Eurotopía: Los servicios públicos en Europa, de la privatización a la participación.


Título: Eurotopía: Los servicios públicos en Europa, de la privatización a la participación. (Revista)

Autor: Vittorio Longhi, Hilary Wainwright, Gemma Galdon Clavell, Oscar Reyes, Carla Casalini

Año:2007

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EUROTOPIA
Número 4 Edición en español
Los servicios públicos en Europa
de la privatización a la participación
3
8
11
13
Contenidos
Europa, S.A. 2
El fracaso de las privatizaciones
en Gran Bretaña 6
Asociaciones público-privadas en Europa 7
Alternativas para la reforma
del sector público en Europa 8
Regreso al futuro 10
Europa unida en defensa
de los servicios públicos 13
La revuelta contra la privatización
de la sanidad 16
Créditos
Editorial: Vittorio Longhi, Hilary Wainwright, Gemma Galdon
Clavell, Oscar Reyes, Carla Casalini
Traducciones: Beatriz Martínez Ruiz, Kate Wilson, Ilaria Perlini
Diseño: Zlatan Peric
Ilustraciones: Phil Evans, Tim Sanders
Imprenta: Imprenta Hija de J. Prats Bernadás
Sindicatos colaboradores: CGIL (Italia), CCOO (España ), EPSU
(Europa), Sud-PTT (Francia), Unison North (Gran Bretaña), TUC
North (Gran Bretaña), Ver.di (Alemania)
Socios colaboradores: Transnational Institute (Países Bajos),
Aitec (Francia), European Services Strategy Unit (Gran Bretaña),
Avgi (Grecia), Carta (Italia ), El Viejo Topo (España), Epohi
(Grecia), Il Manifesto (Italia), MO* (Bélgica), Politis ( Francia),
Red Pepper (Gran Bretaña)
North
North
3 I EUROTOPIA I 2007
Hasta el presidente de la autoridad italiana en
materia de competencia y mercado admite que, al
fin y al cabo, puede que haya bienes públicos que
deban quedar al margen de la lógica mercantil.
En febrero de este año, Antonio Catricalà declaró:
‘Lo cierto es que, algún día, deberemos distinguir
entre el mercado y los servicios universales.
Hasta la fecha, todos los esfuerzos han resultado
infructuosos, y hasta la valiente Inglaterra ha fracasado
en la liberalización de los ferrocarriles y
del sistema de transportes en general’.
Un comentario notable teniendo en cuenta que
procede de alguien que es un verdadero partidario
de la competencia y el libre mercado, y se ha
desecho en elogios sobre las propuestas de ley
para la apertura de los servicios públicos al mercado.
En esa misma audiencia sobre ‘reestructuración
de los servicios públicos’ ante el Senado
italiano, Catricalà tuvo que admitir que, incluso
en el caso británico (siempre citado como un
ejemplo positivo de liberalización), ‘se han constatado
problemas desde el punto de vista del servicio
y quizá –dado que las autoridades británicas
hace años que no proporcionan datos sobre la
seguridad– también en el campo de la seguridad’.
En toda Europa se está viviendo un intenso conflicto
sobre el futuro de los servicios públicos.
Por un lado, están aquellos que opinan que la privatización
y la liberalización son instrumentos
indispensables para cubrir las necesidades de los
consumidores, mejorar la eficiencia de las finanzas
públicas y crear un mercado europeo común
que permita la libre circulación de empresas, profesionales
y trabajadores. Por el otro, están los
Europa, S.A.
La privatización de los servicios públicos avanza de forma implacable
en toda Europa. Este artículo analiza qué es lo que eso implica para
consumidores, trabajadores, ciudadanos y la democracia en general.
En Italia, la privatización de las autopistas hizo aumentar los costes y la ineficiencia. Benetton compró la mayor parte de las acciones
4 I EUROTOPIA I 2007
que hacen hincapié en el riesgo que entraña privatizar
servicios históricamente garantizados y
protegidos por el Estado, despojando así a la
población de un control democrático sobre la
forma en que se gastan sus impuestos.
Vivimos tiempos difíciles. En Italia, la privatización
empezó con las empresas industriales de
titularidad estatal. Ahora, el Gobierno de Prodi la
está ampliando a servicios públicos locales básicos,
es decir, a lo que consideramos como ‘bienes
comunes’. Alemania sigue inmersa en el proceso
de venta de sus infraestructuras: energía, ferrocarriles,
telecomunicaciones, etc. En todos los países,
las ideas que surgieron durante los años de
Thatcher y Reagan entre los partidos conservadores
se han convertido en consenso generalizado
entre los partidos de centro-izquierda, a pesar de
que cada vez se hace más evidente el fracaso de la
privatización y de la liberalización desde el punto
de vista de la satisfacción del consumidor y de la
eficiencia de las finanzas públicas.
El Reino Unido es el país donde la privatización
ha llegado más lejos. La liquidación de empresas
industriales como las del carbón y el acero forma
ya parte de la memoria histórica. Actualmente, el
país está abriendo a la empresa privada los
gobiernos municipales, la sanidad, la educación y
parte del sistema de justicia penal. Los organismos
públicos se van convirtiendo así en unidades
que adquieren servicios, por encargo, de entes del
sector público, privado y del voluntariado.
También se les está exigiendo que creen nuevos
mercados de competencia para proveedores allí
donde nos lo hay.
Teoría y práctica
Este proceso, no obstante, está plagado de contradicciones.
Una de ellas se da entre las promesas
de la liberalización y las consecuencias de la privatización.
Aunque en la práctica estos son dos
fenómenos muy estrechamente relacionados (la
liberalización suele allanar el terreno de la privatización),
en teoría son distintos y, a menudo, se
utilizan con distintos fines ideológicos y políticos.
Al menos en teoría, los gobiernos afirman
que emplean la liberalización para estimular la
competencia y evitar que instituciones con un
monopolio o un cuasi monopolio fijen los precios.
Por tanto, se dice que la liberalización de los
servicios beneficia al consumidor. La privatización,
en cambio, consiste en el traspaso parcial o
total de industrias públicas al sector privado.
Margaret Thatcher la utilizó en su forma más
pura –la venta directa de esas industrias– para
derrotar a los sindicatos y, desde entonces, se ha
ampliado para incluir la sustitución del suministro
público de servicios por el suministro privado
a través del proceso de competencia y mercantilización.
No obstante, a menudo las repercusiones de la
privatización chocan en la realidad con los argumentos
teóricos de la liberalización, y los gobiernos
se ven obligados a poner en marcha programas
de liberalización con el objetivo de combatir
los privilegios de las empresas privadas monopolísticas.
Ejemplo de ello es la forma en que operan los
servicios postales y las empresas telefónicas.
Aunque Telecom Italia, por ejemplo, se ha privatizado
y ahora compite con otras empresas privadas
en el mercado de la telefonía móvil, según
estudios efectuados por Eurobarometer, un centro
de investigación contratado por la Comisión
Europea, los consumidores italianos registran los
niveles de satisfacción más bajos de Europa, tanto
en términos de servicio al cliente como de precios.
Las respuestas más positivas por parte de los
consumidores proceden en cambio de países
donde sigue prevaleciendo la propiedad pública
de las empresas telefónicas. Otro ejemplo clásico
de los defectos de la privatización en Italia se
manifiesta en los altos costes y el mal funcionamiento
de las autopistas públicas, privatizadas en
1999.
La experiencia italiana ilustra muy bien uno de
tantos problemas inherentes a la privatización y a
la liberