una revisión
de los principales resultados obtenidos por
la investigación empírica realizada hasta la
fecha.
3 Aunque en el apartado 4 se haga una reseña sobre los tipos
de eficiencia evaluados en los trabajos de investigación
consultados, para el lector no familiarizado con el concepto se
recomienda hacer una revisión de los trabajos de ÁLVAREZ (2001)
y LOVELL & MUÑIZ (2003).
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3.1. A favor del proceso privatizador
A favor del proceso privatizador, teniendo
presente como objetivo la mejora en la
eficiencia de la gestión, se esgrimen la Teoría
de la Agencia, la Teoría de la Elección
Pública, la multiplicidad de objetivos a los
que suele atender la empresa pública, las
relaciones laborales y el proceso de elección
de los directivos.
A partir de la Teoría de la Agencia podría
deducirse que en la empresa pública existe
un menor incentivo y menores posibilidades
que en la empresa privada para llevar a cabo
un control de la actividad de los gestores del
que pueda esperarse una mayor eficiencia
empresarial. Existe una relación de
principal-agente cuando el propietario
(principal) de la empresa encarga a un gestor
(agente) que tome las decisiones
empresariales. El problema desde el punto de
vista de la eficiencia surge cuando, a socaire
de una situación de información asimétrica
en un escenario en el que los objetivos del
agente y el principal no coinciden, la
dirección no actúa en pro de los intereses del
propietario. Según ALCHIAN & DEMSETZ
(1972) los costes de la agencia vendrían
representados por la desviación producida
entre los objetivos perseguidos por el
propietario y el agente, y por los costes de
control en que tendría que incurrir el
propietario si quiere asegurarse de que la
conducta del gerente responde a sus
intereses.
La cuestión es que en la empresa pública
los costes de la agencia se suponen a priori
superiores que en la privada. Ello es debido a
que en la empresa pública existe una mayor
distancia entre el propietario de la empresa y
el gestor —existe una doble relación de
principal-agente, mientras que en la empresa
privada tan sólo se reconoce una relación de
este tipo—, ya que los costes de control del
directivo son mayores en la empresa pública
que en la privada4.
En otro orden de ideas, según la Teoría de
la Elección Pública es posible esperar un
comportamiento menos eficiente por parte de
los gestores públicos, en este caso burócratas
de alto nivel, ya que éstos no persiguen los
intereses generales de los ciudadanoselectores,
al ser el fin último de su actuación
la defensa del propio interés. La existencia de
gerentes egoístas sería origen de la discreción
directiva y el comportamiento ineficaz en el
sector público. Los burócratas tienen sus
propios objetivos que no necesariamente
coinciden con los de los votantes. En línea
con los costes de ineficiencia X de
LEIBENSTEIN (1966), aplicado a la empresa
pública, podrían citarse, entre otros, como
objetivos perseguidos por el burócrata el
aumento del personal, la seguridad laboral,
un despacho más grande y con mobiliario
más lujoso, mayores posibilidades de ocio o
mayores niveles salariales. Al no poder
apropiarse de una renta monetaria, como
parte del excedente entre los ingresos y los
costes de la actividad empresarial, los
burócratas podrían pretender aprovecharse
indirectamente empleando ese excedente en
la apropiación de otros factores productivos
que les proporcionen un aumento de la
utilidad personal, aunque vaya en
detrimento de la eficiencia en la gestión.
Otro factor que podría restar eficiencia a
la actividad pública sería la existencia de una
4 Sobre la primera cuestión habría que decir que existe una
primera relación de principal-agente en la gestión pública, en la
que el principal está formado por el conjunto de los ciudadanos y
el agente sería el equipo de gobierno local en el que los electores
depositaron su confianza. Además, habría una segunda relación
de principal-agente, ya que los políticos electos transfieren la
responsabilidad de la gestión del servicio a otros cargos
directamente nombrados. Esta doble relación de principal-agente
aumenta la probabilidad de que se produzca una desviación entre
los intereses de los ciudadanos y el resultado de la gestión del
servicio. Frente a esta situación, en el caso de la empresa privada
tan sólo habría una relación de este tipo, donde el principal estaría
representado por los accionistas de la empresa y el agente sería el
equipo gestor. En este caso, la privatización podría reducir las
relaciones de la agencia y, por tanto, los costes relacionados.
En segundo lugar, habría que añadir que los costes asociados
con el control de la gestión serán mayores en la empresa pública
que en la privada. Si bien es cierto que los ciudadanos poseen
unos derechos de propiedad que les facultan para ejercer el
control sobre la gestión, éstos se caracterizan por estar
altamente diluidos entre la población y por los elevados costes de
su ejecución. El ejercicio del derecho de propiedad es costoso,
pudiendo manifestarse por un cambio de residencia a otro
municipio, donde la gestión sea realizada por un responsable
distinto, o forzando un cambio en el equipo de gobierno local a
partir de un proceso electoral en el que cada voto tiene un peso
demasiado pequeño para ser tenido en cuenta. A ello habría que
añadir que, normalmente, los ciudadanos poseen escasa
información sobre el funcionamiento de las empresas públicas y,
por tanto, carecen de incentivo para ejercer el control.
Por su parte, en la empresa privada los propios mercados
introducen mecanismos de control que se erigen en garante de la
gestión eficiente. Cuando los mercados revelan una mala gestión
el propietario puede reaccionar despidiendo al equipo directivo o
vendiendo su participación empresarial. La amenaza de un
posible despido puede suponer un incentivo suficiente para que
la gestión persiga la maximización del beneficio. Igualmente, los
mercados de crédito pueden constituir una buena señal de una
gestión ineficiente, ya que los préstamos solicitados serían
concedidos con una prima de riesgo más elevada.
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multiplicidad de objetivos a cumplir que
relegaran lo económico a un segundo plano.
Mientras que en la empresa privada existe
un objetivo prioritario de maximización del
beneficio, en la gestión pública conviven
diversos fines. En este segundo caso se
intenta compatibilizar la gestión eficiente con
el interés general y los intereses del partido,
en suma, una combinación de objetivos
económicos, sociales y políticos, en algunas
ocasiones contrapuestos. Un mayor peso de
los objetivos sociales y políticos en la toma de
decisiones de la gerencia dificultaría el logro
de la eficiencia empresarial. En la gestión
pública aunque se perpetúe un estado de
generación de pérdidas la conducta puede
mantenerse en el tiempo, ya que, en última
instancia, siempre quedará el recurso a la
percepción de subvenciones procedentes de
los presupuestos de la administración local.
También se cita como factor que puede
minar las posibilidades de alcance de una
gestión eficiente en el ámbito público la
relación laboral mantenida con los
trabajadores. El mayor grado de
sindicalización de los trabajadores en la
empresa pública se traduce en salarios
medios más elevados y en mayores
concesiones. La administración pública tiene
menos incentivos que la empresa privada
para resistir presiones que deriven en
conflictos políticos, de manera que termina
por hacer mayores concesiones a sus
trabajadores —hay que tener en cuenta que
los trabajadores y sus familias son también
votantes—.
Finalmente, podría citarse el modo en que
son elegidos los directivos de la mayoría de
las empresas públicas, donde prevalecen de
modo principal criterios de carácter político,
y no tanto otros aspectos que reflejen la
experiencia y la formación de la persona
elegida para el cargo.
3.2. En contra del proceso privatizador
Si bien los argumentos planteados hasta el
momento permiten augurar la superioridad
de la empresa privada sobre la gestión
pública en términos de eficiencia, lo cierto es
que también existen indicios que permiten
relegar tal convicción. Así, existen réplicas a
los enunciados realizados con anterioridad y
además se podrían añadir nuevos
razonamientos que, como se advertía,
permiten rechazar la suposición de que la
empresa privada sea más eficiente.
El contraargumento más destacado para
refutar la visión de que la gestión privada es
necesariamente mejor reside en mantener
que la propiedad en sí no es un factor
determinante de la eficiencia empresarial, si
no la estructura de mercado en la que se
encuentra actuando. Es decir, la conducta
empresarial tiene mucho más que ver con la
estructura de mercado existente que con el
mero hecho de la propiedad. En este sentido,
para MEGGINSON & NETTER (2001) la
justificación de la privatización es menos
consistente en mercados de bienes públicos y
en escenarios de monopolio natural donde los
factores de competitividad son más débiles.
En el caso de la gestión del agua, pasar, sin
más, de un monopolio público a un monopolio
privado contravendría cualquier tipo de
lógica. En las situaciones de monopolio
natural la consideración aislada de un
cambio en la titularidad de la empresa
probablemente tendría efectos contrarios a
los deseados, siendo necesaria la aprobación
de un sistema regulador que la acompañe. En
conclusión, en entornos tradicionalmente
considerados como no competitivos, los
niveles de eficiencia parecen estar más
condicionados por los niveles de competencia
que pueda introducir el cambio regulatorio
asociado al proceso privatizador que al mero
hecho de la titularidad (KAY & THOMSON,
1986; VICKERS & YARROW, 1988).
El problema en el sector del agua es que
hay un escaso margen para la competencia.
En primer lugar, porque se trata de un
monopolio natural, en segundo lugar, porque
existen unas pocas empresas que dominan la
mayor parte del mercado. Sobre la segunda
cuestión habría que decir que, normalmente,
en las subastas en las que se decide sobre la
concesión de la gestión de los servicios, el
concurso de empresas es escaso de manera
que pueden estar tentadas a evitar la
competencia. Lo ideal sería que, fruto de la
concurrencia en el proceso de adjudicación
del servicio, el precio se fijara en el nivel
mínimo de costes de producción sin que ello
fuera en menoscabo de la calidad. Cuando
tan sólo existe un potencial proveedor o los
existentes llegan a acuerdos previos durante
el proceso de adjudicación de la concesión,
existe una alta probabilidad de que la
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contratación no se haga en las condiciones
más favorables para los intereses sociales5.
Además, cabría añadir que el largo período
para el que son concedidas las concesiones
hace que, virtualmente, el contrato sea de por
vida, ya que la empresa que llega primero
goza de ventajas de información para acudir
a un nuevo proceso de subasta en el momento
de la renovación.
Sobre los riesgos de la cesión al sector
privado habría que contemplar la posibilidad
de que existan fallas en el contrato que
impliquen un perjuicio para los beneficiarios
de la gestión. Al tratarse de un monopolio
privado en el que no existen correcciones
provocadas por la competencia en el mercado,
el contrato de concesión debe ser muy
cauteloso en la enumeración de condiciones
del servicio, ya que un olvido o una
imprecisión puede suponer un deterioro en la
calidad. Un error de contrato podría derivar
en que la empresa privada se centre casi en
exclusiva en la obtención del beneficio,
dejando de lado la calidad del servicio y la
nueva inversión.
También por lo que hace referencia al
proceso de contratación con el sector privado,
habría que tener en cuenta los costes de
transacción en que tiene que incurrir la
administración local desde el momento en
que comienza el proceso de selección de la
empresa adjudicataria del servicio (COASE,
1960). Así, la entidad local debe valorar,
antes de tomar la decisión sobre la
contratación externa, los costes en que tiene
que incurrir en las fases de redacción del
contrato, estudio de ofertas y negociación, así
como en el seguimiento y control de los
términos en que se desarrolle lo pactado en
contrato. En caso de que las ganancias de
eficiencia asociadas a la contratación externa
se vean superadas por los costes enumerados
habría que cuestionarse la conveniencia de la
alternativa de externalizar los servicios.
Un argumento contrario a las expectativas
surgidas en torno a la Teoría de la Agencia
sostiene que en grandes empresas con una
participación muy numerosa y repartida, los
individuos, como en el caso de los ciudadanos
en la empresa pública, pueden carecer del
incentivo suficiente para controlar la
actuación de los directivos.
Asimismo, para cuestionar la presunción
de que las firmas privadas funcionan mejor
que las públicas, también cabría preguntarse
si los mercados realmente imponen la
disciplina necesaria sobre el comportamiento
de las empresas privadas. En este sentido,
habría que advertir que no todas las
empresas cotizan en el mercado bursátil, de
manera que para conocer el valor de la
empresa quedaría la penosa opción de
recabar informes económicos de las empresas
a partir de los cuales hacer estimaciones
sobre las rentabilidades comparadas de cada
operador. La cuestión es que en presencia de
información incompleta y elevados costes de
transacción, los mercados no son eficientes6.
La controversia que a un nivel teórico
existe sobre la idoneidad o no de ejercer la
contratación externa de servicios por parte
del sector pública obliga a la remisión de la
evidencia. La evaluación comparada de los
resultados atribuidos a las distintas
titularidades en la gestión de los servicios del
agua en las ciudades permitiría extraer
conclusiones sobre la mejor de las
alternativas.
4. REVISIÓN DE LA EVIDENCIA
EMPÍRICA
Como en tantas otras ocasiones, el debate
teórico que presenta argumentos contrarios
intenta resolverse a partir de los logros
desarrollados en la investigación aplicada, y,
también como en otros muchos casos, cabe
advertir que no existen resultados
concluyentes sobre la cuestión.
Lo primero que habría que aclarar es qué
se entiende por eficiencia, esto es, a qué
concepto o medida recurre el investigador
para pronunciarse acerca de la superioridad
de una u otra forma de gestión, pudiendo
encontrar dos acepciones generalmente
5 Por otra parte, cabe decir que los beneficios esperados de la
competencia no tienen porque conseguirse únicamente cuando
existe una concurrencia efectiva por más de una empresa al
concurso, sino que puede ser suficiente la simple amenaza para la
que se presenta acerca de la posibilidad de que haya otras ofertas
en el proceso de adjudicación (el caso de los mercados contestables).
A partir de la Teoría de los Mercados Contestables, BAUMOL &
PANZAR & WILLIG (1982) concluyen que en mercados que no son
perfectamente competitivos no necesariamente la intervención del
sector público es la mejor posible. Sobre los mercados contestables
es también recomendable la lectura de SPENCE (1983).
6 Aunque no directamente relacionado con la eficiencia, un
aspecto ampliamente criticado en el sector es que los precios
tienden a ser más altos cuando la gestión es privada que en el
caso de la gestión pública (SHAOUL, 1997; ORWIN, 1999;
HOUTSMA, 2003).
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reconocidas en el ámbito de la economía: la
eficiencia técnica o productiva y la eficiencia
asignativa7. La eficiencia técnica o productiva
se mide en términos físicos, y hace referencia
a las cantidades de producto que pueden
obtenerse a partir del empleo de una cierta
cantidad de recursos. El óptimo en términos
de eficiencia productiva se alcanza cuando se
consigue la producción máxima para una
determinada combinación de factores
productivos, o visto de otro modo, cuando se
consigue una unidad de output a partir de la
cantidad mínima posible de recursos. La
eficiencia asignativa expresa en qué medida
la empresa emplea los factores de producción
en la proporción adecuada, teniendo en
cuenta sus precios y productividades
marginales. Se alcanza el óptimo cuando la
empresa combina los factores productivos en
la proporción que minimiza el coste de
producción8.
Para analizar la eficiencia lo idóneo sería
poder establecer una comparación entre lo
que hace una empresa y lo que debería haber
hecho para alcanzar el óptimo. Como el
investigador no tiene un conocimiento
perfecto del mundo en que se desenvuelve la
empresa y no conoce la tecnología y las
restricciones que pueden afectar a la
conducta empresarial, difícilmente puede
hacer un análisis de este tipo. La solución a
este problema se resuelve en la profesión
estableciendo un marco para la comparación
entre las empresas de las que se tiene
información técnica y económica, para
determinar la situación relativa que
presentan las empresas en ese contexto. A
partir del trabajo de FARRELL (1957) en que
se asientan las bases teóricas para medir la
eficiencia, se han ido desarrollando modelos a
partir de dos enfoques: el no paramétrico y el
paramétrico.
El enfoque no paramétrico se apoya en
técnicas de programación lineal y tiene como
objetivo la evaluación de la eficiencia relativa
de diferentes unidades organizativas. Por
medio de esta técnica se escogen las unidades
más eficientes del conjunto de la muestra, las
cuales conformarán una frontera eficiente que
servirá de referencia para evaluar la
situación relativa de todas las unidades que
forman parte del estudio. La técnica
normalmente empleada bajo este enfoque es
el análisis de datos envolvente (DEA, Data
Envelopment Analysis). El principal
inconveniente que presenta esta metodología
es que requiere que las unidades analizadas
sean homogéneas, circunstancia que no se
cumple en el sector estudiado; una destacada
ventaja es que ofrece información sobre la
eficiencia relativa de todas y cada una de las
unidades tenidas en cuenta en el estudio.
El enfoque paramétrico parte de una
relación matemática funcional
predeterminada entre inputs y outputs.
Obliga, por tanto, a la asunción de una
función definida para la tecnología aplicable
en el proceso productivo y para la
distribución de los residuos. La principal
carencia que presenta esta metodología
frente al análisis envolvente de datos es que
no ofrece información sobre la eficiencia de
las distintas unidades que forman parte del
análisis, sino que los resultados se obtienen
de un modo agregado según la variable de
clasificación tenida en cuenta.
A partir de la revisión efectuada (FIG. 1),
puede decirse que la investigación aplicada
ha optado principalmente por dos vías, la de
resolver sistemas de programación lineal
mediante la técnica de análisis de datos
envolvente para medir la eficiencia
productiva —se tendría en este caso una
medida de la eficiencia relativa de todas las
unidades incorporadas al estudio— y la de
medir la eficiencia asignativa a partir de
funciones de costes que incorporan en la
regresión una variable dummy que informa
sobre la propiedad de la gestión9. La primera
alternativa consiste en poner en relación
cantidades físicas de input y output,
estableciendo comparaciones con la frontera
7 Una importante cuestión que habría que subrayar, por cuanto
condiciona este tipo de análisis es que en actividades con múltiples
output y múltiples input la confección de simples indicadores que
pongan en relación algún input y algún output pueden aportar
información parcial sobre la productividad aparente de los factores,
pero no ofrece el marco más idóneo para pronunciarse sobre la
eficiencia comparada entre las distintas unidades de gestión
tenidas en cuenta, de manera que es obligado el empleo de técnicas
más complejas que tengan en cuenta conjuntamente la máxima
cantidad de información posible sobre output e input.
8 La estimación empírica de la eficiencia asignativa es más
difícil que la estimación de la eficiencia técnica, al ser más
compleja su modelización teórica y al existir más dificultades
para la obtención de datos referidos al coste de los factores que
necesariamente han de tenerse en cuenta en la medición de este
tipo de eficiencia.
9 Recientemente, en trabajos como los de SAAL & PARKER
(2001) y ESTACHE & TRUJILLO (2003) se ha optado por medir la
eficiencia a partir de la elaboración de índices que pretenden
medir la Productividad Total de los Factores.
146 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
MANN & MIKESELL (1976) EE.UU. Asignativa / Examinaron el comportamiento de los costes unitarios de 214 empresas públicas y 26 privadas. El análisis mostró que las
paramétrico / empresas privadas presentaban por término medio mayores costes de explotación, lo que podría venir motivado por las
corte transversal diferencias existentes en los niveles salariales en ambos tipos de gestión empresarial. En todo caso, se advierte que este efecto
negativo sobre la estructura de costes en la empresa privada se vería al menos parcialmente compensada por la influencia
positiva que ejerce la regulación local sobre la eficiencia y la tendencia de las empresas privadas a contratar un menor número
de trabajadores en relación con la población abastecida.
MORGAN (1977) EE.UU. Asignativa / Se compara la eficiencia entre la gestión pública y la privada, poniendo en relación las estructuras de costes de ambos tipos de
paramétrico / titularidad. El estudio se realizó para 143 empresas de 6 Estados con datos de 1970. En la regresión se incorporaron los costes
corte transversal de explotación, mantenimiento y administración, así como una variable binaria que tomaba valor 1 si la empresa era privada y
valor 0 si era de titularidad pública. Los distintos test realizados permitían concluir que las empresas privadas presentaban
niveles de costes significativamente más bajos que las públicas.
CRAIN & ZARDKOOHI (1978) EE.UU. Asignativa / Hicieron un estudio de la eficiencia comparativa entre 112 empresas del agua, 24 privadas y 88 públicas, de 38 estados de
paramétrico / EE.UU. con datos de 1970, a partir de una función de costes derivada de una función de producción Cobb-Douglas con dos
corte transversal inputs, capital y trabajo, y una variable dummy de propiedad. Los resultados mostraban que los costes de explotación eran
significativamente más elevados en la empresa pública que en la privada. Las estimaciones realizadas sobre la productividad del
factor trabajo y el factor capital permitían concluir que las diferencias observadas en costes entre ambos tipos de gestión eran
debidas a la distinta productividad del factor trabajo. El menor valor añadido medio por trabajador en la empresa pública sugería
que en caso de expansión empresarial, en la gestión pública haría falta un aumento mayor en el número de trabajadores.
FEIGEMBAUM & TEEPLES (1983) EE.UU. Asignativa / Estimaron una función de costes hedónica para el caso de 262 empresas públicas y 57 privadas tomando datos referidos a 1970.
paramétrico / En el estudio incorporaron variables de escenario, generalmente no tenidas en cuenta, al entender que son muchos los factores
corte transversal del entorno que pueden influir en los costes; entre otros aspectos señalan que la distinta calidad del servicio puede explicar
diferencias en los costes de explotación de las empresas, aunque éstas distribuyan un mismo volumen de agua. Los resultados de
la investigación no permitían rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en los niveles de eficiencia entre las empresas de
distinta titularidad1.
BYRNES & GROSSKOPF EE.UU. Técnica / Analizaron la eficiencia empleando técnicas de programación a partir de datos referidos a 1976 de 68 empresas públicas y 59
& HAYES (1986) No paramétrico / privadas. En la investigación se concluye que por término medio el grado de eficiencia de las empresas privadas es del 94%
corte transversal y el de las públicas del 92%. No obstante, al hacer distintos test no se pudo rechazar la hipótesis nula de igualdad de las medidas
de eficiencia técnica obtenidas en la gestión pública y privada del agua.
LYNK (1993) U.K. Asignativa / Propone un análisis a partir de funciones frontera de costes de producción para medir el grado de ineficiencia de la gestión
paramétrico / pública y la gestión privada antes de la privatización que tuvo lugar en 1989. La principal conclusión que puede extraerse es que
datos de panel las empresas públicas en relación a su propia función frontera presentaban menores niveles de ineficiencia que las privadas. Para
el autor las ganancias ocurridas con posterioridad a 1989 en las empresas privadas estuvieron inducidas en gran medida por el
objetivo impuesto por las autoridades de reducción de costes.
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FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades (continuación)
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
LAMBER & DICHEV & RAFFIEE EE.UU. Técnica / Investigaron la eficiencia relativa de las empresas gestoras de los servicios del agua a partir de datos referidos a 1989 de 238
(1993) No paramétrico / empresas públicas y 33 privadas haciendo uso de un análisis envolvente de datos. Según la investigación ni las empresas públicas
corte transversal ni las empresas privadas exhibían un alto grado de eficiencia, debido principalmente a causas técnicas. Las empresas emplean
demasiados input para los niveles de agua provistos a los ciudadanos. En el análisis efectuado las empresas públicas se mostraron
más eficientes en el empleo de todos los factores, considerando el factor trabajo, el capital, los input energéticos y los
consumos intermedios. Además, las empresas se mostraron más eficientes con el tamaño de la escala, no encontrando
diferencias significativas en la evolución de la eficiencia con el tamaño de las operaciones entre los dos tipos de empresa.
RAFFIE & al. (1993) EE.UU. Asignativa / Aportan evidencia empírica sobre la eficiencia comparada entre la gestión pública y la privada a partir de un examen de la
paramétrico / conducta en costes de 238 empresas públicas y 33 privadas con datos de 1989. En la investigación se calculó un índice de
corte transversal eficiencia para determinar en términos porcentuales la diferencia entre los costes de producción observados y el nivel óptimo
para cada una de las empresas. Los resultados ponen de manifiesto que las empresas privadas son más eficientes que las
públicas, y se confirma que las medidas institucionales adoptadas tienen una gran importancia para la determinación de la
conducta de las empresas privadas.
BHATTACHARYYA & PARKER EE.UU. Asignativa / Proporcionaron evidencia empírica de que las empresas públicas son, por término medio, más eficientes que las privadas, si bien
& RAFFIE (1994) paramétrico / existe entre ellas una mayor desviación entre las mejores y las peores. Los autores llegaron a esta conclusión a partir del estudio
corte transversal de la estructura de costes de 225 empresas públicas y 32 privadas con datos referidos a 1992. Las empresas privadas resultaron
más ineficientes técnicamente en el uso del factor trabajo, la energía y otros consumos intermedios. De modo consistente con
la visión generalizada de que se trata de un monopolio natural se encontraron importantes economías de escala en ambos tipos
de propiedad. En este caso las empresas privadas presentaron por término medio un mayor crecimiento en los niveles de
eficiencia con el tamaño de las operaciones.
BHATTACHARYYA & al. (1995a) EE.UU. Asignativa / A partir de una función frontera de costes de producción estocástica, determinaron el grado de ineficiencia de las empresas
paramétrico / privadas y las públicas, teniendo también en cuenta otros factores determinantes. El estudio se basó en datos de 190 empresas
corte transversal públicas y 31 privadas de EE.UU. referidos al año 1992. La primera conclusión a la que se llegó es que ambos tipos de empresa
presentan ineficiencias, si bien, por término medio, los costes de explotación son superiores en la empresa privada que en la
pública. Una segunda conclusión que se extrae del estudio es que el tamaño de actividad es un factor determinante del grado de
ineficiencia empresarial. Así, en empresas de menor de actividad, medida en volumen de agua distribuida, la gestión privada se
muestra más eficiente, mientras que en empresas de mayor actividad, las grandes compañías privadas se muestran mucho más
ineficientes que las públicas.
BHATTACHARYYA & al. (1995b) EE.UU. Técnica / Midieron la eficiencia técnica con datos del año 1992 de 26 empresas de abastecimiento de agua en el ámbito rural del estado
paramétrico / de Nevada empleando funciones de producción frontera. En el modelo se hizo una clasificación de las variables input en tres
8 corte transversal categorías, energía, trabajo y capital, siendo el output el agua total distribuida a los hogares a lo largo de un año. En la
investigación se concluye que el grado de eficiencia técnica del conjunto e empresas analizadas es del 88,24%, y que las empresas
privadas se muestran más eficientes que las públicas.
148 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
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FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
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Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
SHAOUL (1997) U.K. Análisis de estados Hace un análisis del sector tomando datos del período 1985-1995. En su investigación estudió la evolución de magnitudes
contables y financieros / agregadas del sector como las ventas, las compras, el VAB, el empleo o los volúmenes de agua distribuida y depurada. Una
datos de panel primera conclusión a destacar es que rechazó la hipótesis de que la propiedad privada supusiera un aumento en la eficiencia del
sector, así como la noción preconcebida de que la propiedad es el factor más importante para determinar la conducta
empresarial. Asimismo, se rechazó la hipótesis de que todos resultan ganadores tras un proceso de privatización. En este
sentido señala que los precios para los consumidores crecieron en un 50% en el período a estudio, que muchos trabajadores
perdieron su empleo y que se produjo un deterioro en las infraestructuras.
LOBINA & HALL (1999, 2000) Varios países Análisis de casos para Presentan un estudio de casos de distintos países con objeto de demostrar que las empresas públicas no son menos eficientes
diversos países que las privadas, y para defender que la gestión pública presenta como ventaja una mayor sensibilidad respecto de los intereses
de la sociedad. De una parte aportan una visión crítica sobre la privatización, mostrando ejemplos reales de ineficiencia,
restricción de la competencia, corrupción, exceso de beneficios y deterioro en la calidad de los servicios; de otra, se destacan
casos de gestión pública eficiente como los modelos sueco, holandés y alemán y el caso de empresas públicas de Europa Central
y del Este y América del Sur. Los autores subrayan el elevado riesgo asociado al proceso privatizador en el sector debido a la
naturaleza de monopolio natural del conjunto de los servicios del agua.
ASHTON (2000) U.K. Asignativa / A partir de un análisis con datos de panel (10 empresas para el período 1989-1997), empleando una función translogarítmica,
paramétrico / cuantificó el crecimiento en la productividad total de los factores, el cambio tecnológico y los componentes de dicho cambio
datos de panel tecnológico. Las principales conclusiones a las que se llegó en el estudio fueron, en primer lugar, que hay una robusta evidencia
empírica acerca de la existencia de condiciones de mercado que permiten hablar de monopolio natural en el sector, y, en
segundo lugar, que la privatización no ha sido causante del aumento en las variaciones observadas en los niveles de cambio
tecnológico ni en el crecimiento experimentado por la productividad de los factores desde 1989.
JONES & MYGIND (2000) Estonia, Letonia Técnica / Hicieron un estudio de eficiencia comparada a partir de una base de datos de 1.250 empresas pertenecientes a Estonia, Letonia
y Lituania paramétrico / y Lituania para el período 1993-1996. Los resultados reflejan que el impacto de la propiedad privada sobre la productividad varía
datos de panel considerablemente entre los países, de manera que tan solo puede confirmarse de manera parcial la hipótesis de que la empresa
pública es menos eficiente que la privada. Entre los resultados obtenidos cabe mencionar que en algunas estimaciones realizadas
para el caso de Estonia se advierte sobre la superioridad de la propiedad extranjera sobre la nacional, así como el hecho de que
cuando la propiedad recae mayoritariamente en manos de trabajadores los resultados de conducta empresarial son superiores2.
MÉNARD & SAUSSIER (2000) Francia Técnica / En el estudio se emplea información de 2.109 unidades de abastecimiento de aguas para un período de tres años (1993-95) que
paramétrico / representan al 73% de la población francesa. Examinan los factores que influyen en la decisión de la administración de delegar los
datos de panel servicios o realizar la gestión de un modo directo, y hacen un análisis comparado de ambas formas de gestión. Los autores
encuentran que una vez consideradas las diferencias en la calidad del agua no existen diferencias entre la gestión pública y la
privada.
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FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades (continuación)
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
SAAL & PARKER (2000) U.K. Asignativa / Analizaron, a partir de un modelo de función de costes translogarítmica con múltiples output, tanto el impacto de la
paramétrico / privatización en el Reino Unido, como los efectos de la regulación sobre el sector. Asimismo, el modelo se empleó para
datos de panel determinar las posibles economías de alcance en las empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas. El estudio se hizo con
datos del período 1985 a 1999, es decir, cinco años antes de la privatización y diez años después. A partir de las distintas
pruebas llevadas a cabo se concluyó lo siguiente:
1. Se rechazó la primera hipótesis según la cual el proceso privatizador habría significado una reducción en la tendencia de
crecimiento de los costes totales;
2. En cambio sí pudo constatarse la existencia de una tendencia descendente en la evolución de crecimiento de los costes tras
el cambio regulatorio acaecido en 1995. Esto permite concluir que las ganancias en la eficiencia que tuvieron lugar tras la
privatización se debieron, no al cambio en la titularidad de la empresa, si no a los cambios introducidos con posterioridad en
la regulación del sector;
3. Finalmente, las estimaciones realizadas permitieron rechazar la hipótesis sobre la existencia de economías de alcance en el
sector.
SAAL & PARKER (2001) U.K. Asignativa / Analizaron la conducta empresarial tras el proceso de privatización ocurrido en 1989 a través de indicadores de productividad
No paramétrico / total de los factores y productividad del factor trabajo3. La hipótesis de que la privatización ha supuesto una mejora
datos de panel estadísticamente significativa en el crecimiento de la productividad total de los factores fue rechazada. Encontraron que aunque
disminuyó el número de trabajadores, el ritmo de crecimiento de la productividad total de los factores no experimentó una
mejora con respecto del período previo a la privatización. También se concluye que el régimen regulatorio fue algo laxo en el
momento inmediatamente posterior al proceso de privatización, lo que permitió considerables ganancias económicas para las
empresas no atribuidas a mejoras en la productividad. En tercer lugar se ponía de manifiesto que la evolución de la
productividad no es consistente con la hipótesis formulada de que el cambio regulatorio introducido en 1995 promovió que se
produjeran mejoras en la eficiencia, circunstancia que los autores no atribuyen de modo necesario a fallos en la regulación. En
todo caso se subraya que los cambios introducidos en 1995 permitieron detener la evolución experimentada por las ganancias
empresariales en el período previo.
ESTACHE & ROSSI (2002) Sudeste asiático Asignativa / Aportan evidencia sobre la cuestión tomando información referida a 1995 de 50 empresas de 29 países pertenecientes al
paramétrico / sudeste asiático. Con objeto de validar los resultados, se hicieron dos aproximaciones metodológicas distintas, aplicando un
corte transversal modelo de componentes de error y un modelo de efectos de eficiencia técnica. Ambos análisis permiten concluir que no
existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de eficiencia mostrados por las empresas públicas y las privadas.
BOTTASSO & CONTI (2003) U.K. Asignativa / Analizan los efectos de la privatización tomando como referencia el período 1995-2001. El estudio se basa en 177 observaciones
paramétrico / y propone la especificación de una función frontera de costes estocástica. La conclusión más importante a la que se llega en el
datos de panel estudio es que la medida de ineficiencia empresarial ha decrecido de modo persistente a lo largo del tiempo, en torno a un 5%
entre 1995 y 2001, y que los diferenciales en los niveles de ineficiencia entre las empresas reguladas se han reducido de manera
constante. Los autores también ponen de manifiesto que los niveles medios de ineficiencia alcanzados por las empresas del agua
en Inglaterra y Gales pueden considerarse relativamente bajos. Para los autores este proceso se ha debido, en gran medida, a
los cambios regulatorios introducidos en 1994.
150 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
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FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades (continuación)
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
ESTACHE & KOUASSI (2002) África Técnica / El documento analiza los factores determinantes de la eficiencia para 21 operadores de diversos países del continente africano.
paramétrico / A partir de una función de producción frontera se llega a la conclusión de que existe una gran heterogeneidad en la conducta de
datos de panel las distintas unidades estudiadas, así como que la capacidad institucional y de gobierno en los distintos países es fundamental
para la conducta en el sector. Los resultados sugieren que la mayoría de las empresas operan en niveles de eficiencia técnica
muy por debajo de la frontera delimitada por las empresas con mejor conducta de las analizadas. Tan solo un 12,9% de las
unidades analizadas actúan de un modo eficiente en comparación con el resto, encontrando una clara superioridad en la gestión
privada frente a la pública.
ESTACHE & TRUJILLO (2003) Argentina Técnica / El trabajo analiza los efectos sobre la eficiencia técnica debidos a las reformas introducidas en el sector del agua en Argentina en
Índices de productividad / 1991. Más concretamente se muestran estimaciones sobre los avances en la eficiencia experimentados en la productividad total
Datos de panel de los factores en el sector entre 1992 y 2001 a partir de la información obtenida para cuatro empresas. Aunque los mismos
autores advierten de que se cuenta con poca información de partida y hay que ser cauteloso con los resultados, en su análisis
constatan que el avance en la productividad tras las reformas introducidas está en torno al 2% anual. Una importante cuestión
que subrayan es que, una vez privatizado el sector, es esencial que se obligue a las empresas facilitar información sobre su
actividad a efectos de poder ejercer un control sobre su conducta en un escenario caracterizado por la falta de competencia.
KIRKPATRICK & PARKER África Técnica y asignativa / La investigación hace una aproximación a la cuestión de la eficiencia comparada en la gestión del agua a partir de información
& ZHANG (2004) Paramétrico y no referida a 84 unidades en distintos países del continente africano. El estudio encuentra evidencia empírica a partir de la
paramétrico / comparación de distintos indicadores y un análisis envolvente de datos sobre la superioridad de la gestión privada frente a la
corte transversal pública, en particular en términos de productividad del factor trabajo y en fugas de agua en las redes de abastecimiento. Sin
embargo, al hacer un análisis a partir de la técnica econométrica consistente en la elaboración de una frontera estocástica de
función de costes, aunque existan indicios de una mayor eficiencia asignativa de la gestión privada, los resultados no son
estadísticamente significativos.
*** Este trabajo fue criticado por MCGUIRE & OHSFELDT (1986) tanto por considerar inapropiada la metodología empleada como por la inexactitud en la especificación de costes propuesta en la investigación. A juicio de éstos el trabajo
criticado no justifica la inexistencia de diferencias significativas en los niveles de eficiencia cuando se compara la gestión pública y la privada. Con posterioridad, esta crítica sería replicada en los trabajos de TEEPLES & FEIGENBAUM &
GLYER (1986) y TEEPLES & GLYER (1987 a, b), en los que se hizo una defensa conceptual de la metodología empleada y se amplió el número de casos analizados, confirmando que al hacer una consideración conjunta de las empresas de
suministro de aguas no se encuentran diferencias significativas entre los gestores públicos y los privados.
*** A partir de sendas reflexiones teóricas, en los trabajos DE MORSE (2000) y BIRCHALL (2002) se advierte de la superioridad de las empresas de tipo personalista en el caso de la gestión del agua en las ciudades, como las cooperativas,
sobre otras fórmulas empresariales.
*** BOSWORTH & STONEMAN (1998) hacen estimaciones sobre valor añadido por empleado entre 1979 y 1989, y entre 1989 y 1995, llegando a la conclusión de que la productividad del factor trabajo creció por término medio en un
2,2% anual en el primer período, y tan solo en un 0,03% en el segundo período.
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica efectuada.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 151
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más eficiente de todas y cada una de las
unidades del estudio. Entre las variables
output que aparecen en los trabajos que
emplean esta metodología se encuentran el
volumen de agua distribuida, el volumen de
agua depurada, el número de abonados y, en
ocasiones, alguna medida de dispersión de la
población servida; entre las variables input
es usual encontrar el número de empleados,
las cantidades consumidas de energía
eléctrica y alguna proxy del capital, como
puede ser la longitud de la red de
abastecimiento10.
Por su parte, la alternativa que analiza la
estructura de costes de los organismos que
gestionan los servicios del agua en las
ciudades, pone en relación los costes de
explotación, como variable dependiente, con
una matriz de variables explicativas formada
por un vector de variables representativas de
la producción (como el volumen de agua
distribuida o la población abastecida), un
vector compuesto por variables que muestran
los precios de los distintos input (el coste
medio de los asalariados, el precio medio del
Kw y alguna proxy del precio del capital) y un
vector que incluye variables exógenas que
puedan ser relevantes a efectos de poder
establecer comparaciones entre las distintas
unidades incluidas en el análisis. Entre estas
últimas se consideran la distinta titularidad
en la gestión, factores climáticos, factores
geográficos y factores institucionales.
Una carencia de la que suelen adolecer
este tipo de estudios es que no se incluyen
normalmente variables representativas de la
calidad de los servicios prestados. Habría que
tener en cuenta que la distinta calidad del
servicio puede tener efectos importantes
sobre la estructura de costes en las distintas
unidades, de manera que una mayor
eficiencia técnica o asignativa podría deberse,
aunque fuera en parte, a una menor calidad
en el servicio. En la revisión efectuada se han
encontrado escasas referencias, pudiendo
citar la consideración de la calidad del agua y
el tratamiento sanitario recibido en los
trabajos de MORGAN (1977) y MÉNARD &
SAUSSIER (2000), el grado de pérdidas de
agua en el suministro en el estudio de
BHATTACHARYYA & al. (1995a) y las horas al
día en que se presta el servicio de
abastecimiento en ESTACHE & ROSSI (2002) y
KIRKPATRICK & al. (2004)11.
Otra clasificación de este tipo de
investigaciones podría hacerse atendiendo a
la base de datos sobre la que se asienta el
análisis. La opción mayoritariamente seguida
en los estudios encontrados es la de trabajar
a partir de series de corte transversal. Esta
forma de recogida de información permite
reconocer la eficiencia comparada entre
ambas formas de propiedad de la gestión en
un momento determinado del tiempo. La otra
alternativa del investigador es trabajar con
datos de panel, lo que permite no sólo la
comparación en un momento del tiempo, sino
también, lo que tiene una gran importancia
para observar los efectos de una modificación
en la regulación, los cambios experimentados
en el transcurso de los años en la conducta
empresarial. Aunque esta segunda opción sea
más enriquecedora para la investigación,
huelga decir que si ya de por sí existen serias
dificultades para la obtención de datos de
corte transversal, los problemas se
multiplican cuando se desea obtener
información para distintos años. De ahí que
hayan proliferado más los análisis de corte
transversal que los que se han sustentado
con datos de panel, que son más recientes en
el tiempo.
Una primera conclusión que se puede
extraer de la investigación llevada a cabo
hasta la fecha es que no existe evidencia
irrefutable sobre la superioridad de un tipo
de gestión sobre la otra, al encontrar una
diversidad de trabajos que apoyan las tesis
contrarias, así como otros en los que, aun
existiendo indicios a favor de una u otra
forma de gestión, no puede llegarse a
conclusiones estadísticamente significativas:
trabajos en los que se concluye sobre la
mayor eficiencia cuando la gestión es pública
son los de MANN & MIKESELL (1976),
BRUGGINK (1982), LAMBER & al. (1993) Y
BHATTACHARYYA & al. (1994, 1995b);
estudios en los que se concluye sobre la
superioridad de la gestión privada en
términos de eficiencia son los de MORGAN
(1977), CRAIN & ZARDKOOHI (1978),
BHATTACHARYYA & al. (1995B) y ESTACHE &
10 También se han encontrado otras variables que han tratado
de capturar los efectos de la procedencia del agua, al distinguir
entre agua recogida de las precipitaciones, agua procedente de
acuíferos subterráneos y agua comprada a otros organismos.
11 Evidentemente, esta última variable representativa de la
calidad en el servicio únicamente tiene sentido en países en
desarrollo.
152 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
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KOUASSI (2002); finalmente, no se obtienen
resultados que permitan concluir sobre la
superioridad de una forma de titularidad en
la gestión en las investigaciones de
FEIGENBAUM & TEEPLES (1983), BYRNES &
al. (1986), FOX & HOFLER (1986), JONES &
MYGIND (2000), MÉNARD & SAUSSIER (2000),
ESTACHE & ROSSI (2002) y KIRKPATRICK & al.
(2004). La variabilidad en los resultados
puede deberse a diversos factores:
1. La distinta metodología empleada para
realizar las pruebas;
2. El período elegido para llevar a cabo el
estudio;
3. Los distintos condicionantes del marco
regulador e institucional vigentes en
cada país;
4. La especificación del modelo.
Sobre la especificación del modelo habría
que subrayar que muy posiblemente en este
sector factores como la orografía, la
climatología, las fuentes de obtención del
agua y las características y el ámbito de la
población atendida sean determinantes más
influyentes sobre el grado de eficiencia
empresarial que la propiedad de la empresa,
de manera que obviar alguna de estas
variables podría tener efectos de
consideración para las conclusiones de la
investigación. Además, habría que advertir
nuevamente, como principal laguna
detectada en la revisión efectuada, que los
estudios no suelen tener en cuenta la calidad
del servicio, aspecto que sería oportuno
considerar para futuros trabajos. A
consecuencia de su omisión, no se estarían
recogiendo las posibles relaciones de
intercambio existentes entre la eficiencia y la
calidad. Como se apuntaba anteriormente,
sería interesante introducir alguna variable
proxy de la salubridad de las aguas, ya que
unos menores costes de producción podrían
deberse en buena medida a unos menores
gastos realizados por la empresa para llevar
a cabo el proceso de tratamiento de las aguas.
Otra variable a introducir sería alguna que
recogiera el estado de conservación de la red,
como el grado de fugas existente. En este
caso, se trataría de detectar si unos mejores
resultados empresariales podrían estar
relacionados, al menos en parte, con unos
menores niveles de inversión para el
mantenimiento y la mejora de la red.
Como consecuencia de la anterior, una
segunda conclusión que se extrae es que en
sectores como el del agua un simple cambio
en la propiedad de la empresa no garantiza
una mayor eficiencia (LYNK, 1993; SHAOUL,
1997; ASHTON, 2000). El mero hecho de
traspasar la propiedad a manos privadas no
asegura por sí solo una mejor conducta
empresarial: en todo caso, cualquiera de las
formas de privatización podría aumentar la
eficiencia siempre y cuando se proceda
previamente a liberalizar los mercados y a
establecer sistemas de control que fomenten
la competencia. En definitiva, la
privatización en el sector del abastecimiento
y suministro de agua en núcleos urbanos no
es la panacea, ya que su existencia no
asegura por sí misma la desaparición de los
fallos del estado. En estos casos es necesaria
una regulación y un control que aseguren el
mantenimiento de un escenario bajo el que se
dé la competencia y existan incentivos que
tiendan a fomentar la eficiencia empresarial
(LITTLECHILD 1986; REES, 1998).
Finalmente, y tomando como referencia más
significativa el caso de Inglaterra y Gales,
podría concluirse que los efectos positivos de la
privatización y la regulación que la acompaña
tardan algunos años en dejarse notar.
Seguramente, entre otros posibles factores, se
debe a que con el paso del tiempo se tienen
más elementos de juicio para detectar los
errores del marco regulador que deben
cambiarse para propiciar una mejor conducta
empresarial. En el caso mencionado, parece
que la regulación fue algo laxa en principio
para asegurar la viabilidad de las empresas y
que las posteriores revisiones en la regulación
trajeron consigo mejoras para los consumidores
(SAAL & PARKER, 2000; BOTTASSO & CONTI,
2003). En este caso parece haber sido decisiva
la existencia de un organismo regulador
independiente que controla de modo
permanente la conducta en el sector.
De un modo premeditado no se ha hecho
hasta el momento ninguna referencia al caso
español, pero, qué se puede decir sobre el
estado de la cuestión en España. Más
concretamente, qué régimen de gestión de los
servicios del agua en baja existe en España a
socaire de la normativa vigente, y en qué
sentido se pronuncia la investigación
aplicada sobre la superioridad en la
titularidad de la gestión desde el punto de
vista de la eficiencia.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 153
Ministerio de Vivienda
5. ¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA
CUESTIÓN EN ESPAÑA?
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local establece en el
capítulo III que el municipio, para la gestión
de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal, llegando a citar expresamente entre
tales competencias los servicios de
suministro de agua, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales. En todo
caso la norma no obliga a que el propio
Ayuntamiento sea quien diligencie estos
servicios, de manera que se contemplan
distintas formas de gestión: la efectuada
desde el propio Ayuntamiento, la llevada a
cabo mediante empresa pública, la realizada
a través empresa mixta y la ejercida desde
una empresa privada —esta en régimen de
concesión, gestión interesada, arrendamiento
o concierto—12.
De un modo genérico SOLER (2003) arguye
que el posible interés que pueden tener los
órganos de gobierno local por la incorporación
en la gestión del agua del sector privado
vienen dadas por las mayores facilidades que
se le atribuyen para captar recursos
financieros, los avances en la tecnología que
se derivan de su saber hacer, fruto de la
experiencia en el sector, y la respuesta más
rápida a los nuevos requerimientos de la
sociedad en los distintos ámbitos de la
gestión del agua. De un modo más concreto
MIRALLES (2004) cita las causas que
permiten explicar por qué los gobiernos
locales han decidido en un buen número de
casos traspasar las competencias que en
materia de aguas les encomienda la Ley
7/198513:
1. En el decenio de 1980 parece que la
combinación de altas necesidades de
inversión en unas instalaciones
descapitalizadas y una cierta escasez de
fondos públicos para acometerlas fue
decisivo para que los municipios con una
alta demanda de agua para usos
residenciales (municipios mayores) y una
alta demanda estacional (principalmente
en el litoral) optaran por privatizar los
servicios de agua en baja.
2. La combinación de un elevado
endeudamiento y la restricción en los
ingresos ocurrida en los noventa parece
que aumentó las probabilidades de la
privatización durante este decenio.
3. Finalmente, y en años más recientes, el
efecto proximidad podría ser el principal
factor explicativo de las decisiones de
privatización. El político local al conocer
la experiencia privatizadora de
municipios con lindes al suyo reduce la
incertidumbre asociada con la posible
decisión de privatizar los servicios del
agua en su ciudad.
La cuestión es que el marco regulador
vigente en España desde mediados del
decenio de 1980 ha terminado propiciando
que las competencias estén muy repartidas
en lo que se refiere a la gestión de los
servicios del agua en las ciudades: la
intervención directa desde los Ayuntamientos
afecta al 6% de la población; la actuación de
las empresas públicas tendría incidencia
sobre el 42% de la población nacional; la
empresa mixta gestiona los servicios de agua
en baja del 11% de la población; y,
finalmente, la empresa privada tiene
asumidas las competencias de la gestión del
agua sobre un 40% de la población
—quedaría un 1% para otras formas de
gestión—. En la empresa pública es
normalmente el Ayuntamiento quien
controla la totalidad del capital, si bien en
algunos casos, al crearse consorcios para la
gestión conjunta a través de sistemas de
abastecimientos supramunicipales, el capital
está repartido entre diversos municipios y la
diputación provincial. En la parte privada del
sector un rasgo característico es la existencia
de unas pocas empresas que se reparten una
elevada cuota de mercado. La concentración
que caracteriza a esta parte del sector puede
tener una lectura positiva, ya que se habría
gestado un escenario en el que se podrían
aprovechar mejor las economías de escala y
de conocimiento; pero también puede tener
una lectura negativa, ya que las posibilidades
de colusión son mayores.
12 Sobre esta cuestión se puede ver GONZÁLEZ (2005).
13 Serían las razones que se muestran más plausibles y con
un mayor refuerzo empírico a raíz del novedoso estudio realizado
por MIRALLES (2004).
154 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
De otra parte, desde el punto de vista
metodológico, el investigador debe ser
consciente de que se enfrenta a un sector
muy heterogéneo. En este orden de ideas, y
por lo que se refiere a las competencias
asumidas, habría que decir que hay
empresas que comprenden todas las
funciones relacionadas con el ciclo integral
del agua (básicamente, abastecimiento,
saneamiento y depuración), mientras que
otras se dedican tan solo al suministro.
Además, a ello habría que añadir que no es
infrecuente que estas empresas lleven a cabo
también otro tipo de actividades en el ámbito
local no relacionadas con la gestión del agua,
como la recogida de basuras, la gestión del
cobro de otros servicios municipales o la
realización de obras. De modo añadido, y por
lo que se refiere al ámbito de actuación, cabe
decir que hay organismos que prestan
servicios a un solo municipio —pudiendo
existir una desviación considerable en el
tamaño de la población— y organismos que
atienden a un número de poblaciones que
puede incluso sobrepasar la treintena,
normalmente organizadas en torno a
consorcios o mancomunidades.
Transcurridos ya veinte años desde que la
legislación brindara la posibilidad de delegar
la gestión de los servicios del agua en las
ciudades al sector privado, qué resultados ha
obtenido la investigación en España en el
campo analizado. En este momento sería
interesante poder contestar sin ambages a
estas dos cuestiones: en primer lugar, ¿se
han conseguido avances en la eficiencia como
consecuencia de adoptar la decisión de
externalizar los servicios?; y, en segundo
lugar, ¿qué tipo de gestión se muestra
superior en términos de eficiencia de las
cuatro formas posibles de titularidad
reconocidas? Este segundo aspecto sería casi
una necesidad habida cuenta de que en
España no se ha creado un órgano
independiente de control de la actividad en el
sector, al modo en que se creó en Inglaterra y
Gales cuando se optó por la privatización del
servicio14, de manera que salvo el control que
en manos poco expertas puede recaer sobre el
propio Ayuntamiento no existe otro elemento
corrector de posibles conductas no deseables.
Desafortunadamente en España no existe
evidencia empírica sobre la cuestión15, lo que
resulta paradójico si tenemos en cuenta que,
tal y como acaba de exponerse, se trata de
una nación que ha creado desde la década de
los 80 del siglo pasado un marco propicio
para la cesión de la gestión del agua en las
ciudades por parte de la administración local
y cuando, de hecho, nos encontramos con que
a lo largo de la geografía nacional existe un
reparto entre la gestión pública y la privada
que ofrece un escenario idóneo para la
realización de este tipo de análisis. Tal vez
este aparente olvido se deba a las dificultades
encontradas por el investigador para poder
confeccionar una base de datos a partir de la
que efectuar un análisis de eficiencia en el
sector. Una posibilidad para la obtención de
tales datos sería dirigirse directamente a los
operadores del sector, sin embargo,
normalmente, cuando se pide información
detallada sobre variables económicas
relacionadas con la gestión, existe una cierta
reticencia en el momento de facilitar datos.
Una alternativa sería la de acudir a los
registros mercantiles para obtener los
estados contables que, en el cumplimiento de
la normativa vigente, han de depositar las
empresas, tanto públicas como privadas. En
este caso el problema es que la información
que puede conseguirse no es lo
suficientemente exhaustiva y aunque puedan
obtenerse ciertos datos sobre ingresos y
costes empresariales a un nivel agregado, se
carecería de información sobre ciertas
variables físicas necesarias para efectuar el
estudio de eficiencia. Finalmente, otra opción
sería la de acudir a las respectivas
Comisiones de Precios provinciales y
autonómicas para captar la información
reflejada en los expedientes de revisión de
14 En 1989 se llevó a cabo en Inglaterra y Gales un proceso
de privatización integral de los servicios del agua en las
ciudades, que entre otros aspectos supuso que las diez
autoridades regionales existentes fueran privatizadas y que se
creara un nuevo marco regulatorio del sector así como la creación
de un organismo de control (Office of Water Services, OFWAT).
Uno de los rasgos característicos más destacados de la regulación
inglesa es que se controlan los precios mediante una versión del
sistema RPI-X del modelo de price cap, que se revisa cada cinco
años (COWAN, 1994; BOTASSO & CONTI, 2003).
15 Únicamente se tiene constancia del trabajo de ORDÓÑEZ &
BRU (2003), excesivamente localista, en el que se hace un
análisis envolvente de datos para el caso de la provincia de
Málaga a partir de la información recabada de 10 unidades, en el
que el output es el agua facturada en metros cúbicos al año y los
input son los gastos de personal y el resto de gastos de
explotación. En las conclusiones se mantiene que el tipo de
propiedad no es garantía de una mayor eficiencia.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 155
Ministerio de Vivienda
tarifas que algunas de estas entidades están
obligadas a presentar. El problema en este
caso vendría determinado, en primer lugar,
porque la información se encuentra muy
diseminada entre las distintas Delegaciones
de la Hacienda Autonómica, en segundo
lugar, porque no todos los operadores revisan
las tarifas con periodicidad anual y, en tercer
lugar, y más importante, porque la
legislación que regula los sistemas tarifarios
en los últimos años se ha venido inclinando
por que las tarifas del agua sean
consideradas como una tasa, de manera que
no habría obligación de depositar los
expedientes de revisión de tarifas en la
comisión de precios, y no como un precio
privado sujeto a intervención pública. De
hecho, a raíz de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre,
en relación con la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, y la posterior
reforma legislativa efectuada por la Ley
25/1998, de 13 de julio, de modificación del
Régimen Legal de las Tasas Estatales y
Locales, tiende a disminuir el número de
operadores que considera las tarifas como un
precio.
Casi sin poder evitarlo, al final de este
trabajo queda una duda razonable, ¿se ha
planteado correctamente en España el marco
legal e institucional en el que tiene lugar la
cesión de la gestión de los servicios del agua
en baja? Cuando ya son muchos los
municipios que han trasferido estas
competencias nos encontramos con que
además de no existir la suficiente
transparencia en un sector en el que existen
serias dificultades para introducir la
competencia y no se han realizado estudios
de eficiencia comparada, no existe un
organismo independiente que fiscalice la
actuación de las entidades que operan en el
sector. ¿Qué elementos de juicio se tienen
entonces para saber si los entes del sector,
tanto públicos como privados, están actuando
de un modo eficiente? ¿Con qué lógica
económica se pueden pronunciar los órganos
de gobierno local para mantener la gestión de
los servicios en sus manos o cederla a alguna
de las formas de privatización que contempla
la normativa? Un análisis de eficiencia a
partir de la metodología ya experimentada en
otras naciones podría resultar de interés a
los efectos siguientes: en primer lugar, para
intentar determinar si, a partir del marco
legal e institucional gestado, alguna de las
formas de titularidad concebidas se muestra
superior en términos de eficiencia o si,
simplemente, la titularidad no es un factor
determinante para explicar las posibles
diferencias encontradas en la conducta; y, en
segundo lugar, para poder pronunciarse
acerca de si sería conveniente introducir
cambios de carácter estructural, ya sea
orientados a modificar la legislación, ya sea
para introducir órganos de control directo, en
ambos casos con la pretensión de conseguir
mejoras en la eficiencia.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el decenio de 1980 las economías
han estado inmersas en procesos de
liberalización consistentes en la
introducción de cambios regulatorios en los
mercados para crear escenarios de mayor
competencia y posibilitar la entrada a la
iniciativa privada en aquellas actividades
tradicionalmente reservadas a la acción
pública. Esta forma de hacer política ha
tenido como fin primordial la consecución de
mejoras de eficiencia en el ejercicio de la
actividad económica que contribuyeran a la
obtención de unas mayores cotas de bienestar
social.
En el ámbito de la privatización los casos
que han gozado de una mayor atención
política y académica han sido los
protagonizados por las empresas de mayor
dimensión, tradicionalmente asentadas en
sectores donde se ha asumido la existencia de
importantes economías de escala, como, por
ejemplo, el sector aéreo, la telefonía básica y
el sector eléctrico. Con el paso del tiempo, la
investigación ha tratado de cuantificar la
desviación entre los efectos esperados a priori
con la implantación de los cambios en la
regulación y lo realmente conseguido, así
como aportar consistencia al debate todavía
abierto que intenta pronunciarse sobre cuál
de las dos formas de gestión se revela más
eficiente: la pública o la privada.
Por su parte, en mercados más
fragmentados, en los que la empresa alcanza
una menor dimensión media, normalmente
de ámbito local, la investigación ha sido
menos ingente. Este ha sido claramente el
caso de la gestión del agua en las ciudades. Si
bien es cierto que existe en la actualidad una
honda preocupación por introducir cambios
en los distintos niveles de la gestión del agua
que permitan hacer un uso más racional y
eficiente de los recursos hídricos, habría que
reconocer igualmente que la investigación no
se ha mostrado tan fecunda a efectos de
mensurar los cambios promovidos por las
reformas en la regulación e intentar resolver
si algún tipo de titularidad en la gestión se
muestra superior en términos de eficiencia.
Ministerio de Vivienda
CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales, XXXVIII (147) 2006 139
¿Está justificada la privatización de la gestión
del agua en las ciudades? Teoría y evidencia
a partir del criterio de eficiencia
Departamento de Economía Aplicada Universidad de Granada.
RESUMEN: En este artículo se presenta una revisión de aquella investigación realizada a nivel internacional
que ha tenido como principal objetivo determinar cuál de las formas de titularidad en la gestión del agua en
baja, la pública o la privada, se muestra superior en términos de eficiencia. Tras ofrecer argumentos a favor
y en contra de la privatización, y mostrar una panorámica de la investigación aplicada, se concluye que
no existe evidencia irrefutable sobre la superioridad de una forma de gestión sobre la otra; que un simple
cambio en la propiedad de la empresa no garantiza una mayor eficiencia; y que los posibles efectos del proceso
privatizador tardan algunos años en dejarse notar. Asimismo, y por lo que hace referencia al tema analizado,
en la parte final del trabajo se hace una breve reseña sobre el estado de la cuestión en España.
DESCRIPTORES: Abastecimiento de agua. Gestión del agua. Economía urbana. Economía del agua.
Francisco GONZÁLEZ GÓMEZ
Recibido: 15.02.2005. Revisado: 13.07.2005.
e-mail: fcojose@ugr.es
web: http://www.ugr.es/local/fcojose
Agradezco muy sinceramente a los evaluadores de la
Revista las sugerencias realizadas para mejorar la estructura
y los contenidos del artículo. Asimismo, deseo agradecer el
apoyo prestado por parte del Instituto del Agua en Andalucía
y del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Granada durante el tiempo en que se llevó a cabo este
estudio.
140 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
Centrándonos en este ámbito, el de la
gestión del agua en las ciudades, en este
artículo se propone una revisión de la
literatura teórica y empírica existente que
permita tener una perspectiva sobre los
argumentos y contraargumentos del proceso
privatizador bajo la óptica de la eficiencia, así
como una visión de las principales
conclusiones dimanadas de la investigación
realizada hasta la actualidad. Se pretende de
este modo aportar algo de luz sobre el debate
que tiene como fin determinar cuál de las dos
formas de titularidad en el sector de
empresas que gestionan los servicios de agua
en baja se muestra superior en términos de
eficiencia, así como introducir algunos
elementos de juicio para reflexionar acerca de
la necesidad de abordar algún cambio en el
marco normativo español, tendente a
procurar una mayor transparencia en el
sector y a controlar en mayor medida la
conducta de las empresas, tanto de
titularidad pública como privada. Para ello se
propone la siguiente estructura de trabajo: en
el segundo apartado, se hace una reseña
sobre los servicios del agua en las ciudades y
se destacan algunas características
determinantes de la actividad en el sector; en
el tercer apartado, se muestra una revisión
teórica de los argumentos a favor y en contra
del proceso privatizador; en el cuarto
apartado, se hace un repaso de la
investigación aplicada llevada a cabo en el
contexto internacional que trata de resolver
cuál de las formas de gestión, pública o
privada, se muestra superior en términos de
eficiencia; finalmente, se cierra el trabajo con
un apartado que trata el estado de la
cuestión en España.
2. LOS SERVICIOS DEL AGUA
EN LAS CIUDADES
El agua es un bien indispensable para la
vida que presenta importantes connotaciones
de tipo económico, social y medioambiental
(OECD, 2003). La consideración conjunta de
estas características invita a introducir
criterios de racionalidad económica en los
distintos ámbitos de su gestión con objeto de
promover un uso más eficiente del recurso,
garantizar el suministro de un modo regular
a los ciudadanos a lo largo de todo el año, y
contribuir a la conservación medioambiental.
El conjunto de los servicios del agua en las
ciudades conforma el denominado ciclo
urbano del agua. Son actividades de este
ciclo la captación de agua, su tratamiento
para garantizar la salubridad, el
abastecimiento en baja (hogares, industria y
otros organismos), la recogida de aguas
residuales a través del alcantarillado, la
depuración de aguas recogidas y el vertido
final al dominio público hidráulico.
Respecto de las características económicas
relacionadas con los servicios del agua, cabe
señalar las siguientes particularidades
condicionantes del sector:
— Al margen de otros posibles usos, el agua
es un bien necesario para la vida cuya
correcta provisión genera importantes
externalidades positivas. Se deduce de
ello el interés para el bienestar social de
garantizar la universalización del servicio
bajo unas ciertas condiciones de
salubridad.
— Es un sector muy intensivo en factor
capital y con elevados costes fijos, dándose
la circunstancia de que las duplicidades
de las redes de abastecimiento y
saneamiento resultan ineficientes (KNAPP,
1978; HAYES, 1987; BISHOP & al., 1994;
SEPÄLÄ, 2001). Los servicios del agua en
baja presentan importantes economías
relacionadas con el tamaño de la
producción1 que hacen que el sector
presente una estructura de monopolio
natural y, en esencia, una situación
próxima a la ausencia de competencia2.
1 Más concretamente, GARCÍA & THOMAS (2001:13-15)
identifican hasta tres posibles tipos de economías asociadas con
la producción: economías de densidad de producción, economías
de densidad de clientes y economías de escala. Las economías de
densidad de producción tienen lugar cuando al aumentar la
producción para un cierto tamaño de red y un número de clientes
dados, disminuyen los costes variables medios; las economías de
densidad de clientes se presentan cuando una industria se
muestra más eficiente al aumentar la producción para satisfacer
la demanda de nuevos consumidores, para un cierto tamaño de
red fijo; y, las economías de escala tienen lugar cuando un
incremento en la producción, junto con un incremento en el
número de clientes y el número de municipios, reduce los costes
medios —sería el caso típico en el que varios municipios se unen
para ser abastecidos por un mismo operador urbano—.
2 En comparación con los sectores de las telecomunicaciones,
la electricidad y el gas, en los servicios del agua son más
evidentes las condiciones que dan lugar al monopolio natural
(COWAN, 1993; VICKERS & YARROW, 1988; ELNABOULSI, 2001).
Según ELNABOULSI (2001:520), la naturaleza del sector hace que
no sea posible ni deseable la competencia directa entre las
empresas.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 141
Ministerio de Vivienda
Estos condicionantes han conducido a
que en el sector del agua, como en otros
casos de monopolio natural, la opción
tradicionalmente defendida haya sido la
intervención pública directa. Al no guiar
su conducta por criterios crematísticos,
durante mucho tiempo se ha creído que la
intervención pública creaba el marco de
actividad más adecuado para evitar que se
produjera una situación de abuso del
gestor por situación de dominio,
garantizar la universalización del servicio
bajo las condiciones de salubridad
contempladas en la normativa vigente y
posibilitar en mayor medida la protección
medioambiental.
No obstante, contrariamente a esta
tradición, las distintas formas de
intervención pública están siendo objeto de
revisión en nuestros días, y, de ellas, la
provisión directa de bienes y servicios es la
fórmula más cuestionada. Razones de índole
económica, financiera y política han
impulsado un proceso progresivo de
privatización de actividades y empresas en
distintos sectores, entre los que también se
encuentra la gestión del agua en las
ciudades. Esta corriente privatizadora se ha
extendido con distinta intensidad en el sector
analizado a un cierto número de países,
pudiendo encontrar situaciones diversas:
casos de completa privatización serían los de
Inglaterra y Gales, y la República Checa; en
naciones como Estados Unidos y Australia se
comparte a partes desiguales la propiedad de
las infraestructuras y la gestión de los
servicios entre la iniciativa pública y la
privada; en países como Francia, Portugal y
Hungría está extendida la fórmula de la
concesión; mientras que todavía se encuentra
de modo exclusivo o mayoritariamente la
tradicional forma de gestión directa o
delegada a gestores públicos en Austria,
Bélgica, Dinamarca, Canadá, Grecia,
Finlandia, Irlanda, Italia, Japón,
Luxemburgo, Polonia, Suiza, Corea y Suecia
(OECD, 1999; 2004).
En todo caso, y con independencia de las
razones que pudieran haber respaldado las
decisiones de delegar la gestión de los
servicios del agua en baja por parte de los
gobiernos locales, lo cierto es que este
escenario que se ha venido gestando desde
la década de los ochenta plantea un
interrogante: ¿cuál de las distintas formas
de gestión se muestra más eficiente? En
caso de poder llegar a una conclusión
incontestable, o en su defecto a indicios
relevantes, el órgano de gobierno municipal
dispondría de una información de gran
trascendencia para la toma de decisiones.
En suma los órganos de gobierno local
podrían decidir sobre el tipo de titularidad
más idóneo para asumir la gestión de los
servicios del agua: bien adoptando la
decisión de privatizar los servicios bajo
cualquiera de las formas que permita la
normativa en cada nación; bien adoptando
una nueva decisión llegado el momento en
que expire la concesión del servicio en caso
de haberse procedido previamente a la
privatización de la gestión.
3. ARGUMENTOS A FAVOR
Y EN CONTRA DEL PROCESO
PRIVATIZADOR
Desde el punto de vista de la eficiencia
económica3, factor que tiene una importante
incidencia para la gestión del recurso y los
intereses del consumidor, se ha
desarrollado una amplia literatura con
argumentos a favor y en contra de la
privatización. Para justificar el proceso
privatizador que se está produciendo desde
hace algo más de dos décadas, se esgrimen
argumentos de naturaleza financiera,
económica y política. Obviando la
motivación principal que pueda esconderse
tras la decisión de privatizar, en última
instancia, lo deseable para el bienestar
social sería que el proceso privatizador se
tradujera en una mejora en la gestión del
servicio. Y es precisamente esta cuestión
sobre la que se quiere prestar la atención en
las siguientes líneas. Bajo el prisma de la
eficiencia, en un principio se mostrarán
cuáles son los principales argumentos a
favor y en contra de la privatización de la
gestión del agua en las ciudades, para, en
un apartado posterior, hacer una revisión
de los principales resultados obtenidos por
la investigación empírica realizada hasta la
fecha.
3 Aunque en el apartado 4 se haga una reseña sobre los tipos
de eficiencia evaluados en los trabajos de investigación
consultados, para el lector no familiarizado con el concepto se
recomienda hacer una revisión de los trabajos de ÁLVAREZ (2001)
y LOVELL & MUÑIZ (2003).
142 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
3.1. A favor del proceso privatizador
A favor del proceso privatizador, teniendo
presente como objetivo la mejora en la
eficiencia de la gestión, se esgrimen la Teoría
de la Agencia, la Teoría de la Elección
Pública, la multiplicidad de objetivos a los
que suele atender la empresa pública, las
relaciones laborales y el proceso de elección
de los directivos.
A partir de la Teoría de la Agencia podría
deducirse que en la empresa pública existe
un menor incentivo y menores posibilidades
que en la empresa privada para llevar a cabo
un control de la actividad de los gestores del
que pueda esperarse una mayor eficiencia
empresarial. Existe una relación de
principal-agente cuando el propietario
(principal) de la empresa encarga a un gestor
(agente) que tome las decisiones
empresariales. El problema desde el punto de
vista de la eficiencia surge cuando, a socaire
de una situación de información asimétrica
en un escenario en el que los objetivos del
agente y el principal no coinciden, la
dirección no actúa en pro de los intereses del
propietario. Según ALCHIAN & DEMSETZ
(1972) los costes de la agencia vendrían
representados por la desviación producida
entre los objetivos perseguidos por el
propietario y el agente, y por los costes de
control en que tendría que incurrir el
propietario si quiere asegurarse de que la
conducta del gerente responde a sus
intereses.
La cuestión es que en la empresa pública
los costes de la agencia se suponen a priori
superiores que en la privada. Ello es debido a
que en la empresa pública existe una mayor
distancia entre el propietario de la empresa y
el gestor —existe una doble relación de
principal-agente, mientras que en la empresa
privada tan sólo se reconoce una relación de
este tipo—, ya que los costes de control del
directivo son mayores en la empresa pública
que en la privada4.
En otro orden de ideas, según la Teoría de
la Elección Pública es posible esperar un
comportamiento menos eficiente por parte de
los gestores públicos, en este caso burócratas
de alto nivel, ya que éstos no persiguen los
intereses generales de los ciudadanoselectores,
al ser el fin último de su actuación
la defensa del propio interés. La existencia de
gerentes egoístas sería origen de la discreción
directiva y el comportamiento ineficaz en el
sector público. Los burócratas tienen sus
propios objetivos que no necesariamente
coinciden con los de los votantes. En línea
con los costes de ineficiencia X de
LEIBENSTEIN (1966), aplicado a la empresa
pública, podrían citarse, entre otros, como
objetivos perseguidos por el burócrata el
aumento del personal, la seguridad laboral,
un despacho más grande y con mobiliario
más lujoso, mayores posibilidades de ocio o
mayores niveles salariales. Al no poder
apropiarse de una renta monetaria, como
parte del excedente entre los ingresos y los
costes de la actividad empresarial, los
burócratas podrían pretender aprovecharse
indirectamente empleando ese excedente en
la apropiación de otros factores productivos
que les proporcionen un aumento de la
utilidad personal, aunque vaya en
detrimento de la eficiencia en la gestión.
Otro factor que podría restar eficiencia a
la actividad pública sería la existencia de una
4 Sobre la primera cuestión habría que decir que existe una
primera relación de principal-agente en la gestión pública, en la
que el principal está formado por el conjunto de los ciudadanos y
el agente sería el equipo de gobierno local en el que los electores
depositaron su confianza. Además, habría una segunda relación
de principal-agente, ya que los políticos electos transfieren la
responsabilidad de la gestión del servicio a otros cargos
directamente nombrados. Esta doble relación de principal-agente
aumenta la probabilidad de que se produzca una desviación entre
los intereses de los ciudadanos y el resultado de la gestión del
servicio. Frente a esta situación, en el caso de la empresa privada
tan sólo habría una relación de este tipo, donde el principal estaría
representado por los accionistas de la empresa y el agente sería el
equipo gestor. En este caso, la privatización podría reducir las
relaciones de la agencia y, por tanto, los costes relacionados.
En segundo lugar, habría que añadir que los costes asociados
con el control de la gestión serán mayores en la empresa pública
que en la privada. Si bien es cierto que los ciudadanos poseen
unos derechos de propiedad que les facultan para ejercer el
control sobre la gestión, éstos se caracterizan por estar
altamente diluidos entre la población y por los elevados costes de
su ejecución. El ejercicio del derecho de propiedad es costoso,
pudiendo manifestarse por un cambio de residencia a otro
municipio, donde la gestión sea realizada por un responsable
distinto, o forzando un cambio en el equipo de gobierno local a
partir de un proceso electoral en el que cada voto tiene un peso
demasiado pequeño para ser tenido en cuenta. A ello habría que
añadir que, normalmente, los ciudadanos poseen escasa
información sobre el funcionamiento de las empresas públicas y,
por tanto, carecen de incentivo para ejercer el control.
Por su parte, en la empresa privada los propios mercados
introducen mecanismos de control que se erigen en garante de la
gestión eficiente. Cuando los mercados revelan una mala gestión
el propietario puede reaccionar despidiendo al equipo directivo o
vendiendo su participación empresarial. La amenaza de un
posible despido puede suponer un incentivo suficiente para que
la gestión persiga la maximización del beneficio. Igualmente, los
mercados de crédito pueden constituir una buena señal de una
gestión ineficiente, ya que los préstamos solicitados serían
concedidos con una prima de riesgo más elevada.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 143
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multiplicidad de objetivos a cumplir que
relegaran lo económico a un segundo plano.
Mientras que en la empresa privada existe
un objetivo prioritario de maximización del
beneficio, en la gestión pública conviven
diversos fines. En este segundo caso se
intenta compatibilizar la gestión eficiente con
el interés general y los intereses del partido,
en suma, una combinación de objetivos
económicos, sociales y políticos, en algunas
ocasiones contrapuestos. Un mayor peso de
los objetivos sociales y políticos en la toma de
decisiones de la gerencia dificultaría el logro
de la eficiencia empresarial. En la gestión
pública aunque se perpetúe un estado de
generación de pérdidas la conducta puede
mantenerse en el tiempo, ya que, en última
instancia, siempre quedará el recurso a la
percepción de subvenciones procedentes de
los presupuestos de la administración local.
También se cita como factor que puede
minar las posibilidades de alcance de una
gestión eficiente en el ámbito público la
relación laboral mantenida con los
trabajadores. El mayor grado de
sindicalización de los trabajadores en la
empresa pública se traduce en salarios
medios más elevados y en mayores
concesiones. La administración pública tiene
menos incentivos que la empresa privada
para resistir presiones que deriven en
conflictos políticos, de manera que termina
por hacer mayores concesiones a sus
trabajadores —hay que tener en cuenta que
los trabajadores y sus familias son también
votantes—.
Finalmente, podría citarse el modo en que
son elegidos los directivos de la mayoría de
las empresas públicas, donde prevalecen de
modo principal criterios de carácter político,
y no tanto otros aspectos que reflejen la
experiencia y la formación de la persona
elegida para el cargo.
3.2. En contra del proceso privatizador
Si bien los argumentos planteados hasta el
momento permiten augurar la superioridad
de la empresa privada sobre la gestión
pública en términos de eficiencia, lo cierto es
que también existen indicios que permiten
relegar tal convicción. Así, existen réplicas a
los enunciados realizados con anterioridad y
además se podrían añadir nuevos
razonamientos que, como se advertía,
permiten rechazar la suposición de que la
empresa privada sea más eficiente.
El contraargumento más destacado para
refutar la visión de que la gestión privada es
necesariamente mejor reside en mantener
que la propiedad en sí no es un factor
determinante de la eficiencia empresarial, si
no la estructura de mercado en la que se
encuentra actuando. Es decir, la conducta
empresarial tiene mucho más que ver con la
estructura de mercado existente que con el
mero hecho de la propiedad. En este sentido,
para MEGGINSON & NETTER (2001) la
justificación de la privatización es menos
consistente en mercados de bienes públicos y
en escenarios de monopolio natural donde los
factores de competitividad son más débiles.
En el caso de la gestión del agua, pasar, sin
más, de un monopolio público a un monopolio
privado contravendría cualquier tipo de
lógica. En las situaciones de monopolio
natural la consideración aislada de un
cambio en la titularidad de la empresa
probablemente tendría efectos contrarios a
los deseados, siendo necesaria la aprobación
de un sistema regulador que la acompañe. En
conclusión, en entornos tradicionalmente
considerados como no competitivos, los
niveles de eficiencia parecen estar más
condicionados por los niveles de competencia
que pueda introducir el cambio regulatorio
asociado al proceso privatizador que al mero
hecho de la titularidad (KAY & THOMSON,
1986; VICKERS & YARROW, 1988).
El problema en el sector del agua es que
hay un escaso margen para la competencia.
En primer lugar, porque se trata de un
monopolio natural, en segundo lugar, porque
existen unas pocas empresas que dominan la
mayor parte del mercado. Sobre la segunda
cuestión habría que decir que, normalmente,
en las subastas en las que se decide sobre la
concesión de la gestión de los servicios, el
concurso de empresas es escaso de manera
que pueden estar tentadas a evitar la
competencia. Lo ideal sería que, fruto de la
concurrencia en el proceso de adjudicación
del servicio, el precio se fijara en el nivel
mínimo de costes de producción sin que ello
fuera en menoscabo de la calidad. Cuando
tan sólo existe un potencial proveedor o los
existentes llegan a acuerdos previos durante
el proceso de adjudicación de la concesión,
existe una alta probabilidad de que la
144 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
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contratación no se haga en las condiciones
más favorables para los intereses sociales5.
Además, cabría añadir que el largo período
para el que son concedidas las concesiones
hace que, virtualmente, el contrato sea de por
vida, ya que la empresa que llega primero
goza de ventajas de información para acudir
a un nuevo proceso de subasta en el momento
de la renovación.
Sobre los riesgos de la cesión al sector
privado habría que contemplar la posibilidad
de que existan fallas en el contrato que
impliquen un perjuicio para los beneficiarios
de la gestión. Al tratarse de un monopolio
privado en el que no existen correcciones
provocadas por la competencia en el mercado,
el contrato de concesión debe ser muy
cauteloso en la enumeración de condiciones
del servicio, ya que un olvido o una
imprecisión puede suponer un deterioro en la
calidad. Un error de contrato podría derivar
en que la empresa privada se centre casi en
exclusiva en la obtención del beneficio,
dejando de lado la calidad del servicio y la
nueva inversión.
También por lo que hace referencia al
proceso de contratación con el sector privado,
habría que tener en cuenta los costes de
transacción en que tiene que incurrir la
administración local desde el momento en
que comienza el proceso de selección de la
empresa adjudicataria del servicio (COASE,
1960). Así, la entidad local debe valorar,
antes de tomar la decisión sobre la
contratación externa, los costes en que tiene
que incurrir en las fases de redacción del
contrato, estudio de ofertas y negociación, así
como en el seguimiento y control de los
términos en que se desarrolle lo pactado en
contrato. En caso de que las ganancias de
eficiencia asociadas a la contratación externa
se vean superadas por los costes enumerados
habría que cuestionarse la conveniencia de la
alternativa de externalizar los servicios.
Un argumento contrario a las expectativas
surgidas en torno a la Teoría de la Agencia
sostiene que en grandes empresas con una
participación muy numerosa y repartida, los
individuos, como en el caso de los ciudadanos
en la empresa pública, pueden carecer del
incentivo suficiente para controlar la
actuación de los directivos.
Asimismo, para cuestionar la presunción
de que las firmas privadas funcionan mejor
que las públicas, también cabría preguntarse
si los mercados realmente imponen la
disciplina necesaria sobre el comportamiento
de las empresas privadas. En este sentido,
habría que advertir que no todas las
empresas cotizan en el mercado bursátil, de
manera que para conocer el valor de la
empresa quedaría la penosa opción de
recabar informes económicos de las empresas
a partir de los cuales hacer estimaciones
sobre las rentabilidades comparadas de cada
operador. La cuestión es que en presencia de
información incompleta y elevados costes de
transacción, los mercados no son eficientes6.
La controversia que a un nivel teórico
existe sobre la idoneidad o no de ejercer la
contratación externa de servicios por parte
del sector pública obliga a la remisión de la
evidencia. La evaluación comparada de los
resultados atribuidos a las distintas
titularidades en la gestión de los servicios del
agua en las ciudades permitiría extraer
conclusiones sobre la mejor de las
alternativas.
4. REVISIÓN DE LA EVIDENCIA
EMPÍRICA
Como en tantas otras ocasiones, el debate
teórico que presenta argumentos contrarios
intenta resolverse a partir de los logros
desarrollados en la investigación aplicada, y,
también como en otros muchos casos, cabe
advertir que no existen resultados
concluyentes sobre la cuestión.
Lo primero que habría que aclarar es qué
se entiende por eficiencia, esto es, a qué
concepto o medida recurre el investigador
para pronunciarse acerca de la superioridad
de una u otra forma de gestión, pudiendo
encontrar dos acepciones generalmente
5 Por otra parte, cabe decir que los beneficios esperados de la
competencia no tienen porque conseguirse únicamente cuando
existe una concurrencia efectiva por más de una empresa al
concurso, sino que puede ser suficiente la simple amenaza para la
que se presenta acerca de la posibilidad de que haya otras ofertas
en el proceso de adjudicación (el caso de los mercados contestables).
A partir de la Teoría de los Mercados Contestables, BAUMOL &
PANZAR & WILLIG (1982) concluyen que en mercados que no son
perfectamente competitivos no necesariamente la intervención del
sector público es la mejor posible. Sobre los mercados contestables
es también recomendable la lectura de SPENCE (1983).
6 Aunque no directamente relacionado con la eficiencia, un
aspecto ampliamente criticado en el sector es que los precios
tienden a ser más altos cuando la gestión es privada que en el
caso de la gestión pública (SHAOUL, 1997; ORWIN, 1999;
HOUTSMA, 2003).
CyTET, XXXVIII (147) 2006 145
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reconocidas en el ámbito de la economía: la
eficiencia técnica o productiva y la eficiencia
asignativa7. La eficiencia técnica o productiva
se mide en términos físicos, y hace referencia
a las cantidades de producto que pueden
obtenerse a partir del empleo de una cierta
cantidad de recursos. El óptimo en términos
de eficiencia productiva se alcanza cuando se
consigue la producción máxima para una
determinada combinación de factores
productivos, o visto de otro modo, cuando se
consigue una unidad de output a partir de la
cantidad mínima posible de recursos. La
eficiencia asignativa expresa en qué medida
la empresa emplea los factores de producción
en la proporción adecuada, teniendo en
cuenta sus precios y productividades
marginales. Se alcanza el óptimo cuando la
empresa combina los factores productivos en
la proporción que minimiza el coste de
producción8.
Para analizar la eficiencia lo idóneo sería
poder establecer una comparación entre lo
que hace una empresa y lo que debería haber
hecho para alcanzar el óptimo. Como el
investigador no tiene un conocimiento
perfecto del mundo en que se desenvuelve la
empresa y no conoce la tecnología y las
restricciones que pueden afectar a la
conducta empresarial, difícilmente puede
hacer un análisis de este tipo. La solución a
este problema se resuelve en la profesión
estableciendo un marco para la comparación
entre las empresas de las que se tiene
información técnica y económica, para
determinar la situación relativa que
presentan las empresas en ese contexto. A
partir del trabajo de FARRELL (1957) en que
se asientan las bases teóricas para medir la
eficiencia, se han ido desarrollando modelos a
partir de dos enfoques: el no paramétrico y el
paramétrico.
El enfoque no paramétrico se apoya en
técnicas de programación lineal y tiene como
objetivo la evaluación de la eficiencia relativa
de diferentes unidades organizativas. Por
medio de esta técnica se escogen las unidades
más eficientes del conjunto de la muestra, las
cuales conformarán una frontera eficiente que
servirá de referencia para evaluar la
situación relativa de todas las unidades que
forman parte del estudio. La técnica
normalmente empleada bajo este enfoque es
el análisis de datos envolvente (DEA, Data
Envelopment Analysis). El principal
inconveniente que presenta esta metodología
es que requiere que las unidades analizadas
sean homogéneas, circunstancia que no se
cumple en el sector estudiado; una destacada
ventaja es que ofrece información sobre la
eficiencia relativa de todas y cada una de las
unidades tenidas en cuenta en el estudio.
El enfoque paramétrico parte de una
relación matemática funcional
predeterminada entre inputs y outputs.
Obliga, por tanto, a la asunción de una
función definida para la tecnología aplicable
en el proceso productivo y para la
distribución de los residuos. La principal
carencia que presenta esta metodología
frente al análisis envolvente de datos es que
no ofrece información sobre la eficiencia de
las distintas unidades que forman parte del
análisis, sino que los resultados se obtienen
de un modo agregado según la variable de
clasificación tenida en cuenta.
A partir de la revisión efectuada (FIG. 1),
puede decirse que la investigación aplicada
ha optado principalmente por dos vías, la de
resolver sistemas de programación lineal
mediante la técnica de análisis de datos
envolvente para medir la eficiencia
productiva —se tendría en este caso una
medida de la eficiencia relativa de todas las
unidades incorporadas al estudio— y la de
medir la eficiencia asignativa a partir de
funciones de costes que incorporan en la
regresión una variable dummy que informa
sobre la propiedad de la gestión9. La primera
alternativa consiste en poner en relación
cantidades físicas de input y output,
estableciendo comparaciones con la frontera
7 Una importante cuestión que habría que subrayar, por cuanto
condiciona este tipo de análisis es que en actividades con múltiples
output y múltiples input la confección de simples indicadores que
pongan en relación algún input y algún output pueden aportar
información parcial sobre la productividad aparente de los factores,
pero no ofrece el marco más idóneo para pronunciarse sobre la
eficiencia comparada entre las distintas unidades de gestión
tenidas en cuenta, de manera que es obligado el empleo de técnicas
más complejas que tengan en cuenta conjuntamente la máxima
cantidad de información posible sobre output e input.
8 La estimación empírica de la eficiencia asignativa es más
difícil que la estimación de la eficiencia técnica, al ser más
compleja su modelización teórica y al existir más dificultades
para la obtención de datos referidos al coste de los factores que
necesariamente han de tenerse en cuenta en la medición de este
tipo de eficiencia.
9 Recientemente, en trabajos como los de SAAL & PARKER
(2001) y ESTACHE & TRUJILLO (2003) se ha optado por medir la
eficiencia a partir de la elaboración de índices que pretenden
medir la Productividad Total de los Factores.
146 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
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FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
MANN & MIKESELL (1976) EE.UU. Asignativa / Examinaron el comportamiento de los costes unitarios de 214 empresas públicas y 26 privadas. El análisis mostró que las
paramétrico / empresas privadas presentaban por término medio mayores costes de explotación, lo que podría venir motivado por las
corte transversal diferencias existentes en los niveles salariales en ambos tipos de gestión empresarial. En todo caso, se advierte que este efecto
negativo sobre la estructura de costes en la empresa privada se vería al menos parcialmente compensada por la influencia
positiva que ejerce la regulación local sobre la eficiencia y la tendencia de las empresas privadas a contratar un menor número
de trabajadores en relación con la población abastecida.
MORGAN (1977) EE.UU. Asignativa / Se compara la eficiencia entre la gestión pública y la privada, poniendo en relación las estructuras de costes de ambos tipos de
paramétrico / titularidad. El estudio se realizó para 143 empresas de 6 Estados con datos de 1970. En la regresión se incorporaron los costes
corte transversal de explotación, mantenimiento y administración, así como una variable binaria que tomaba valor 1 si la empresa era privada y
valor 0 si era de titularidad pública. Los distintos test realizados permitían concluir que las empresas privadas presentaban
niveles de costes significativamente más bajos que las públicas.
CRAIN & ZARDKOOHI (1978) EE.UU. Asignativa / Hicieron un estudio de la eficiencia comparativa entre 112 empresas del agua, 24 privadas y 88 públicas, de 38 estados de
paramétrico / EE.UU. con datos de 1970, a partir de una función de costes derivada de una función de producción Cobb-Douglas con dos
corte transversal inputs, capital y trabajo, y una variable dummy de propiedad. Los resultados mostraban que los costes de explotación eran
significativamente más elevados en la empresa pública que en la privada. Las estimaciones realizadas sobre la productividad del
factor trabajo y el factor capital permitían concluir que las diferencias observadas en costes entre ambos tipos de gestión eran
debidas a la distinta productividad del factor trabajo. El menor valor añadido medio por trabajador en la empresa pública sugería
que en caso de expansión empresarial, en la gestión pública haría falta un aumento mayor en el número de trabajadores.
FEIGEMBAUM & TEEPLES (1983) EE.UU. Asignativa / Estimaron una función de costes hedónica para el caso de 262 empresas públicas y 57 privadas tomando datos referidos a 1970.
paramétrico / En el estudio incorporaron variables de escenario, generalmente no tenidas en cuenta, al entender que son muchos los factores
corte transversal del entorno que pueden influir en los costes; entre otros aspectos señalan que la distinta calidad del servicio puede explicar
diferencias en los costes de explotación de las empresas, aunque éstas distribuyan un mismo volumen de agua. Los resultados de
la investigación no permitían rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en los niveles de eficiencia entre las empresas de
distinta titularidad1.
BYRNES & GROSSKOPF EE.UU. Técnica / Analizaron la eficiencia empleando técnicas de programación a partir de datos referidos a 1976 de 68 empresas públicas y 59
& HAYES (1986) No paramétrico / privadas. En la investigación se concluye que por término medio el grado de eficiencia de las empresas privadas es del 94%
corte transversal y el de las públicas del 92%. No obstante, al hacer distintos test no se pudo rechazar la hipótesis nula de igualdad de las medidas
de eficiencia técnica obtenidas en la gestión pública y privada del agua.
LYNK (1993) U.K. Asignativa / Propone un análisis a partir de funciones frontera de costes de producción para medir el grado de ineficiencia de la gestión
paramétrico / pública y la gestión privada antes de la privatización que tuvo lugar en 1989. La principal conclusión que puede extraerse es que
datos de panel las empresas públicas en relación a su propia función frontera presentaban menores niveles de ineficiencia que las privadas. Para
el autor las ganancias ocurridas con posterioridad a 1989 en las empresas privadas estuvieron inducidas en gran medida por el
objetivo impuesto por las autoridades de reducción de costes.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 147
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FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades (continuación)
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
LAMBER & DICHEV & RAFFIEE EE.UU. Técnica / Investigaron la eficiencia relativa de las empresas gestoras de los servicios del agua a partir de datos referidos a 1989 de 238
(1993) No paramétrico / empresas públicas y 33 privadas haciendo uso de un análisis envolvente de datos. Según la investigación ni las empresas públicas
corte transversal ni las empresas privadas exhibían un alto grado de eficiencia, debido principalmente a causas técnicas. Las empresas emplean
demasiados input para los niveles de agua provistos a los ciudadanos. En el análisis efectuado las empresas públicas se mostraron
más eficientes en el empleo de todos los factores, considerando el factor trabajo, el capital, los input energéticos y los
consumos intermedios. Además, las empresas se mostraron más eficientes con el tamaño de la escala, no encontrando
diferencias significativas en la evolución de la eficiencia con el tamaño de las operaciones entre los dos tipos de empresa.
RAFFIE & al. (1993) EE.UU. Asignativa / Aportan evidencia empírica sobre la eficiencia comparada entre la gestión pública y la privada a partir de un examen de la
paramétrico / conducta en costes de 238 empresas públicas y 33 privadas con datos de 1989. En la investigación se calculó un índice de
corte transversal eficiencia para determinar en términos porcentuales la diferencia entre los costes de producción observados y el nivel óptimo
para cada una de las empresas. Los resultados ponen de manifiesto que las empresas privadas son más eficientes que las
públicas, y se confirma que las medidas institucionales adoptadas tienen una gran importancia para la determinación de la
conducta de las empresas privadas.
BHATTACHARYYA & PARKER EE.UU. Asignativa / Proporcionaron evidencia empírica de que las empresas públicas son, por término medio, más eficientes que las privadas, si bien
& RAFFIE (1994) paramétrico / existe entre ellas una mayor desviación entre las mejores y las peores. Los autores llegaron a esta conclusión a partir del estudio
corte transversal de la estructura de costes de 225 empresas públicas y 32 privadas con datos referidos a 1992. Las empresas privadas resultaron
más ineficientes técnicamente en el uso del factor trabajo, la energía y otros consumos intermedios. De modo consistente con
la visión generalizada de que se trata de un monopolio natural se encontraron importantes economías de escala en ambos tipos
de propiedad. En este caso las empresas privadas presentaron por término medio un mayor crecimiento en los niveles de
eficiencia con el tamaño de las operaciones.
BHATTACHARYYA & al. (1995a) EE.UU. Asignativa / A partir de una función frontera de costes de producción estocástica, determinaron el grado de ineficiencia de las empresas
paramétrico / privadas y las públicas, teniendo también en cuenta otros factores determinantes. El estudio se basó en datos de 190 empresas
corte transversal públicas y 31 privadas de EE.UU. referidos al año 1992. La primera conclusión a la que se llegó es que ambos tipos de empresa
presentan ineficiencias, si bien, por término medio, los costes de explotación son superiores en la empresa privada que en la
pública. Una segunda conclusión que se extrae del estudio es que el tamaño de actividad es un factor determinante del grado de
ineficiencia empresarial. Así, en empresas de menor de actividad, medida en volumen de agua distribuida, la gestión privada se
muestra más eficiente, mientras que en empresas de mayor actividad, las grandes compañías privadas se muestran mucho más
ineficientes que las públicas.
BHATTACHARYYA & al. (1995b) EE.UU. Técnica / Midieron la eficiencia técnica con datos del año 1992 de 26 empresas de abastecimiento de agua en el ámbito rural del estado
paramétrico / de Nevada empleando funciones de producción frontera. En el modelo se hizo una clasificación de las variables input en tres
8 corte transversal categorías, energía, trabajo y capital, siendo el output el agua total distribuida a los hogares a lo largo de un año. En la
investigación se concluye que el grado de eficiencia técnica del conjunto e empresas analizadas es del 88,24%, y que las empresas
privadas se muestran más eficientes que las públicas.
148 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades (continuación)
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
SHAOUL (1997) U.K. Análisis de estados Hace un análisis del sector tomando datos del período 1985-1995. En su investigación estudió la evolución de magnitudes
contables y financieros / agregadas del sector como las ventas, las compras, el VAB, el empleo o los volúmenes de agua distribuida y depurada. Una
datos de panel primera conclusión a destacar es que rechazó la hipótesis de que la propiedad privada supusiera un aumento en la eficiencia del
sector, así como la noción preconcebida de que la propiedad es el factor más importante para determinar la conducta
empresarial. Asimismo, se rechazó la hipótesis de que todos resultan ganadores tras un proceso de privatización. En este
sentido señala que los precios para los consumidores crecieron en un 50% en el período a estudio, que muchos trabajadores
perdieron su empleo y que se produjo un deterioro en las infraestructuras.
LOBINA & HALL (1999, 2000) Varios países Análisis de casos para Presentan un estudio de casos de distintos países con objeto de demostrar que las empresas públicas no son menos eficientes
diversos países que las privadas, y para defender que la gestión pública presenta como ventaja una mayor sensibilidad respecto de los intereses
de la sociedad. De una parte aportan una visión crítica sobre la privatización, mostrando ejemplos reales de ineficiencia,
restricción de la competencia, corrupción, exceso de beneficios y deterioro en la calidad de los servicios; de otra, se destacan
casos de gestión pública eficiente como los modelos sueco, holandés y alemán y el caso de empresas públicas de Europa Central
y del Este y América del Sur. Los autores subrayan el elevado riesgo asociado al proceso privatizador en el sector debido a la
naturaleza de monopolio natural del conjunto de los servicios del agua.
ASHTON (2000) U.K. Asignativa / A partir de un análisis con datos de panel (10 empresas para el período 1989-1997), empleando una función translogarítmica,
paramétrico / cuantificó el crecimiento en la productividad total de los factores, el cambio tecnológico y los componentes de dicho cambio
datos de panel tecnológico. Las principales conclusiones a las que se llegó en el estudio fueron, en primer lugar, que hay una robusta evidencia
empírica acerca de la existencia de condiciones de mercado que permiten hablar de monopolio natural en el sector, y, en
segundo lugar, que la privatización no ha sido causante del aumento en las variaciones observadas en los niveles de cambio
tecnológico ni en el crecimiento experimentado por la productividad de los factores desde 1989.
JONES & MYGIND (2000) Estonia, Letonia Técnica / Hicieron un estudio de eficiencia comparada a partir de una base de datos de 1.250 empresas pertenecientes a Estonia, Letonia
y Lituania paramétrico / y Lituania para el período 1993-1996. Los resultados reflejan que el impacto de la propiedad privada sobre la productividad varía
datos de panel considerablemente entre los países, de manera que tan solo puede confirmarse de manera parcial la hipótesis de que la empresa
pública es menos eficiente que la privada. Entre los resultados obtenidos cabe mencionar que en algunas estimaciones realizadas
para el caso de Estonia se advierte sobre la superioridad de la propiedad extranjera sobre la nacional, así como el hecho de que
cuando la propiedad recae mayoritariamente en manos de trabajadores los resultados de conducta empresarial son superiores2.
MÉNARD & SAUSSIER (2000) Francia Técnica / En el estudio se emplea información de 2.109 unidades de abastecimiento de aguas para un período de tres años (1993-95) que
paramétrico / representan al 73% de la población francesa. Examinan los factores que influyen en la decisión de la administración de delegar los
datos de panel servicios o realizar la gestión de un modo directo, y hacen un análisis comparado de ambas formas de gestión. Los autores
encuentran que una vez consideradas las diferencias en la calidad del agua no existen diferencias entre la gestión pública y la
privada.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 149
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FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades (continuación)
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
SAAL & PARKER (2000) U.K. Asignativa / Analizaron, a partir de un modelo de función de costes translogarítmica con múltiples output, tanto el impacto de la
paramétrico / privatización en el Reino Unido, como los efectos de la regulación sobre el sector. Asimismo, el modelo se empleó para
datos de panel determinar las posibles economías de alcance en las empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas. El estudio se hizo con
datos del período 1985 a 1999, es decir, cinco años antes de la privatización y diez años después. A partir de las distintas
pruebas llevadas a cabo se concluyó lo siguiente:
1. Se rechazó la primera hipótesis según la cual el proceso privatizador habría significado una reducción en la tendencia de
crecimiento de los costes totales;
2. En cambio sí pudo constatarse la existencia de una tendencia descendente en la evolución de crecimiento de los costes tras
el cambio regulatorio acaecido en 1995. Esto permite concluir que las ganancias en la eficiencia que tuvieron lugar tras la
privatización se debieron, no al cambio en la titularidad de la empresa, si no a los cambios introducidos con posterioridad en
la regulación del sector;
3. Finalmente, las estimaciones realizadas permitieron rechazar la hipótesis sobre la existencia de economías de alcance en el
sector.
SAAL & PARKER (2001) U.K. Asignativa / Analizaron la conducta empresarial tras el proceso de privatización ocurrido en 1989 a través de indicadores de productividad
No paramétrico / total de los factores y productividad del factor trabajo3. La hipótesis de que la privatización ha supuesto una mejora
datos de panel estadísticamente significativa en el crecimiento de la productividad total de los factores fue rechazada. Encontraron que aunque
disminuyó el número de trabajadores, el ritmo de crecimiento de la productividad total de los factores no experimentó una
mejora con respecto del período previo a la privatización. También se concluye que el régimen regulatorio fue algo laxo en el
momento inmediatamente posterior al proceso de privatización, lo que permitió considerables ganancias económicas para las
empresas no atribuidas a mejoras en la productividad. En tercer lugar se ponía de manifiesto que la evolución de la
productividad no es consistente con la hipótesis formulada de que el cambio regulatorio introducido en 1995 promovió que se
produjeran mejoras en la eficiencia, circunstancia que los autores no atribuyen de modo necesario a fallos en la regulación. En
todo caso se subraya que los cambios introducidos en 1995 permitieron detener la evolución experimentada por las ganancias
empresariales en el período previo.
ESTACHE & ROSSI (2002) Sudeste asiático Asignativa / Aportan evidencia sobre la cuestión tomando información referida a 1995 de 50 empresas de 29 países pertenecientes al
paramétrico / sudeste asiático. Con objeto de validar los resultados, se hicieron dos aproximaciones metodológicas distintas, aplicando un
corte transversal modelo de componentes de error y un modelo de efectos de eficiencia técnica. Ambos análisis permiten concluir que no
existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de eficiencia mostrados por las empresas públicas y las privadas.
BOTTASSO & CONTI (2003) U.K. Asignativa / Analizan los efectos de la privatización tomando como referencia el período 1995-2001. El estudio se basa en 177 observaciones
paramétrico / y propone la especificación de una función frontera de costes estocástica. La conclusión más importante a la que se llega en el
datos de panel estudio es que la medida de ineficiencia empresarial ha decrecido de modo persistente a lo largo del tiempo, en torno a un 5%
entre 1995 y 2001, y que los diferenciales en los niveles de ineficiencia entre las empresas reguladas se han reducido de manera
constante. Los autores también ponen de manifiesto que los niveles medios de ineficiencia alcanzados por las empresas del agua
en Inglaterra y Gales pueden considerarse relativamente bajos. Para los autores este proceso se ha debido, en gran medida, a
los cambios regulatorios introducidos en 1994.
150 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
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FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades (continuación)
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
ESTACHE & KOUASSI (2002) África Técnica / El documento analiza los factores determinantes de la eficiencia para 21 operadores de diversos países del continente africano.
paramétrico / A partir de una función de producción frontera se llega a la conclusión de que existe una gran heterogeneidad en la conducta de
datos de panel las distintas unidades estudiadas, así como que la capacidad institucional y de gobierno en los distintos países es fundamental
para la conducta en el sector. Los resultados sugieren que la mayoría de las empresas operan en niveles de eficiencia técnica
muy por debajo de la frontera delimitada por las empresas con mejor conducta de las analizadas. Tan solo un 12,9% de las
unidades analizadas actúan de un modo eficiente en comparación con el resto, encontrando una clara superioridad en la gestión
privada frente a la pública.
ESTACHE & TRUJILLO (2003) Argentina Técnica / El trabajo analiza los efectos sobre la eficiencia técnica debidos a las reformas introducidas en el sector del agua en Argentina en
Índices de productividad / 1991. Más concretamente se muestran estimaciones sobre los avances en la eficiencia experimentados en la productividad total
Datos de panel de los factores en el sector entre 1992 y 2001 a partir de la información obtenida para cuatro empresas. Aunque los mismos
autores advierten de que se cuenta con poca información de partida y hay que ser cauteloso con los resultados, en su análisis
constatan que el avance en la productividad tras las reformas introducidas está en torno al 2% anual. Una importante cuestión
que subrayan es que, una vez privatizado el sector, es esencial que se obligue a las empresas facilitar información sobre su
actividad a efectos de poder ejercer un control sobre su conducta en un escenario caracterizado por la falta de competencia.
KIRKPATRICK & PARKER África Técnica y asignativa / La investigación hace una aproximación a la cuestión de la eficiencia comparada en la gestión del agua a partir de información
& ZHANG (2004) Paramétrico y no referida a 84 unidades en distintos países del continente africano. El estudio encuentra evidencia empírica a partir de la
paramétrico / comparación de distintos indicadores y un análisis envolvente de datos sobre la superioridad de la gestión privada frente a la
corte transversal pública, en particular en términos de productividad del factor trabajo y en fugas de agua en las redes de abastecimiento. Sin
embargo, al hacer un análisis a partir de la técnica econométrica consistente en la elaboración de una frontera estocástica de
función de costes, aunque existan indicios de una mayor eficiencia asignativa de la gestión privada, los resultados no son
estadísticamente significativos.
*** Este trabajo fue criticado por MCGUIRE & OHSFELDT (1986) tanto por considerar inapropiada la metodología empleada como por la inexactitud en la especificación de costes propuesta en la investigación. A juicio de éstos el trabajo
criticado no justifica la inexistencia de diferencias significativas en los niveles de eficiencia cuando se compara la gestión pública y la privada. Con posterioridad, esta crítica sería replicada en los trabajos de TEEPLES & FEIGENBAUM &
GLYER (1986) y TEEPLES & GLYER (1987 a, b), en los que se hizo una defensa conceptual de la metodología empleada y se amplió el número de casos analizados, confirmando que al hacer una consideración conjunta de las empresas de
suministro de aguas no se encuentran diferencias significativas entre los gestores públicos y los privados.
*** A partir de sendas reflexiones teóricas, en los trabajos DE MORSE (2000) y BIRCHALL (2002) se advierte de la superioridad de las empresas de tipo personalista en el caso de la gestión del agua en las ciudades, como las cooperativas,
sobre otras fórmulas empresariales.
*** BOSWORTH & STONEMAN (1998) hacen estimaciones sobre valor añadido por empleado entre 1979 y 1989, y entre 1989 y 1995, llegando a la conclusión de que la productividad del factor trabajo creció por término medio en un
2,2% anual en el primer período, y tan solo en un 0,03% en el segundo período.
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica efectuada.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 151
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más eficiente de todas y cada una de las
unidades del estudio. Entre las variables
output que aparecen en los trabajos que
emplean esta metodología se encuentran el
volumen de agua distribuida, el volumen de
agua depurada, el número de abonados y, en
ocasiones, alguna medida de dispersión de la
población servida; entre las variables input
es usual encontrar el número de empleados,
las cantidades consumidas de energía
eléctrica y alguna proxy del capital, como
puede ser la longitud de la red de
abastecimiento10.
Por su parte, la alternativa que analiza la
estructura de costes de los organismos que
gestionan los servicios del agua en las
ciudades, pone en relación los costes de
explotación, como variable dependiente, con
una matriz de variables explicativas formada
por un vector de variables representativas de
la producción (como el volumen de agua
distribuida o la población abastecida), un
vector compuesto por variables que muestran
los precios de los distintos input (el coste
medio de los asalariados, el precio medio del
Kw y alguna proxy del precio del capital) y un
vector que incluye variables exógenas que
puedan ser relevantes a efectos de poder
establecer comparaciones entre las distintas
unidades incluidas en el análisis. Entre estas
últimas se consideran la distinta titularidad
en la gestión, factores climáticos, factores
geográficos y factores institucionales.
Una carencia de la que suelen adolecer
este tipo de estudios es que no se incluyen
normalmente variables representativas de la
calidad de los servicios prestados. Habría que
tener en cuenta que la distinta calidad del
servicio puede tener efectos importantes
sobre la estructura de costes en las distintas
unidades, de manera que una mayor
eficiencia técnica o asignativa podría deberse,
aunque fuera en parte, a una menor calidad
en el servicio. En la revisión efectuada se han
encontrado escasas referencias, pudiendo
citar la consideración de la calidad del agua y
el tratamiento sanitario recibido en los
trabajos de MORGAN (1977) y MÉNARD &
SAUSSIER (2000), el grado de pérdidas de
agua en el suministro en el estudio de
BHATTACHARYYA & al. (1995a) y las horas al
día en que se presta el servicio de
abastecimiento en ESTACHE & ROSSI (2002) y
KIRKPATRICK & al. (2004)11.
Otra clasificación de este tipo de
investigaciones podría hacerse atendiendo a
la base de datos sobre la que se asienta el
análisis. La opción mayoritariamente seguida
en los estudios encontrados es la de trabajar
a partir de series de corte transversal. Esta
forma de recogida de información permite
reconocer la eficiencia comparada entre
ambas formas de propiedad de la gestión en
un momento determinado del tiempo. La otra
alternativa del investigador es trabajar con
datos de panel, lo que permite no sólo la
comparación en un momento del tiempo, sino
también, lo que tiene una gran importancia
para observar los efectos de una modificación
en la regulación, los cambios experimentados
en el transcurso de los años en la conducta
empresarial. Aunque esta segunda opción sea
más enriquecedora para la investigación,
huelga decir que si ya de por sí existen serias
dificultades para la obtención de datos de
corte transversal, los problemas se
multiplican cuando se desea obtener
información para distintos años. De ahí que
hayan proliferado más los análisis de corte
transversal que los que se han sustentado
con datos de panel, que son más recientes en
el tiempo.
Una primera conclusión que se puede
extraer de la investigación llevada a cabo
hasta la fecha es que no existe evidencia
irrefutable sobre la superioridad de un tipo
de gestión sobre la otra, al encontrar una
diversidad de trabajos que apoyan las tesis
contrarias, así como otros en los que, aun
existiendo indicios a favor de una u otra
forma de gestión, no puede llegarse a
conclusiones estadísticamente significativas:
trabajos en los que se concluye sobre la
mayor eficiencia cuando la gestión es pública
son los de MANN & MIKESELL (1976),
BRUGGINK (1982), LAMBER & al. (1993) Y
BHATTACHARYYA & al. (1994, 1995b);
estudios en los que se concluye sobre la
superioridad de la gestión privada en
términos de eficiencia son los de MORGAN
(1977), CRAIN & ZARDKOOHI (1978),
BHATTACHARYYA & al. (1995B) y ESTACHE &
10 También se han encontrado otras variables que han tratado
de capturar los efectos de la procedencia del agua, al distinguir
entre agua recogida de las precipitaciones, agua procedente de
acuíferos subterráneos y agua comprada a otros organismos.
11 Evidentemente, esta última variable representativa de la
calidad en el servicio únicamente tiene sentido en países en
desarrollo.
152 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
KOUASSI (2002); finalmente, no se obtienen
resultados que permitan concluir sobre la
superioridad de una forma de titularidad en
la gestión en las investigaciones de
FEIGENBAUM & TEEPLES (1983), BYRNES &
al. (1986), FOX & HOFLER (1986), JONES &
MYGIND (2000), MÉNARD & SAUSSIER (2000),
ESTACHE & ROSSI (2002) y KIRKPATRICK & al.
(2004). La variabilidad en los resultados
puede deberse a diversos factores:
1. La distinta metodología empleada para
realizar las pruebas;
2. El período elegido para llevar a cabo el
estudio;
3. Los distintos condicionantes del marco
regulador e institucional vigentes en
cada país;
4. La especificación del modelo.
Sobre la especificación del modelo habría
que subrayar que muy posiblemente en este
sector factores como la orografía, la
climatología, las fuentes de obtención del
agua y las características y el ámbito de la
población atendida sean determinantes más
influyentes sobre el grado de eficiencia
empresarial que la propiedad de la empresa,
de manera que obviar alguna de estas
variables podría tener efectos de
consideración para las conclusiones de la
investigación. Además, habría que advertir
nuevamente, como principal laguna
detectada en la revisión efectuada, que los
estudios no suelen tener en cuenta la calidad
del servicio, aspecto que sería oportuno
considerar para futuros trabajos. A
consecuencia de su omisión, no se estarían
recogiendo las posibles relaciones de
intercambio existentes entre la eficiencia y la
calidad. Como se apuntaba anteriormente,
sería interesante introducir alguna variable
proxy de la salubridad de las aguas, ya que
unos menores costes de producción podrían
deberse en buena medida a unos menores
gastos realizados por la empresa para llevar
a cabo el proceso de tratamiento de las aguas.
Otra variable a introducir sería alguna que
recogiera el estado de conservación de la red,
como el grado de fugas existente. En este
caso, se trataría de detectar si unos mejores
resultados empresariales podrían estar
relacionados, al menos en parte, con unos
menores niveles de inversión para el
mantenimiento y la mejora de la red.
Como consecuencia de la anterior, una
segunda conclusión que se extrae es que en
sectores como el del agua un simple cambio
en la propiedad de la empresa no garantiza
una mayor eficiencia (LYNK, 1993; SHAOUL,
1997; ASHTON, 2000). El mero hecho de
traspasar la propiedad a manos privadas no
asegura por sí solo una mejor conducta
empresarial: en todo caso, cualquiera de las
formas de privatización podría aumentar la
eficiencia siempre y cuando se proceda
previamente a liberalizar los mercados y a
establecer sistemas de control que fomenten
la competencia. En definitiva, la
privatización en el sector del abastecimiento
y suministro de agua en núcleos urbanos no
es la panacea, ya que su existencia no
asegura por sí misma la desaparición de los
fallos del estado. En estos casos es necesaria
una regulación y un control que aseguren el
mantenimiento de un escenario bajo el que se
dé la competencia y existan incentivos que
tiendan a fomentar la eficiencia empresarial
(LITTLECHILD 1986; REES, 1998).
Finalmente, y tomando como referencia más
significativa el caso de Inglaterra y Gales,
podría concluirse que los efectos positivos de la
privatización y la regulación que la acompaña
tardan algunos años en dejarse notar.
Seguramente, entre otros posibles factores, se
debe a que con el paso del tiempo se tienen
más elementos de juicio para detectar los
errores del marco regulador que deben
cambiarse para propiciar una mejor conducta
empresarial. En el caso mencionado, parece
que la regulación fue algo laxa en principio
para asegurar la viabilidad de las empresas y
que las posteriores revisiones en la regulación
trajeron consigo mejoras para los consumidores
(SAAL & PARKER, 2000; BOTTASSO & CONTI,
2003). En este caso parece haber sido decisiva
la existencia de un organismo regulador
independiente que controla de modo
permanente la conducta en el sector.
De un modo premeditado no se ha hecho
hasta el momento ninguna referencia al caso
español, pero, qué se puede decir sobre el
estado de la cuestión en España. Más
concretamente, qué régimen de gestión de los
servicios del agua en baja existe en España a
socaire de la normativa vigente, y en qué
sentido se pronuncia la investigación
aplicada sobre la superioridad en la
titularidad de la gestión desde el punto de
vista de la eficiencia.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 153
Ministerio de Vivienda
5. ¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA
CUESTIÓN EN ESPAÑA?
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local establece en el
capítulo III que el municipio, para la gestión
de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal, llegando a citar expresamente entre
tales competencias los servicios de
suministro de agua, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales. En todo
caso la norma no obliga a que el propio
Ayuntamiento sea quien diligencie estos
servicios, de manera que se contemplan
distintas formas de gestión: la efectuada
desde el propio Ayuntamiento, la llevada a
cabo mediante empresa pública, la realizada
a través empresa mixta y la ejercida desde
una empresa privada —esta en régimen de
concesión, gestión interesada, arrendamiento
o concierto—12.
De un modo genérico SOLER (2003) arguye
que el posible interés que pueden tener los
órganos de gobierno local por la incorporación
en la gestión del agua del sector privado
vienen dadas por las mayores facilidades que
se le atribuyen para captar recursos
financieros, los avances en la tecnología que
se derivan de su saber hacer, fruto de la
experiencia en el sector, y la respuesta más
rápida a los nuevos requerimientos de la
sociedad en los distintos ámbitos de la
gestión del agua. De un modo más concreto
MIRALLES (2004) cita las causas que
permiten explicar por qué los gobiernos
locales han decidido en un buen número de
casos traspasar las competencias que en
materia de aguas les encomienda la Ley
7/198513:
1. En el decenio de 1980 parece que la
combinación de altas necesidades de
inversión en unas instalaciones
descapitalizadas y una cierta escasez de
fondos públicos para acometerlas fue
decisivo para que los municipios con una
alta demanda de agua para usos
residenciales (municipios mayores) y una
alta demanda estacional (principalmente
en el litoral) optaran por privatizar los
servicios de agua en baja.
2. La combinación de un elevado
endeudamiento y la restricción en los
ingresos ocurrida en los noventa parece
que aumentó las probabilidades de la
privatización durante este decenio.
3. Finalmente, y en años más recientes, el
efecto proximidad podría ser el principal
factor explicativo de las decisiones de
privatización. El político local al conocer
la experiencia privatizadora de
municipios con lindes al suyo reduce la
incertidumbre asociada con la posible
decisión de privatizar los servicios del
agua en su ciudad.
La cuestión es que el marco regulador
vigente en España desde mediados del
decenio de 1980 ha terminado propiciando
que las competencias estén muy repartidas
en lo que se refiere a la gestión de los
servicios del agua en las ciudades: la
intervención directa desde los Ayuntamientos
afecta al 6% de la población; la actuación de
las empresas públicas tendría incidencia
sobre el 42% de la población nacional; la
empresa mixta gestiona los servicios de agua
en baja del 11% de la población; y,
finalmente, la empresa privada tiene
asumidas las competencias de la gestión del
agua sobre un 40% de la población
—quedaría un 1% para otras formas de
gestión—. En la empresa pública es
normalmente el Ayuntamiento quien
controla la totalidad del capital, si bien en
algunos casos, al crearse consorcios para la
gestión conjunta a través de sistemas de
abastecimientos supramunicipales, el capital
está repartido entre diversos municipios y la
diputación provincial. En la parte privada del
sector un rasgo característico es la existencia
de unas pocas empresas que se reparten una
elevada cuota de mercado. La concentración
que caracteriza a esta parte del sector puede
tener una lectura positiva, ya que se habría
gestado un escenario en el que se podrían
aprovechar mejor las economías de escala y
de conocimiento; pero también puede tener
una lectura negativa, ya que las posibilidades
de colusión son mayores.
12 Sobre esta cuestión se puede ver GONZÁLEZ (2005).
13 Serían las razones que se muestran más plausibles y con
un mayor refuerzo empírico a raíz del novedoso estudio realizado
por MIRALLES (2004).
154 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
De otra parte, desde el punto de vista
metodológico, el investigador debe ser
consciente de que se enfrenta a un sector
muy heterogéneo. En este orden de ideas, y
por lo que se refiere a las competencias
asumidas, habría que decir que hay
empresas que comprenden todas las
funciones relacionadas con el ciclo integral
del agua (básicamente, abastecimiento,
saneamiento y depuración), mientras que
otras se dedican tan solo al suministro.
Además, a ello habría que añadir que no es
infrecuente que estas empresas lleven a cabo
también otro tipo de actividades en el ámbito
local no relacionadas con la gestión del agua,
como la recogida de basuras, la gestión del
cobro de otros servicios municipales o la
realización de obras. De modo añadido, y por
lo que se refiere al ámbito de actuación, cabe
decir que hay organismos que prestan
servicios a un solo municipio —pudiendo
existir una desviación considerable en el
tamaño de la población— y organismos que
atienden a un número de poblaciones que
puede incluso sobrepasar la treintena,
normalmente organizadas en torno a
consorcios o mancomunidades.
Transcurridos ya veinte años desde que la
legislación brindara la posibilidad de delegar
la gestión de los servicios del agua en las
ciudades al sector privado, qué resultados ha
obtenido la investigación en España en el
campo analizado. En este momento sería
interesante poder contestar sin ambages a
estas dos cuestiones: en primer lugar, ¿se
han conseguido avances en la eficiencia como
consecuencia de adoptar la decisión de
externalizar los servicios?; y, en segundo
lugar, ¿qué tipo de gestión se muestra
superior en términos de eficiencia de las
cuatro formas posibles de titularidad
reconocidas? Este segundo aspecto sería casi
una necesidad habida cuenta de que en
España no se ha creado un órgano
independiente de control de la actividad en el
sector, al modo en que se creó en Inglaterra y
Gales cuando se optó por la privatización del
servicio14, de manera que salvo el control que
en manos poco expertas puede recaer sobre el
propio Ayuntamiento no existe otro elemento
corrector de posibles conductas no deseables.
Desafortunadamente en España no existe
evidencia empírica sobre la cuestión15, lo que
resulta paradójico si tenemos en cuenta que,
tal y como acaba de exponerse, se trata de
una nación que ha creado desde la década de
los 80 del siglo pasado un marco propicio
para la cesión de la gestión del agua en las
ciudades por parte de la administración local
y cuando, de hecho, nos encontramos con que
a lo largo de la geografía nacional existe un
reparto entre la gestión pública y la privada
que ofrece un escenario idóneo para la
realización de este tipo de análisis. Tal vez
este aparente olvido se deba a las dificultades
encontradas por el investigador para poder
confeccionar una base de datos a partir de la
que efectuar un análisis de eficiencia en el
sector. Una posibilidad para la obtención de
tales datos sería dirigirse directamente a los
operadores del sector, sin embargo,
normalmente, cuando se pide información
detallada sobre variables económicas
relacionadas con la gestión, existe una cierta
reticencia en el momento de facilitar datos.
Una alternativa sería la de acudir a los
registros mercantiles para obtener los
estados contables que, en el cumplimiento de
la normativa vigente, han de depositar las
empresas, tanto públicas como privadas. En
este caso el problema es que la información
que puede conseguirse no es lo
suficientemente exhaustiva y aunque puedan
obtenerse ciertos datos sobre ingresos y
costes empresariales a un nivel agregado, se
carecería de información sobre ciertas
variables físicas necesarias para efectuar el
estudio de eficiencia. Finalmente, otra opción
sería la de acudir a las respectivas
Comisiones de Precios provinciales y
autonómicas para captar la información
reflejada en los expedientes de revisión de
14 En 1989 se llevó a cabo en Inglaterra y Gales un proceso
de privatización integral de los servicios del agua en las
ciudades, que entre otros aspectos supuso que las diez
autoridades regionales existentes fueran privatizadas y que se
creara un nuevo marco regulatorio del sector así como la creación
de un organismo de control (Office of Water Services, OFWAT).
Uno de los rasgos característicos más destacados de la regulación
inglesa es que se controlan los precios mediante una versión del
sistema RPI-X del modelo de price cap, que se revisa cada cinco
años (COWAN, 1994; BOTASSO & CONTI, 2003).
15 Únicamente se tiene constancia del trabajo de ORDÓÑEZ &
BRU (2003), excesivamente localista, en el que se hace un
análisis envolvente de datos para el caso de la provincia de
Málaga a partir de la información recabada de 10 unidades, en el
que el output es el agua facturada en metros cúbicos al año y los
input son los gastos de personal y el resto de gastos de
explotación. En las conclusiones se mantiene que el tipo de
propiedad no es garantía de una mayor eficiencia.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 155
Ministerio de Vivienda
tarifas que algunas de estas entidades están
obligadas a presentar. El problema en este
caso vendría determinado, en primer lugar,
porque la información se encuentra muy
diseminada entre las distintas Delegaciones
de la Hacienda Autonómica, en segundo
lugar, porque no todos los operadores revisan
las tarifas con periodicidad anual y, en tercer
lugar, y más importante, porque la
legislación que regula los sistemas tarifarios
en los últimos años se ha venido inclinando
por que las tarifas del agua sean
consideradas como una tasa, de manera que
no habría obligación de depositar los
expedientes de revisión de tarifas en la
comisión de precios, y no como un precio
privado sujeto a intervención pública. De
hecho, a raíz de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre,
en relación con la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, y la posterior
reforma legislativa efectuada por la Ley
25/1998, de 13 de julio, de modificación del
Régimen Legal de las Tasas Estatales y
Locales, tiende a disminuir el número de
operadores que considera las tarifas como un
precio.
Casi sin poder evitarlo, al final de este
trabajo queda una duda razonable, ¿se ha
planteado correctamente en España el marco
legal e institucional en el que tiene lugar la
cesión de la gestión de los servicios del agua
en baja? Cuando ya son muchos los
municipios que han trasferido estas
competencias nos encontramos con que
además de no existir la suficiente
transparencia en un sector en el que existen
serias dificultades para introducir la
competencia y no se han realizado estudios
de eficiencia comparada, no existe un
organismo independiente que fiscalice la
actuación de las entidades que operan en el
sector. ¿Qué elementos de juicio se tienen
entonces para saber si los entes del sector,
tanto públicos como privados, están actuando
de un modo eficiente? ¿Con qué lógica
económica se pueden pronunciar los órganos
de gobierno local para mantener la gestión de
los servicios en sus manos o cederla a alguna
de las formas de privatización que contempla
la normativa? Un análisis de eficiencia a
partir de la metodología ya experimentada en
otras naciones podría resultar de interés a
los efectos siguientes: en primer lugar, para
intentar determinar si, a partir del marco
legal e institucional gestado, alguna de las
formas de titularidad concebidas se muestra
superior en términos de eficiencia o si,
simplemente, la titularidad no es un factor
determinante para explicar las posibles
diferencias encontradas en la conducta; y, en
segundo lugar, para poder pronunciarse
acerca de si sería conveniente introducir
cambios de carácter estructural, ya sea
orientados a modificar la legislación, ya sea
para introducir órganos de control directo, en
ambos casos con la pretensión de conseguir
mejoras en la eficiencia.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el decenio de 1980 las economías
han estado inmersas en procesos de
liberalización consistentes en la
introducción de cambios regulatorios en los
mercados para crear escenarios de mayor
competencia y posibilitar la entrada a la
iniciativa privada en aquellas actividades
tradicionalmente reservadas a la acción
pública. Esta forma de hacer política ha
tenido como fin primordial la consecución de
mejoras de eficiencia en el ejercicio de la
actividad económica que contribuyeran a la
obtención de unas mayores cotas de bienestar
social.
En el ámbito de la privatización los casos
que han gozado de una mayor atención
política y académica han sido los
protagonizados por las empresas de mayor
dimensión, tradicionalmente asentadas en
sectores donde se ha asumido la existencia de
importantes economías de escala, como, por
ejemplo, el sector aéreo, la telefonía básica y
el sector eléctrico. Con el paso del tiempo, la
investigación ha tratado de cuantificar la
desviación entre los efectos esperados a priori
con la implantación de los cambios en la
regulación y lo realmente conseguido, así
como aportar consistencia al debate todavía
abierto que intenta pronunciarse sobre cuál
de las dos formas de gestión se revela más
eficiente: la pública o la privada.
Por su parte, en mercados más
fragmentados, en los que la empresa alcanza
una menor dimensión media, normalmente
de ámbito local, la investigación ha sido
menos ingente. Este ha sido claramente el
caso de la gestión del agua en las ciudades. Si
bien es cierto que existe en la actualidad una
honda preocupación por introducir cambios
en los distintos niveles de la gestión del agua
que permitan hacer un uso más racional y
eficiente de los recursos hídricos, habría que
reconocer igualmente que la investigación no
se ha mostrado tan fecunda a efectos de
mensurar los cambios promovidos por las
reformas en la regulación e intentar resolver
si algún tipo de titularidad en la gestión se
muestra superior en términos de eficiencia.
Ministerio de Vivienda
CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales, XXXVIII (147) 2006 139
¿Está justificada la privatización de la gestión
del agua en las ciudades? Teoría y evidencia
a partir del criterio de eficiencia
Departamento de Economía Aplicada Universidad de Granada.
RESUMEN: En este artículo se presenta una revisión de aquella investigación realizada a nivel internacional
que ha tenido como principal objetivo determinar cuál de las formas de titularidad en la gestión del agua en
baja, la pública o la privada, se muestra superior en términos de eficiencia. Tras ofrecer argumentos a favor
y en contra de la privatización, y mostrar una panorámica de la investigación aplicada, se concluye que
no existe evidencia irrefutable sobre la superioridad de una forma de gestión sobre la otra; que un simple
cambio en la propiedad de la empresa no garantiza una mayor eficiencia; y que los posibles efectos del proceso
privatizador tardan algunos años en dejarse notar. Asimismo, y por lo que hace referencia al tema analizado,
en la parte final del trabajo se hace una breve reseña sobre el estado de la cuestión en España.
DESCRIPTORES: Abastecimiento de agua. Gestión del agua. Economía urbana. Economía del agua.
Francisco GONZÁLEZ GÓMEZ
Recibido: 15.02.2005. Revisado: 13.07.2005.
e-mail: fcojose@ugr.es
web: http://www.ugr.es/local/fcojose
Agradezco muy sinceramente a los evaluadores de la
Revista las sugerencias realizadas para mejorar la estructura
y los contenidos del artículo. Asimismo, deseo agradecer el
apoyo prestado por parte del Instituto del Agua en Andalucía
y del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Granada durante el tiempo en que se llevó a cabo este
estudio.
140 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
Centrándonos en este ámbito, el de la
gestión del agua en las ciudades, en este
artículo se propone una revisión de la
literatura teórica y empírica existente que
permita tener una perspectiva sobre los
argumentos y contraargumentos del proceso
privatizador bajo la óptica de la eficiencia, así
como una visión de las principales
conclusiones dimanadas de la investigación
realizada hasta la actualidad. Se pretende de
este modo aportar algo de luz sobre el debate
que tiene como fin determinar cuál de las dos
formas de titularidad en el sector de
empresas que gestionan los servicios de agua
en baja se muestra superior en términos de
eficiencia, así como introducir algunos
elementos de juicio para reflexionar acerca de
la necesidad de abordar algún cambio en el
marco normativo español, tendente a
procurar una mayor transparencia en el
sector y a controlar en mayor medida la
conducta de las empresas, tanto de
titularidad pública como privada. Para ello se
propone la siguiente estructura de trabajo: en
el segundo apartado, se hace una reseña
sobre los servicios del agua en las ciudades y
se destacan algunas características
determinantes de la actividad en el sector; en
el tercer apartado, se muestra una revisión
teórica de los argumentos a favor y en contra
del proceso privatizador; en el cuarto
apartado, se hace un repaso de la
investigación aplicada llevada a cabo en el
contexto internacional que trata de resolver
cuál de las formas de gestión, pública o
privada, se muestra superior en términos de
eficiencia; finalmente, se cierra el trabajo con
un apartado que trata el estado de la
cuestión en España.
2. LOS SERVICIOS DEL AGUA
EN LAS CIUDADES
El agua es un bien indispensable para la
vida que presenta importantes connotaciones
de tipo económico, social y medioambiental
(OECD, 2003). La consideración conjunta de
estas características invita a introducir
criterios de racionalidad económica en los
distintos ámbitos de su gestión con objeto de
promover un uso más eficiente del recurso,
garantizar el suministro de un modo regular
a los ciudadanos a lo largo de todo el año, y
contribuir a la conservación medioambiental.
El conjunto de los servicios del agua en las
ciudades conforma el denominado ciclo
urbano del agua. Son actividades de este
ciclo la captación de agua, su tratamiento
para garantizar la salubridad, el
abastecimiento en baja (hogares, industria y
otros organismos), la recogida de aguas
residuales a través del alcantarillado, la
depuración de aguas recogidas y el vertido
final al dominio público hidráulico.
Respecto de las características económicas
relacionadas con los servicios del agua, cabe
señalar las siguientes particularidades
condicionantes del sector:
— Al margen de otros posibles usos, el agua
es un bien necesario para la vida cuya
correcta provisión genera importantes
externalidades positivas. Se deduce de
ello el interés para el bienestar social de
garantizar la universalización del servicio
bajo unas ciertas condiciones de
salubridad.
— Es un sector muy intensivo en factor
capital y con elevados costes fijos, dándose
la circunstancia de que las duplicidades
de las redes de abastecimiento y
saneamiento resultan ineficientes (KNAPP,
1978; HAYES, 1987; BISHOP & al., 1994;
SEPÄLÄ, 2001). Los servicios del agua en
baja presentan importantes economías
relacionadas con el tamaño de la
producción1 que hacen que el sector
presente una estructura de monopolio
natural y, en esencia, una situación
próxima a la ausencia de competencia2.
1 Más concretamente, GARCÍA & THOMAS (2001:13-15)
identifican hasta tres posibles tipos de economías asociadas con
la producción: economías de densidad de producción, economías
de densidad de clientes y economías de escala. Las economías de
densidad de producción tienen lugar cuando al aumentar la
producción para un cierto tamaño de red y un número de clientes
dados, disminuyen los costes variables medios; las economías de
densidad de clientes se presentan cuando una industria se
muestra más eficiente al aumentar la producción para satisfacer
la demanda de nuevos consumidores, para un cierto tamaño de
red fijo; y, las economías de escala tienen lugar cuando un
incremento en la producción, junto con un incremento en el
número de clientes y el número de municipios, reduce los costes
medios —sería el caso típico en el que varios municipios se unen
para ser abastecidos por un mismo operador urbano—.
2 En comparación con los sectores de las telecomunicaciones,
la electricidad y el gas, en los servicios del agua son más
evidentes las condiciones que dan lugar al monopolio natural
(COWAN, 1993; VICKERS & YARROW, 1988; ELNABOULSI, 2001).
Según ELNABOULSI (2001:520), la naturaleza del sector hace que
no sea posible ni deseable la competencia directa entre las
empresas.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 141
Ministerio de Vivienda
Estos condicionantes han conducido a
que en el sector del agua, como en otros
casos de monopolio natural, la opción
tradicionalmente defendida haya sido la
intervención pública directa. Al no guiar
su conducta por criterios crematísticos,
durante mucho tiempo se ha creído que la
intervención pública creaba el marco de
actividad más adecuado para evitar que se
produjera una situación de abuso del
gestor por situación de dominio,
garantizar la universalización del servicio
bajo las condiciones de salubridad
contempladas en la normativa vigente y
posibilitar en mayor medida la protección
medioambiental.
No obstante, contrariamente a esta
tradición, las distintas formas de
intervención pública están siendo objeto de
revisión en nuestros días, y, de ellas, la
provisión directa de bienes y servicios es la
fórmula más cuestionada. Razones de índole
económica, financiera y política han
impulsado un proceso progresivo de
privatización de actividades y empresas en
distintos sectores, entre los que también se
encuentra la gestión del agua en las
ciudades. Esta corriente privatizadora se ha
extendido con distinta intensidad en el sector
analizado a un cierto número de países,
pudiendo encontrar situaciones diversas:
casos de completa privatización serían los de
Inglaterra y Gales, y la República Checa; en
naciones como Estados Unidos y Australia se
comparte a partes desiguales la propiedad de
las infraestructuras y la gestión de los
servicios entre la iniciativa pública y la
privada; en países como Francia, Portugal y
Hungría está extendida la fórmula de la
concesión; mientras que todavía se encuentra
de modo exclusivo o mayoritariamente la
tradicional forma de gestión directa o
delegada a gestores públicos en Austria,
Bélgica, Dinamarca, Canadá, Grecia,
Finlandia, Irlanda, Italia, Japón,
Luxemburgo, Polonia, Suiza, Corea y Suecia
(OECD, 1999; 2004).
En todo caso, y con independencia de las
razones que pudieran haber respaldado las
decisiones de delegar la gestión de los
servicios del agua en baja por parte de los
gobiernos locales, lo cierto es que este
escenario que se ha venido gestando desde
la década de los ochenta plantea un
interrogante: ¿cuál de las distintas formas
de gestión se muestra más eficiente? En
caso de poder llegar a una conclusión
incontestable, o en su defecto a indicios
relevantes, el órgano de gobierno municipal
dispondría de una información de gran
trascendencia para la toma de decisiones.
En suma los órganos de gobierno local
podrían decidir sobre el tipo de titularidad
más idóneo para asumir la gestión de los
servicios del agua: bien adoptando la
decisión de privatizar los servicios bajo
cualquiera de las formas que permita la
normativa en cada nación; bien adoptando
una nueva decisión llegado el momento en
que expire la concesión del servicio en caso
de haberse procedido previamente a la
privatización de la gestión.
3. ARGUMENTOS A FAVOR
Y EN CONTRA DEL PROCESO
PRIVATIZADOR
Desde el punto de vista de la eficiencia
económica3, factor que tiene una importante
incidencia para la gestión del recurso y los
intereses del consumidor, se ha
desarrollado una amplia literatura con
argumentos a favor y en contra de la
privatización. Para justificar el proceso
privatizador que se está produciendo desde
hace algo más de dos décadas, se esgrimen
argumentos de naturaleza financiera,
económica y política. Obviando la
motivación principal que pueda esconderse
tras la decisión de privatizar, en última
instancia, lo deseable para el bienestar
social sería que el proceso privatizador se
tradujera en una mejora en la gestión del
servicio. Y es precisamente esta cuestión
sobre la que se quiere prestar la atención en
las siguientes líneas. Bajo el prisma de la
eficiencia, en un principio se mostrarán
cuáles son los principales argumentos a
favor y en contra de la privatización de la
gestión del agua en las ciudades, para, en
un apartado posterior, hacer una revisión
de los principales resultados obtenidos por
la investigación empírica realizada hasta la
fecha.
3 Aunque en el apartado 4 se haga una reseña sobre los tipos
de eficiencia evaluados en los trabajos de investigación
consultados, para el lector no familiarizado con el concepto se
recomienda hacer una revisión de los trabajos de ÁLVAREZ (2001)
y LOVELL & MUÑIZ (2003).
142 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
3.1. A favor del proceso privatizador
A favor del proceso privatizador, teniendo
presente como objetivo la mejora en la
eficiencia de la gestión, se esgrimen la Teoría
de la Agencia, la Teoría de la Elección
Pública, la multiplicidad de objetivos a los
que suele atender la empresa pública, las
relaciones laborales y el proceso de elección
de los directivos.
A partir de la Teoría de la Agencia podría
deducirse que en la empresa pública existe
un menor incentivo y menores posibilidades
que en la empresa privada para llevar a cabo
un control de la actividad de los gestores del
que pueda esperarse una mayor eficiencia
empresarial. Existe una relación de
principal-agente cuando el propietario
(principal) de la empresa encarga a un gestor
(agente) que tome las decisiones
empresariales. El problema desde el punto de
vista de la eficiencia surge cuando, a socaire
de una situación de información asimétrica
en un escenario en el que los objetivos del
agente y el principal no coinciden, la
dirección no actúa en pro de los intereses del
propietario. Según ALCHIAN & DEMSETZ
(1972) los costes de la agencia vendrían
representados por la desviación producida
entre los objetivos perseguidos por el
propietario y el agente, y por los costes de
control en que tendría que incurrir el
propietario si quiere asegurarse de que la
conducta del gerente responde a sus
intereses.
La cuestión es que en la empresa pública
los costes de la agencia se suponen a priori
superiores que en la privada. Ello es debido a
que en la empresa pública existe una mayor
distancia entre el propietario de la empresa y
el gestor —existe una doble relación de
principal-agente, mientras que en la empresa
privada tan sólo se reconoce una relación de
este tipo—, ya que los costes de control del
directivo son mayores en la empresa pública
que en la privada4.
En otro orden de ideas, según la Teoría de
la Elección Pública es posible esperar un
comportamiento menos eficiente por parte de
los gestores públicos, en este caso burócratas
de alto nivel, ya que éstos no persiguen los
intereses generales de los ciudadanoselectores,
al ser el fin último de su actuación
la defensa del propio interés. La existencia de
gerentes egoístas sería origen de la discreción
directiva y el comportamiento ineficaz en el
sector público. Los burócratas tienen sus
propios objetivos que no necesariamente
coinciden con los de los votantes. En línea
con los costes de ineficiencia X de
LEIBENSTEIN (1966), aplicado a la empresa
pública, podrían citarse, entre otros, como
objetivos perseguidos por el burócrata el
aumento del personal, la seguridad laboral,
un despacho más grande y con mobiliario
más lujoso, mayores posibilidades de ocio o
mayores niveles salariales. Al no poder
apropiarse de una renta monetaria, como
parte del excedente entre los ingresos y los
costes de la actividad empresarial, los
burócratas podrían pretender aprovecharse
indirectamente empleando ese excedente en
la apropiación de otros factores productivos
que les proporcionen un aumento de la
utilidad personal, aunque vaya en
detrimento de la eficiencia en la gestión.
Otro factor que podría restar eficiencia a
la actividad pública sería la existencia de una
4 Sobre la primera cuestión habría que decir que existe una
primera relación de principal-agente en la gestión pública, en la
que el principal está formado por el conjunto de los ciudadanos y
el agente sería el equipo de gobierno local en el que los electores
depositaron su confianza. Además, habría una segunda relación
de principal-agente, ya que los políticos electos transfieren la
responsabilidad de la gestión del servicio a otros cargos
directamente nombrados. Esta doble relación de principal-agente
aumenta la probabilidad de que se produzca una desviación entre
los intereses de los ciudadanos y el resultado de la gestión del
servicio. Frente a esta situación, en el caso de la empresa privada
tan sólo habría una relación de este tipo, donde el principal estaría
representado por los accionistas de la empresa y el agente sería el
equipo gestor. En este caso, la privatización podría reducir las
relaciones de la agencia y, por tanto, los costes relacionados.
En segundo lugar, habría que añadir que los costes asociados
con el control de la gestión serán mayores en la empresa pública
que en la privada. Si bien es cierto que los ciudadanos poseen
unos derechos de propiedad que les facultan para ejercer el
control sobre la gestión, éstos se caracterizan por estar
altamente diluidos entre la población y por los elevados costes de
su ejecución. El ejercicio del derecho de propiedad es costoso,
pudiendo manifestarse por un cambio de residencia a otro
municipio, donde la gestión sea realizada por un responsable
distinto, o forzando un cambio en el equipo de gobierno local a
partir de un proceso electoral en el que cada voto tiene un peso
demasiado pequeño para ser tenido en cuenta. A ello habría que
añadir que, normalmente, los ciudadanos poseen escasa
información sobre el funcionamiento de las empresas públicas y,
por tanto, carecen de incentivo para ejercer el control.
Por su parte, en la empresa privada los propios mercados
introducen mecanismos de control que se erigen en garante de la
gestión eficiente. Cuando los mercados revelan una mala gestión
el propietario puede reaccionar despidiendo al equipo directivo o
vendiendo su participación empresarial. La amenaza de un
posible despido puede suponer un incentivo suficiente para que
la gestión persiga la maximización del beneficio. Igualmente, los
mercados de crédito pueden constituir una buena señal de una
gestión ineficiente, ya que los préstamos solicitados serían
concedidos con una prima de riesgo más elevada.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 143
Ministerio de Vivienda
multiplicidad de objetivos a cumplir que
relegaran lo económico a un segundo plano.
Mientras que en la empresa privada existe
un objetivo prioritario de maximización del
beneficio, en la gestión pública conviven
diversos fines. En este segundo caso se
intenta compatibilizar la gestión eficiente con
el interés general y los intereses del partido,
en suma, una combinación de objetivos
económicos, sociales y políticos, en algunas
ocasiones contrapuestos. Un mayor peso de
los objetivos sociales y políticos en la toma de
decisiones de la gerencia dificultaría el logro
de la eficiencia empresarial. En la gestión
pública aunque se perpetúe un estado de
generación de pérdidas la conducta puede
mantenerse en el tiempo, ya que, en última
instancia, siempre quedará el recurso a la
percepción de subvenciones procedentes de
los presupuestos de la administración local.
También se cita como factor que puede
minar las posibilidades de alcance de una
gestión eficiente en el ámbito público la
relación laboral mantenida con los
trabajadores. El mayor grado de
sindicalización de los trabajadores en la
empresa pública se traduce en salarios
medios más elevados y en mayores
concesiones. La administración pública tiene
menos incentivos que la empresa privada
para resistir presiones que deriven en
conflictos políticos, de manera que termina
por hacer mayores concesiones a sus
trabajadores —hay que tener en cuenta que
los trabajadores y sus familias son también
votantes—.
Finalmente, podría citarse el modo en que
son elegidos los directivos de la mayoría de
las empresas públicas, donde prevalecen de
modo principal criterios de carácter político,
y no tanto otros aspectos que reflejen la
experiencia y la formación de la persona
elegida para el cargo.
3.2. En contra del proceso privatizador
Si bien los argumentos planteados hasta el
momento permiten augurar la superioridad
de la empresa privada sobre la gestión
pública en términos de eficiencia, lo cierto es
que también existen indicios que permiten
relegar tal convicción. Así, existen réplicas a
los enunciados realizados con anterioridad y
además se podrían añadir nuevos
razonamientos que, como se advertía,
permiten rechazar la suposición de que la
empresa privada sea más eficiente.
El contraargumento más destacado para
refutar la visión de que la gestión privada es
necesariamente mejor reside en mantener
que la propiedad en sí no es un factor
determinante de la eficiencia empresarial, si
no la estructura de mercado en la que se
encuentra actuando. Es decir, la conducta
empresarial tiene mucho más que ver con la
estructura de mercado existente que con el
mero hecho de la propiedad. En este sentido,
para MEGGINSON & NETTER (2001) la
justificación de la privatización es menos
consistente en mercados de bienes públicos y
en escenarios de monopolio natural donde los
factores de competitividad son más débiles.
En el caso de la gestión del agua, pasar, sin
más, de un monopolio público a un monopolio
privado contravendría cualquier tipo de
lógica. En las situaciones de monopolio
natural la consideración aislada de un
cambio en la titularidad de la empresa
probablemente tendría efectos contrarios a
los deseados, siendo necesaria la aprobación
de un sistema regulador que la acompañe. En
conclusión, en entornos tradicionalmente
considerados como no competitivos, los
niveles de eficiencia parecen estar más
condicionados por los niveles de competencia
que pueda introducir el cambio regulatorio
asociado al proceso privatizador que al mero
hecho de la titularidad (KAY & THOMSON,
1986; VICKERS & YARROW, 1988).
El problema en el sector del agua es que
hay un escaso margen para la competencia.
En primer lugar, porque se trata de un
monopolio natural, en segundo lugar, porque
existen unas pocas empresas que dominan la
mayor parte del mercado. Sobre la segunda
cuestión habría que decir que, normalmente,
en las subastas en las que se decide sobre la
concesión de la gestión de los servicios, el
concurso de empresas es escaso de manera
que pueden estar tentadas a evitar la
competencia. Lo ideal sería que, fruto de la
concurrencia en el proceso de adjudicación
del servicio, el precio se fijara en el nivel
mínimo de costes de producción sin que ello
fuera en menoscabo de la calidad. Cuando
tan sólo existe un potencial proveedor o los
existentes llegan a acuerdos previos durante
el proceso de adjudicación de la concesión,
existe una alta probabilidad de que la
144 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
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contratación no se haga en las condiciones
más favorables para los intereses sociales5.
Además, cabría añadir que el largo período
para el que son concedidas las concesiones
hace que, virtualmente, el contrato sea de por
vida, ya que la empresa que llega primero
goza de ventajas de información para acudir
a un nuevo proceso de subasta en el momento
de la renovación.
Sobre los riesgos de la cesión al sector
privado habría que contemplar la posibilidad
de que existan fallas en el contrato que
impliquen un perjuicio para los beneficiarios
de la gestión. Al tratarse de un monopolio
privado en el que no existen correcciones
provocadas por la competencia en el mercado,
el contrato de concesión debe ser muy
cauteloso en la enumeración de condiciones
del servicio, ya que un olvido o una
imprecisión puede suponer un deterioro en la
calidad. Un error de contrato podría derivar
en que la empresa privada se centre casi en
exclusiva en la obtención del beneficio,
dejando de lado la calidad del servicio y la
nueva inversión.
También por lo que hace referencia al
proceso de contratación con el sector privado,
habría que tener en cuenta los costes de
transacción en que tiene que incurrir la
administración local desde el momento en
que comienza el proceso de selección de la
empresa adjudicataria del servicio (COASE,
1960). Así, la entidad local debe valorar,
antes de tomar la decisión sobre la
contratación externa, los costes en que tiene
que incurrir en las fases de redacción del
contrato, estudio de ofertas y negociación, así
como en el seguimiento y control de los
términos en que se desarrolle lo pactado en
contrato. En caso de que las ganancias de
eficiencia asociadas a la contratación externa
se vean superadas por los costes enumerados
habría que cuestionarse la conveniencia de la
alternativa de externalizar los servicios.
Un argumento contrario a las expectativas
surgidas en torno a la Teoría de la Agencia
sostiene que en grandes empresas con una
participación muy numerosa y repartida, los
individuos, como en el caso de los ciudadanos
en la empresa pública, pueden carecer del
incentivo suficiente para controlar la
actuación de los directivos.
Asimismo, para cuestionar la presunción
de que las firmas privadas funcionan mejor
que las públicas, también cabría preguntarse
si los mercados realmente imponen la
disciplina necesaria sobre el comportamiento
de las empresas privadas. En este sentido,
habría que advertir que no todas las
empresas cotizan en el mercado bursátil, de
manera que para conocer el valor de la
empresa quedaría la penosa opción de
recabar informes económicos de las empresas
a partir de los cuales hacer estimaciones
sobre las rentabilidades comparadas de cada
operador. La cuestión es que en presencia de
información incompleta y elevados costes de
transacción, los mercados no son eficientes6.
La controversia que a un nivel teórico
existe sobre la idoneidad o no de ejercer la
contratación externa de servicios por parte
del sector pública obliga a la remisión de la
evidencia. La evaluación comparada de los
resultados atribuidos a las distintas
titularidades en la gestión de los servicios del
agua en las ciudades permitiría extraer
conclusiones sobre la mejor de las
alternativas.
4. REVISIÓN DE LA EVIDENCIA
EMPÍRICA
Como en tantas otras ocasiones, el debate
teórico que presenta argumentos contrarios
intenta resolverse a partir de los logros
desarrollados en la investigación aplicada, y,
también como en otros muchos casos, cabe
advertir que no existen resultados
concluyentes sobre la cuestión.
Lo primero que habría que aclarar es qué
se entiende por eficiencia, esto es, a qué
concepto o medida recurre el investigador
para pronunciarse acerca de la superioridad
de una u otra forma de gestión, pudiendo
encontrar dos acepciones generalmente
5 Por otra parte, cabe decir que los beneficios esperados de la
competencia no tienen porque conseguirse únicamente cuando
existe una concurrencia efectiva por más de una empresa al
concurso, sino que puede ser suficiente la simple amenaza para la
que se presenta acerca de la posibilidad de que haya otras ofertas
en el proceso de adjudicación (el caso de los mercados contestables).
A partir de la Teoría de los Mercados Contestables, BAUMOL &
PANZAR & WILLIG (1982) concluyen que en mercados que no son
perfectamente competitivos no necesariamente la intervención del
sector público es la mejor posible. Sobre los mercados contestables
es también recomendable la lectura de SPENCE (1983).
6 Aunque no directamente relacionado con la eficiencia, un
aspecto ampliamente criticado en el sector es que los precios
tienden a ser más altos cuando la gestión es privada que en el
caso de la gestión pública (SHAOUL, 1997; ORWIN, 1999;
HOUTSMA, 2003).
CyTET, XXXVIII (147) 2006 145
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reconocidas en el ámbito de la economía: la
eficiencia técnica o productiva y la eficiencia
asignativa7. La eficiencia técnica o productiva
se mide en términos físicos, y hace referencia
a las cantidades de producto que pueden
obtenerse a partir del empleo de una cierta
cantidad de recursos. El óptimo en términos
de eficiencia productiva se alcanza cuando se
consigue la producción máxima para una
determinada combinación de factores
productivos, o visto de otro modo, cuando se
consigue una unidad de output a partir de la
cantidad mínima posible de recursos. La
eficiencia asignativa expresa en qué medida
la empresa emplea los factores de producción
en la proporción adecuada, teniendo en
cuenta sus precios y productividades
marginales. Se alcanza el óptimo cuando la
empresa combina los factores productivos en
la proporción que minimiza el coste de
producción8.
Para analizar la eficiencia lo idóneo sería
poder establecer una comparación entre lo
que hace una empresa y lo que debería haber
hecho para alcanzar el óptimo. Como el
investigador no tiene un conocimiento
perfecto del mundo en que se desenvuelve la
empresa y no conoce la tecnología y las
restricciones que pueden afectar a la
conducta empresarial, difícilmente puede
hacer un análisis de este tipo. La solución a
este problema se resuelve en la profesión
estableciendo un marco para la comparación
entre las empresas de las que se tiene
información técnica y económica, para
determinar la situación relativa que
presentan las empresas en ese contexto. A
partir del trabajo de FARRELL (1957) en que
se asientan las bases teóricas para medir la
eficiencia, se han ido desarrollando modelos a
partir de dos enfoques: el no paramétrico y el
paramétrico.
El enfoque no paramétrico se apoya en
técnicas de programación lineal y tiene como
objetivo la evaluación de la eficiencia relativa
de diferentes unidades organizativas. Por
medio de esta técnica se escogen las unidades
más eficientes del conjunto de la muestra, las
cuales conformarán una frontera eficiente que
servirá de referencia para evaluar la
situación relativa de todas las unidades que
forman parte del estudio. La técnica
normalmente empleada bajo este enfoque es
el análisis de datos envolvente (DEA, Data
Envelopment Analysis). El principal
inconveniente que presenta esta metodología
es que requiere que las unidades analizadas
sean homogéneas, circunstancia que no se
cumple en el sector estudiado; una destacada
ventaja es que ofrece información sobre la
eficiencia relativa de todas y cada una de las
unidades tenidas en cuenta en el estudio.
El enfoque paramétrico parte de una
relación matemática funcional
predeterminada entre inputs y outputs.
Obliga, por tanto, a la asunción de una
función definida para la tecnología aplicable
en el proceso productivo y para la
distribución de los residuos. La principal
carencia que presenta esta metodología
frente al análisis envolvente de datos es que
no ofrece información sobre la eficiencia de
las distintas unidades que forman parte del
análisis, sino que los resultados se obtienen
de un modo agregado según la variable de
clasificación tenida en cuenta.
A partir de la revisión efectuada (FIG. 1),
puede decirse que la investigación aplicada
ha optado principalmente por dos vías, la de
resolver sistemas de programación lineal
mediante la técnica de análisis de datos
envolvente para medir la eficiencia
productiva —se tendría en este caso una
medida de la eficiencia relativa de todas las
unidades incorporadas al estudio— y la de
medir la eficiencia asignativa a partir de
funciones de costes que incorporan en la
regresión una variable dummy que informa
sobre la propiedad de la gestión9. La primera
alternativa consiste en poner en relación
cantidades físicas de input y output,
estableciendo comparaciones con la frontera
7 Una importante cuestión que habría que subrayar, por cuanto
condiciona este tipo de análisis es que en actividades con múltiples
output y múltiples input la confección de simples indicadores que
pongan en relación algún input y algún output pueden aportar
información parcial sobre la productividad aparente de los factores,
pero no ofrece el marco más idóneo para pronunciarse sobre la
eficiencia comparada entre las distintas unidades de gestión
tenidas en cuenta, de manera que es obligado el empleo de técnicas
más complejas que tengan en cuenta conjuntamente la máxima
cantidad de información posible sobre output e input.
8 La estimación empírica de la eficiencia asignativa es más
difícil que la estimación de la eficiencia técnica, al ser más
compleja su modelización teórica y al existir más dificultades
para la obtención de datos referidos al coste de los factores que
necesariamente han de tenerse en cuenta en la medición de este
tipo de eficiencia.
9 Recientemente, en trabajos como los de SAAL & PARKER
(2001) y ESTACHE & TRUJILLO (2003) se ha optado por medir la
eficiencia a partir de la elaboración de índices que pretenden
medir la Productividad Total de los Factores.
146 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
MANN & MIKESELL (1976) EE.UU. Asignativa / Examinaron el comportamiento de los costes unitarios de 214 empresas públicas y 26 privadas. El análisis mostró que las
paramétrico / empresas privadas presentaban por término medio mayores costes de explotación, lo que podría venir motivado por las
corte transversal diferencias existentes en los niveles salariales en ambos tipos de gestión empresarial. En todo caso, se advierte que este efecto
negativo sobre la estructura de costes en la empresa privada se vería al menos parcialmente compensada por la influencia
positiva que ejerce la regulación local sobre la eficiencia y la tendencia de las empresas privadas a contratar un menor número
de trabajadores en relación con la población abastecida.
MORGAN (1977) EE.UU. Asignativa / Se compara la eficiencia entre la gestión pública y la privada, poniendo en relación las estructuras de costes de ambos tipos de
paramétrico / titularidad. El estudio se realizó para 143 empresas de 6 Estados con datos de 1970. En la regresión se incorporaron los costes
corte transversal de explotación, mantenimiento y administración, así como una variable binaria que tomaba valor 1 si la empresa era privada y
valor 0 si era de titularidad pública. Los distintos test realizados permitían concluir que las empresas privadas presentaban
niveles de costes significativamente más bajos que las públicas.
CRAIN & ZARDKOOHI (1978) EE.UU. Asignativa / Hicieron un estudio de la eficiencia comparativa entre 112 empresas del agua, 24 privadas y 88 públicas, de 38 estados de
paramétrico / EE.UU. con datos de 1970, a partir de una función de costes derivada de una función de producción Cobb-Douglas con dos
corte transversal inputs, capital y trabajo, y una variable dummy de propiedad. Los resultados mostraban que los costes de explotación eran
significativamente más elevados en la empresa pública que en la privada. Las estimaciones realizadas sobre la productividad del
factor trabajo y el factor capital permitían concluir que las diferencias observadas en costes entre ambos tipos de gestión eran
debidas a la distinta productividad del factor trabajo. El menor valor añadido medio por trabajador en la empresa pública sugería
que en caso de expansión empresarial, en la gestión pública haría falta un aumento mayor en el número de trabajadores.
FEIGEMBAUM & TEEPLES (1983) EE.UU. Asignativa / Estimaron una función de costes hedónica para el caso de 262 empresas públicas y 57 privadas tomando datos referidos a 1970.
paramétrico / En el estudio incorporaron variables de escenario, generalmente no tenidas en cuenta, al entender que son muchos los factores
corte transversal del entorno que pueden influir en los costes; entre otros aspectos señalan que la distinta calidad del servicio puede explicar
diferencias en los costes de explotación de las empresas, aunque éstas distribuyan un mismo volumen de agua. Los resultados de
la investigación no permitían rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en los niveles de eficiencia entre las empresas de
distinta titularidad1.
BYRNES & GROSSKOPF EE.UU. Técnica / Analizaron la eficiencia empleando técnicas de programación a partir de datos referidos a 1976 de 68 empresas públicas y 59
& HAYES (1986) No paramétrico / privadas. En la investigación se concluye que por término medio el grado de eficiencia de las empresas privadas es del 94%
corte transversal y el de las públicas del 92%. No obstante, al hacer distintos test no se pudo rechazar la hipótesis nula de igualdad de las medidas
de eficiencia técnica obtenidas en la gestión pública y privada del agua.
LYNK (1993) U.K. Asignativa / Propone un análisis a partir de funciones frontera de costes de producción para medir el grado de ineficiencia de la gestión
paramétrico / pública y la gestión privada antes de la privatización que tuvo lugar en 1989. La principal conclusión que puede extraerse es que
datos de panel las empresas públicas en relación a su propia función frontera presentaban menores niveles de ineficiencia que las privadas. Para
el autor las ganancias ocurridas con posterioridad a 1989 en las empresas privadas estuvieron inducidas en gran medida por el
objetivo impuesto por las autoridades de reducción de costes.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 147
Ministerio de Vivienda
FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades (continuación)
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
LAMBER & DICHEV & RAFFIEE EE.UU. Técnica / Investigaron la eficiencia relativa de las empresas gestoras de los servicios del agua a partir de datos referidos a 1989 de 238
(1993) No paramétrico / empresas públicas y 33 privadas haciendo uso de un análisis envolvente de datos. Según la investigación ni las empresas públicas
corte transversal ni las empresas privadas exhibían un alto grado de eficiencia, debido principalmente a causas técnicas. Las empresas emplean
demasiados input para los niveles de agua provistos a los ciudadanos. En el análisis efectuado las empresas públicas se mostraron
más eficientes en el empleo de todos los factores, considerando el factor trabajo, el capital, los input energéticos y los
consumos intermedios. Además, las empresas se mostraron más eficientes con el tamaño de la escala, no encontrando
diferencias significativas en la evolución de la eficiencia con el tamaño de las operaciones entre los dos tipos de empresa.
RAFFIE & al. (1993) EE.UU. Asignativa / Aportan evidencia empírica sobre la eficiencia comparada entre la gestión pública y la privada a partir de un examen de la
paramétrico / conducta en costes de 238 empresas públicas y 33 privadas con datos de 1989. En la investigación se calculó un índice de
corte transversal eficiencia para determinar en términos porcentuales la diferencia entre los costes de producción observados y el nivel óptimo
para cada una de las empresas. Los resultados ponen de manifiesto que las empresas privadas son más eficientes que las
públicas, y se confirma que las medidas institucionales adoptadas tienen una gran importancia para la determinación de la
conducta de las empresas privadas.
BHATTACHARYYA & PARKER EE.UU. Asignativa / Proporcionaron evidencia empírica de que las empresas públicas son, por término medio, más eficientes que las privadas, si bien
& RAFFIE (1994) paramétrico / existe entre ellas una mayor desviación entre las mejores y las peores. Los autores llegaron a esta conclusión a partir del estudio
corte transversal de la estructura de costes de 225 empresas públicas y 32 privadas con datos referidos a 1992. Las empresas privadas resultaron
más ineficientes técnicamente en el uso del factor trabajo, la energía y otros consumos intermedios. De modo consistente con
la visión generalizada de que se trata de un monopolio natural se encontraron importantes economías de escala en ambos tipos
de propiedad. En este caso las empresas privadas presentaron por término medio un mayor crecimiento en los niveles de
eficiencia con el tamaño de las operaciones.
BHATTACHARYYA & al. (1995a) EE.UU. Asignativa / A partir de una función frontera de costes de producción estocástica, determinaron el grado de ineficiencia de las empresas
paramétrico / privadas y las públicas, teniendo también en cuenta otros factores determinantes. El estudio se basó en datos de 190 empresas
corte transversal públicas y 31 privadas de EE.UU. referidos al año 1992. La primera conclusión a la que se llegó es que ambos tipos de empresa
presentan ineficiencias, si bien, por término medio, los costes de explotación son superiores en la empresa privada que en la
pública. Una segunda conclusión que se extrae del estudio es que el tamaño de actividad es un factor determinante del grado de
ineficiencia empresarial. Así, en empresas de menor de actividad, medida en volumen de agua distribuida, la gestión privada se
muestra más eficiente, mientras que en empresas de mayor actividad, las grandes compañías privadas se muestran mucho más
ineficientes que las públicas.
BHATTACHARYYA & al. (1995b) EE.UU. Técnica / Midieron la eficiencia técnica con datos del año 1992 de 26 empresas de abastecimiento de agua en el ámbito rural del estado
paramétrico / de Nevada empleando funciones de producción frontera. En el modelo se hizo una clasificación de las variables input en tres
8 corte transversal categorías, energía, trabajo y capital, siendo el output el agua total distribuida a los hogares a lo largo de un año. En la
investigación se concluye que el grado de eficiencia técnica del conjunto e empresas analizadas es del 88,24%, y que las empresas
privadas se muestran más eficientes que las públicas.
148 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades (continuación)
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
SHAOUL (1997) U.K. Análisis de estados Hace un análisis del sector tomando datos del período 1985-1995. En su investigación estudió la evolución de magnitudes
contables y financieros / agregadas del sector como las ventas, las compras, el VAB, el empleo o los volúmenes de agua distribuida y depurada. Una
datos de panel primera conclusión a destacar es que rechazó la hipótesis de que la propiedad privada supusiera un aumento en la eficiencia del
sector, así como la noción preconcebida de que la propiedad es el factor más importante para determinar la conducta
empresarial. Asimismo, se rechazó la hipótesis de que todos resultan ganadores tras un proceso de privatización. En este
sentido señala que los precios para los consumidores crecieron en un 50% en el período a estudio, que muchos trabajadores
perdieron su empleo y que se produjo un deterioro en las infraestructuras.
LOBINA & HALL (1999, 2000) Varios países Análisis de casos para Presentan un estudio de casos de distintos países con objeto de demostrar que las empresas públicas no son menos eficientes
diversos países que las privadas, y para defender que la gestión pública presenta como ventaja una mayor sensibilidad respecto de los intereses
de la sociedad. De una parte aportan una visión crítica sobre la privatización, mostrando ejemplos reales de ineficiencia,
restricción de la competencia, corrupción, exceso de beneficios y deterioro en la calidad de los servicios; de otra, se destacan
casos de gestión pública eficiente como los modelos sueco, holandés y alemán y el caso de empresas públicas de Europa Central
y del Este y América del Sur. Los autores subrayan el elevado riesgo asociado al proceso privatizador en el sector debido a la
naturaleza de monopolio natural del conjunto de los servicios del agua.
ASHTON (2000) U.K. Asignativa / A partir de un análisis con datos de panel (10 empresas para el período 1989-1997), empleando una función translogarítmica,
paramétrico / cuantificó el crecimiento en la productividad total de los factores, el cambio tecnológico y los componentes de dicho cambio
datos de panel tecnológico. Las principales conclusiones a las que se llegó en el estudio fueron, en primer lugar, que hay una robusta evidencia
empírica acerca de la existencia de condiciones de mercado que permiten hablar de monopolio natural en el sector, y, en
segundo lugar, que la privatización no ha sido causante del aumento en las variaciones observadas en los niveles de cambio
tecnológico ni en el crecimiento experimentado por la productividad de los factores desde 1989.
JONES & MYGIND (2000) Estonia, Letonia Técnica / Hicieron un estudio de eficiencia comparada a partir de una base de datos de 1.250 empresas pertenecientes a Estonia, Letonia
y Lituania paramétrico / y Lituania para el período 1993-1996. Los resultados reflejan que el impacto de la propiedad privada sobre la productividad varía
datos de panel considerablemente entre los países, de manera que tan solo puede confirmarse de manera parcial la hipótesis de que la empresa
pública es menos eficiente que la privada. Entre los resultados obtenidos cabe mencionar que en algunas estimaciones realizadas
para el caso de Estonia se advierte sobre la superioridad de la propiedad extranjera sobre la nacional, así como el hecho de que
cuando la propiedad recae mayoritariamente en manos de trabajadores los resultados de conducta empresarial son superiores2.
MÉNARD & SAUSSIER (2000) Francia Técnica / En el estudio se emplea información de 2.109 unidades de abastecimiento de aguas para un período de tres años (1993-95) que
paramétrico / representan al 73% de la población francesa. Examinan los factores que influyen en la decisión de la administración de delegar los
datos de panel servicios o realizar la gestión de un modo directo, y hacen un análisis comparado de ambas formas de gestión. Los autores
encuentran que una vez consideradas las diferencias en la calidad del agua no existen diferencias entre la gestión pública y la
privada.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 149
Ministerio de Vivienda
FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades (continuación)
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
SAAL & PARKER (2000) U.K. Asignativa / Analizaron, a partir de un modelo de función de costes translogarítmica con múltiples output, tanto el impacto de la
paramétrico / privatización en el Reino Unido, como los efectos de la regulación sobre el sector. Asimismo, el modelo se empleó para
datos de panel determinar las posibles economías de alcance en las empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas. El estudio se hizo con
datos del período 1985 a 1999, es decir, cinco años antes de la privatización y diez años después. A partir de las distintas
pruebas llevadas a cabo se concluyó lo siguiente:
1. Se rechazó la primera hipótesis según la cual el proceso privatizador habría significado una reducción en la tendencia de
crecimiento de los costes totales;
2. En cambio sí pudo constatarse la existencia de una tendencia descendente en la evolución de crecimiento de los costes tras
el cambio regulatorio acaecido en 1995. Esto permite concluir que las ganancias en la eficiencia que tuvieron lugar tras la
privatización se debieron, no al cambio en la titularidad de la empresa, si no a los cambios introducidos con posterioridad en
la regulación del sector;
3. Finalmente, las estimaciones realizadas permitieron rechazar la hipótesis sobre la existencia de economías de alcance en el
sector.
SAAL & PARKER (2001) U.K. Asignativa / Analizaron la conducta empresarial tras el proceso de privatización ocurrido en 1989 a través de indicadores de productividad
No paramétrico / total de los factores y productividad del factor trabajo3. La hipótesis de que la privatización ha supuesto una mejora
datos de panel estadísticamente significativa en el crecimiento de la productividad total de los factores fue rechazada. Encontraron que aunque
disminuyó el número de trabajadores, el ritmo de crecimiento de la productividad total de los factores no experimentó una
mejora con respecto del período previo a la privatización. También se concluye que el régimen regulatorio fue algo laxo en el
momento inmediatamente posterior al proceso de privatización, lo que permitió considerables ganancias económicas para las
empresas no atribuidas a mejoras en la productividad. En tercer lugar se ponía de manifiesto que la evolución de la
productividad no es consistente con la hipótesis formulada de que el cambio regulatorio introducido en 1995 promovió que se
produjeran mejoras en la eficiencia, circunstancia que los autores no atribuyen de modo necesario a fallos en la regulación. En
todo caso se subraya que los cambios introducidos en 1995 permitieron detener la evolución experimentada por las ganancias
empresariales en el período previo.
ESTACHE & ROSSI (2002) Sudeste asiático Asignativa / Aportan evidencia sobre la cuestión tomando información referida a 1995 de 50 empresas de 29 países pertenecientes al
paramétrico / sudeste asiático. Con objeto de validar los resultados, se hicieron dos aproximaciones metodológicas distintas, aplicando un
corte transversal modelo de componentes de error y un modelo de efectos de eficiencia técnica. Ambos análisis permiten concluir que no
existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de eficiencia mostrados por las empresas públicas y las privadas.
BOTTASSO & CONTI (2003) U.K. Asignativa / Analizan los efectos de la privatización tomando como referencia el período 1995-2001. El estudio se basa en 177 observaciones
paramétrico / y propone la especificación de una función frontera de costes estocástica. La conclusión más importante a la que se llega en el
datos de panel estudio es que la medida de ineficiencia empresarial ha decrecido de modo persistente a lo largo del tiempo, en torno a un 5%
entre 1995 y 2001, y que los diferenciales en los niveles de ineficiencia entre las empresas reguladas se han reducido de manera
constante. Los autores también ponen de manifiesto que los niveles medios de ineficiencia alcanzados por las empresas del agua
en Inglaterra y Gales pueden considerarse relativamente bajos. Para los autores este proceso se ha debido, en gran medida, a
los cambios regulatorios introducidos en 1994.
150 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
FIG. 1. Revisión de la investigación empírica que ha analizado la eficiencia comparada de la gestión pública y la gestión privada del agua
en las ciudades (continuación)
Tipo de eficiencia /
Autor/es y año País enfoque metodológico / Resultados
toma de datos
ESTACHE & KOUASSI (2002) África Técnica / El documento analiza los factores determinantes de la eficiencia para 21 operadores de diversos países del continente africano.
paramétrico / A partir de una función de producción frontera se llega a la conclusión de que existe una gran heterogeneidad en la conducta de
datos de panel las distintas unidades estudiadas, así como que la capacidad institucional y de gobierno en los distintos países es fundamental
para la conducta en el sector. Los resultados sugieren que la mayoría de las empresas operan en niveles de eficiencia técnica
muy por debajo de la frontera delimitada por las empresas con mejor conducta de las analizadas. Tan solo un 12,9% de las
unidades analizadas actúan de un modo eficiente en comparación con el resto, encontrando una clara superioridad en la gestión
privada frente a la pública.
ESTACHE & TRUJILLO (2003) Argentina Técnica / El trabajo analiza los efectos sobre la eficiencia técnica debidos a las reformas introducidas en el sector del agua en Argentina en
Índices de productividad / 1991. Más concretamente se muestran estimaciones sobre los avances en la eficiencia experimentados en la productividad total
Datos de panel de los factores en el sector entre 1992 y 2001 a partir de la información obtenida para cuatro empresas. Aunque los mismos
autores advierten de que se cuenta con poca información de partida y hay que ser cauteloso con los resultados, en su análisis
constatan que el avance en la productividad tras las reformas introducidas está en torno al 2% anual. Una importante cuestión
que subrayan es que, una vez privatizado el sector, es esencial que se obligue a las empresas facilitar información sobre su
actividad a efectos de poder ejercer un control sobre su conducta en un escenario caracterizado por la falta de competencia.
KIRKPATRICK & PARKER África Técnica y asignativa / La investigación hace una aproximación a la cuestión de la eficiencia comparada en la gestión del agua a partir de información
& ZHANG (2004) Paramétrico y no referida a 84 unidades en distintos países del continente africano. El estudio encuentra evidencia empírica a partir de la
paramétrico / comparación de distintos indicadores y un análisis envolvente de datos sobre la superioridad de la gestión privada frente a la
corte transversal pública, en particular en términos de productividad del factor trabajo y en fugas de agua en las redes de abastecimiento. Sin
embargo, al hacer un análisis a partir de la técnica econométrica consistente en la elaboración de una frontera estocástica de
función de costes, aunque existan indicios de una mayor eficiencia asignativa de la gestión privada, los resultados no son
estadísticamente significativos.
*** Este trabajo fue criticado por MCGUIRE & OHSFELDT (1986) tanto por considerar inapropiada la metodología empleada como por la inexactitud en la especificación de costes propuesta en la investigación. A juicio de éstos el trabajo
criticado no justifica la inexistencia de diferencias significativas en los niveles de eficiencia cuando se compara la gestión pública y la privada. Con posterioridad, esta crítica sería replicada en los trabajos de TEEPLES & FEIGENBAUM &
GLYER (1986) y TEEPLES & GLYER (1987 a, b), en los que se hizo una defensa conceptual de la metodología empleada y se amplió el número de casos analizados, confirmando que al hacer una consideración conjunta de las empresas de
suministro de aguas no se encuentran diferencias significativas entre los gestores públicos y los privados.
*** A partir de sendas reflexiones teóricas, en los trabajos DE MORSE (2000) y BIRCHALL (2002) se advierte de la superioridad de las empresas de tipo personalista en el caso de la gestión del agua en las ciudades, como las cooperativas,
sobre otras fórmulas empresariales.
*** BOSWORTH & STONEMAN (1998) hacen estimaciones sobre valor añadido por empleado entre 1979 y 1989, y entre 1989 y 1995, llegando a la conclusión de que la productividad del factor trabajo creció por término medio en un
2,2% anual en el primer período, y tan solo en un 0,03% en el segundo período.
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica efectuada.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 151
Ministerio de Vivienda
más eficiente de todas y cada una de las
unidades del estudio. Entre las variables
output que aparecen en los trabajos que
emplean esta metodología se encuentran el
volumen de agua distribuida, el volumen de
agua depurada, el número de abonados y, en
ocasiones, alguna medida de dispersión de la
población servida; entre las variables input
es usual encontrar el número de empleados,
las cantidades consumidas de energía
eléctrica y alguna proxy del capital, como
puede ser la longitud de la red de
abastecimiento10.
Por su parte, la alternativa que analiza la
estructura de costes de los organismos que
gestionan los servicios del agua en las
ciudades, pone en relación los costes de
explotación, como variable dependiente, con
una matriz de variables explicativas formada
por un vector de variables representativas de
la producción (como el volumen de agua
distribuida o la población abastecida), un
vector compuesto por variables que muestran
los precios de los distintos input (el coste
medio de los asalariados, el precio medio del
Kw y alguna proxy del precio del capital) y un
vector que incluye variables exógenas que
puedan ser relevantes a efectos de poder
establecer comparaciones entre las distintas
unidades incluidas en el análisis. Entre estas
últimas se consideran la distinta titularidad
en la gestión, factores climáticos, factores
geográficos y factores institucionales.
Una carencia de la que suelen adolecer
este tipo de estudios es que no se incluyen
normalmente variables representativas de la
calidad de los servicios prestados. Habría que
tener en cuenta que la distinta calidad del
servicio puede tener efectos importantes
sobre la estructura de costes en las distintas
unidades, de manera que una mayor
eficiencia técnica o asignativa podría deberse,
aunque fuera en parte, a una menor calidad
en el servicio. En la revisión efectuada se han
encontrado escasas referencias, pudiendo
citar la consideración de la calidad del agua y
el tratamiento sanitario recibido en los
trabajos de MORGAN (1977) y MÉNARD &
SAUSSIER (2000), el grado de pérdidas de
agua en el suministro en el estudio de
BHATTACHARYYA & al. (1995a) y las horas al
día en que se presta el servicio de
abastecimiento en ESTACHE & ROSSI (2002) y
KIRKPATRICK & al. (2004)11.
Otra clasificación de este tipo de
investigaciones podría hacerse atendiendo a
la base de datos sobre la que se asienta el
análisis. La opción mayoritariamente seguida
en los estudios encontrados es la de trabajar
a partir de series de corte transversal. Esta
forma de recogida de información permite
reconocer la eficiencia comparada entre
ambas formas de propiedad de la gestión en
un momento determinado del tiempo. La otra
alternativa del investigador es trabajar con
datos de panel, lo que permite no sólo la
comparación en un momento del tiempo, sino
también, lo que tiene una gran importancia
para observar los efectos de una modificación
en la regulación, los cambios experimentados
en el transcurso de los años en la conducta
empresarial. Aunque esta segunda opción sea
más enriquecedora para la investigación,
huelga decir que si ya de por sí existen serias
dificultades para la obtención de datos de
corte transversal, los problemas se
multiplican cuando se desea obtener
información para distintos años. De ahí que
hayan proliferado más los análisis de corte
transversal que los que se han sustentado
con datos de panel, que son más recientes en
el tiempo.
Una primera conclusión que se puede
extraer de la investigación llevada a cabo
hasta la fecha es que no existe evidencia
irrefutable sobre la superioridad de un tipo
de gestión sobre la otra, al encontrar una
diversidad de trabajos que apoyan las tesis
contrarias, así como otros en los que, aun
existiendo indicios a favor de una u otra
forma de gestión, no puede llegarse a
conclusiones estadísticamente significativas:
trabajos en los que se concluye sobre la
mayor eficiencia cuando la gestión es pública
son los de MANN & MIKESELL (1976),
BRUGGINK (1982), LAMBER & al. (1993) Y
BHATTACHARYYA & al. (1994, 1995b);
estudios en los que se concluye sobre la
superioridad de la gestión privada en
términos de eficiencia son los de MORGAN
(1977), CRAIN & ZARDKOOHI (1978),
BHATTACHARYYA & al. (1995B) y ESTACHE &
10 También se han encontrado otras variables que han tratado
de capturar los efectos de la procedencia del agua, al distinguir
entre agua recogida de las precipitaciones, agua procedente de
acuíferos subterráneos y agua comprada a otros organismos.
11 Evidentemente, esta última variable representativa de la
calidad en el servicio únicamente tiene sentido en países en
desarrollo.
152 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
KOUASSI (2002); finalmente, no se obtienen
resultados que permitan concluir sobre la
superioridad de una forma de titularidad en
la gestión en las investigaciones de
FEIGENBAUM & TEEPLES (1983), BYRNES &
al. (1986), FOX & HOFLER (1986), JONES &
MYGIND (2000), MÉNARD & SAUSSIER (2000),
ESTACHE & ROSSI (2002) y KIRKPATRICK & al.
(2004). La variabilidad en los resultados
puede deberse a diversos factores:
1. La distinta metodología empleada para
realizar las pruebas;
2. El período elegido para llevar a cabo el
estudio;
3. Los distintos condicionantes del marco
regulador e institucional vigentes en
cada país;
4. La especificación del modelo.
Sobre la especificación del modelo habría
que subrayar que muy posiblemente en este
sector factores como la orografía, la
climatología, las fuentes de obtención del
agua y las características y el ámbito de la
población atendida sean determinantes más
influyentes sobre el grado de eficiencia
empresarial que la propiedad de la empresa,
de manera que obviar alguna de estas
variables podría tener efectos de
consideración para las conclusiones de la
investigación. Además, habría que advertir
nuevamente, como principal laguna
detectada en la revisión efectuada, que los
estudios no suelen tener en cuenta la calidad
del servicio, aspecto que sería oportuno
considerar para futuros trabajos. A
consecuencia de su omisión, no se estarían
recogiendo las posibles relaciones de
intercambio existentes entre la eficiencia y la
calidad. Como se apuntaba anteriormente,
sería interesante introducir alguna variable
proxy de la salubridad de las aguas, ya que
unos menores costes de producción podrían
deberse en buena medida a unos menores
gastos realizados por la empresa para llevar
a cabo el proceso de tratamiento de las aguas.
Otra variable a introducir sería alguna que
recogiera el estado de conservación de la red,
como el grado de fugas existente. En este
caso, se trataría de detectar si unos mejores
resultados empresariales podrían estar
relacionados, al menos en parte, con unos
menores niveles de inversión para el
mantenimiento y la mejora de la red.
Como consecuencia de la anterior, una
segunda conclusión que se extrae es que en
sectores como el del agua un simple cambio
en la propiedad de la empresa no garantiza
una mayor eficiencia (LYNK, 1993; SHAOUL,
1997; ASHTON, 2000). El mero hecho de
traspasar la propiedad a manos privadas no
asegura por sí solo una mejor conducta
empresarial: en todo caso, cualquiera de las
formas de privatización podría aumentar la
eficiencia siempre y cuando se proceda
previamente a liberalizar los mercados y a
establecer sistemas de control que fomenten
la competencia. En definitiva, la
privatización en el sector del abastecimiento
y suministro de agua en núcleos urbanos no
es la panacea, ya que su existencia no
asegura por sí misma la desaparición de los
fallos del estado. En estos casos es necesaria
una regulación y un control que aseguren el
mantenimiento de un escenario bajo el que se
dé la competencia y existan incentivos que
tiendan a fomentar la eficiencia empresarial
(LITTLECHILD 1986; REES, 1998).
Finalmente, y tomando como referencia más
significativa el caso de Inglaterra y Gales,
podría concluirse que los efectos positivos de la
privatización y la regulación que la acompaña
tardan algunos años en dejarse notar.
Seguramente, entre otros posibles factores, se
debe a que con el paso del tiempo se tienen
más elementos de juicio para detectar los
errores del marco regulador que deben
cambiarse para propiciar una mejor conducta
empresarial. En el caso mencionado, parece
que la regulación fue algo laxa en principio
para asegurar la viabilidad de las empresas y
que las posteriores revisiones en la regulación
trajeron consigo mejoras para los consumidores
(SAAL & PARKER, 2000; BOTTASSO & CONTI,
2003). En este caso parece haber sido decisiva
la existencia de un organismo regulador
independiente que controla de modo
permanente la conducta en el sector.
De un modo premeditado no se ha hecho
hasta el momento ninguna referencia al caso
español, pero, qué se puede decir sobre el
estado de la cuestión en España. Más
concretamente, qué régimen de gestión de los
servicios del agua en baja existe en España a
socaire de la normativa vigente, y en qué
sentido se pronuncia la investigación
aplicada sobre la superioridad en la
titularidad de la gestión desde el punto de
vista de la eficiencia.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 153
Ministerio de Vivienda
5. ¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA
CUESTIÓN EN ESPAÑA?
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local establece en el
capítulo III que el municipio, para la gestión
de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal, llegando a citar expresamente entre
tales competencias los servicios de
suministro de agua, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales. En todo
caso la norma no obliga a que el propio
Ayuntamiento sea quien diligencie estos
servicios, de manera que se contemplan
distintas formas de gestión: la efectuada
desde el propio Ayuntamiento, la llevada a
cabo mediante empresa pública, la realizada
a través empresa mixta y la ejercida desde
una empresa privada —esta en régimen de
concesión, gestión interesada, arrendamiento
o concierto—12.
De un modo genérico SOLER (2003) arguye
que el posible interés que pueden tener los
órganos de gobierno local por la incorporación
en la gestión del agua del sector privado
vienen dadas por las mayores facilidades que
se le atribuyen para captar recursos
financieros, los avances en la tecnología que
se derivan de su saber hacer, fruto de la
experiencia en el sector, y la respuesta más
rápida a los nuevos requerimientos de la
sociedad en los distintos ámbitos de la
gestión del agua. De un modo más concreto
MIRALLES (2004) cita las causas que
permiten explicar por qué los gobiernos
locales han decidido en un buen número de
casos traspasar las competencias que en
materia de aguas les encomienda la Ley
7/198513:
1. En el decenio de 1980 parece que la
combinación de altas necesidades de
inversión en unas instalaciones
descapitalizadas y una cierta escasez de
fondos públicos para acometerlas fue
decisivo para que los municipios con una
alta demanda de agua para usos
residenciales (municipios mayores) y una
alta demanda estacional (principalmente
en el litoral) optaran por privatizar los
servicios de agua en baja.
2. La combinación de un elevado
endeudamiento y la restricción en los
ingresos ocurrida en los noventa parece
que aumentó las probabilidades de la
privatización durante este decenio.
3. Finalmente, y en años más recientes, el
efecto proximidad podría ser el principal
factor explicativo de las decisiones de
privatización. El político local al conocer
la experiencia privatizadora de
municipios con lindes al suyo reduce la
incertidumbre asociada con la posible
decisión de privatizar los servicios del
agua en su ciudad.
La cuestión es que el marco regulador
vigente en España desde mediados del
decenio de 1980 ha terminado propiciando
que las competencias estén muy repartidas
en lo que se refiere a la gestión de los
servicios del agua en las ciudades: la
intervención directa desde los Ayuntamientos
afecta al 6% de la población; la actuación de
las empresas públicas tendría incidencia
sobre el 42% de la población nacional; la
empresa mixta gestiona los servicios de agua
en baja del 11% de la población; y,
finalmente, la empresa privada tiene
asumidas las competencias de la gestión del
agua sobre un 40% de la población
—quedaría un 1% para otras formas de
gestión—. En la empresa pública es
normalmente el Ayuntamiento quien
controla la totalidad del capital, si bien en
algunos casos, al crearse consorcios para la
gestión conjunta a través de sistemas de
abastecimientos supramunicipales, el capital
está repartido entre diversos municipios y la
diputación provincial. En la parte privada del
sector un rasgo característico es la existencia
de unas pocas empresas que se reparten una
elevada cuota de mercado. La concentración
que caracteriza a esta parte del sector puede
tener una lectura positiva, ya que se habría
gestado un escenario en el que se podrían
aprovechar mejor las economías de escala y
de conocimiento; pero también puede tener
una lectura negativa, ya que las posibilidades
de colusión son mayores.
12 Sobre esta cuestión se puede ver GONZÁLEZ (2005).
13 Serían las razones que se muestran más plausibles y con
un mayor refuerzo empírico a raíz del novedoso estudio realizado
por MIRALLES (2004).
154 ¿Está justificada la privatización de la gestión del agua en las ciudades?
Ministerio de Vivienda
De otra parte, desde el punto de vista
metodológico, el investigador debe ser
consciente de que se enfrenta a un sector
muy heterogéneo. En este orden de ideas, y
por lo que se refiere a las competencias
asumidas, habría que decir que hay
empresas que comprenden todas las
funciones relacionadas con el ciclo integral
del agua (básicamente, abastecimiento,
saneamiento y depuración), mientras que
otras se dedican tan solo al suministro.
Además, a ello habría que añadir que no es
infrecuente que estas empresas lleven a cabo
también otro tipo de actividades en el ámbito
local no relacionadas con la gestión del agua,
como la recogida de basuras, la gestión del
cobro de otros servicios municipales o la
realización de obras. De modo añadido, y por
lo que se refiere al ámbito de actuación, cabe
decir que hay organismos que prestan
servicios a un solo municipio —pudiendo
existir una desviación considerable en el
tamaño de la población— y organismos que
atienden a un número de poblaciones que
puede incluso sobrepasar la treintena,
normalmente organizadas en torno a
consorcios o mancomunidades.
Transcurridos ya veinte años desde que la
legislación brindara la posibilidad de delegar
la gestión de los servicios del agua en las
ciudades al sector privado, qué resultados ha
obtenido la investigación en España en el
campo analizado. En este momento sería
interesante poder contestar sin ambages a
estas dos cuestiones: en primer lugar, ¿se
han conseguido avances en la eficiencia como
consecuencia de adoptar la decisión de
externalizar los servicios?; y, en segundo
lugar, ¿qué tipo de gestión se muestra
superior en términos de eficiencia de las
cuatro formas posibles de titularidad
reconocidas? Este segundo aspecto sería casi
una necesidad habida cuenta de que en
España no se ha creado un órgano
independiente de control de la actividad en el
sector, al modo en que se creó en Inglaterra y
Gales cuando se optó por la privatización del
servicio14, de manera que salvo el control que
en manos poco expertas puede recaer sobre el
propio Ayuntamiento no existe otro elemento
corrector de posibles conductas no deseables.
Desafortunadamente en España no existe
evidencia empírica sobre la cuestión15, lo que
resulta paradójico si tenemos en cuenta que,
tal y como acaba de exponerse, se trata de
una nación que ha creado desde la década de
los 80 del siglo pasado un marco propicio
para la cesión de la gestión del agua en las
ciudades por parte de la administración local
y cuando, de hecho, nos encontramos con que
a lo largo de la geografía nacional existe un
reparto entre la gestión pública y la privada
que ofrece un escenario idóneo para la
realización de este tipo de análisis. Tal vez
este aparente olvido se deba a las dificultades
encontradas por el investigador para poder
confeccionar una base de datos a partir de la
que efectuar un análisis de eficiencia en el
sector. Una posibilidad para la obtención de
tales datos sería dirigirse directamente a los
operadores del sector, sin embargo,
normalmente, cuando se pide información
detallada sobre variables económicas
relacionadas con la gestión, existe una cierta
reticencia en el momento de facilitar datos.
Una alternativa sería la de acudir a los
registros mercantiles para obtener los
estados contables que, en el cumplimiento de
la normativa vigente, han de depositar las
empresas, tanto públicas como privadas. En
este caso el problema es que la información
que puede conseguirse no es lo
suficientemente exhaustiva y aunque puedan
obtenerse ciertos datos sobre ingresos y
costes empresariales a un nivel agregado, se
carecería de información sobre ciertas
variables físicas necesarias para efectuar el
estudio de eficiencia. Finalmente, otra opción
sería la de acudir a las respectivas
Comisiones de Precios provinciales y
autonómicas para captar la información
reflejada en los expedientes de revisión de
14 En 1989 se llevó a cabo en Inglaterra y Gales un proceso
de privatización integral de los servicios del agua en las
ciudades, que entre otros aspectos supuso que las diez
autoridades regionales existentes fueran privatizadas y que se
creara un nuevo marco regulatorio del sector así como la creación
de un organismo de control (Office of Water Services, OFWAT).
Uno de los rasgos característicos más destacados de la regulación
inglesa es que se controlan los precios mediante una versión del
sistema RPI-X del modelo de price cap, que se revisa cada cinco
años (COWAN, 1994; BOTASSO & CONTI, 2003).
15 Únicamente se tiene constancia del trabajo de ORDÓÑEZ &
BRU (2003), excesivamente localista, en el que se hace un
análisis envolvente de datos para el caso de la provincia de
Málaga a partir de la información recabada de 10 unidades, en el
que el output es el agua facturada en metros cúbicos al año y los
input son los gastos de personal y el resto de gastos de
explotación. En las conclusiones se mantiene que el tipo de
propiedad no es garantía de una mayor eficiencia.
CyTET, XXXVIII (147) 2006 155
Ministerio de Vivienda
tarifas que algunas de estas entidades están
obligadas a presentar. El problema en este
caso vendría determinado, en primer lugar,
porque la información se encuentra muy
diseminada entre las distintas Delegaciones
de la Hacienda Autonómica, en segundo
lugar, porque no todos los operadores revisan
las tarifas con periodicidad anual y, en tercer
lugar, y más importante, porque la
legislación que regula los sistemas tarifarios
en los últimos años se ha venido inclinando
por que las tarifas del agua sean
consideradas como una tasa, de manera que
no habría obligación de depositar los
expedientes de revisión de tarifas en la
comisión de precios, y no como un precio
privado sujeto a intervención pública. De
hecho, a raíz de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre,
en relación con la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, y la posterior
reforma legislativa efectuada por la Ley
25/1998, de 13 de julio, de modificación del
Régimen Legal de las Tasas Estatales y
Locales, tiende a disminuir el número de
operadores que considera las tarifas como un
precio.
Casi sin poder evitarlo, al final de este
trabajo queda una duda razonable, ¿se ha
planteado correctamente en España el marco
legal e institucional en el que tiene lugar la
cesión de la gestión de los servicios del agua
en baja? Cuando ya son muchos los
municipios que han trasferido estas
competencias nos encontramos con que
además de no existir la suficiente
transparencia en un sector en el que existen
serias dificultades para introducir la
competencia y no se han realizado estudios
de eficiencia comparada, no existe un
organismo independiente que fiscalice la
actuación de las entidades que operan en el
sector. ¿Qué elementos de juicio se tienen
entonces para saber si los entes del sector,
tanto públicos como privados, están actuando
de un modo eficiente? ¿Con qué lógica
económica se pueden pronunciar los órganos
de gobierno local para mantener la gestión de
los servicios en sus manos o cederla a alguna
de las formas de privatización que contempla
la normativa? Un análisis de eficiencia a
partir de la metodología ya experimentada en
otras naciones podría resultar de interés a
los efectos siguientes: en primer lugar, para
intentar determinar si, a partir del marco
legal e institucional gestado, alguna de las
formas de titularidad concebidas se muestra
superior en términos de eficiencia o si,
simplemente, la titularidad no es un factor
determinante para explicar las posibles
diferencias encontradas en la conducta; y, en
segundo lugar, para poder pronunciarse
acerca de si sería conveniente introducir
cambios de carácter estructural, ya sea
orientados a modificar la legislación, ya sea
para introducir órganos de control directo, en
ambos casos con la pretensión de conseguir
mejoras en la eficiencia.
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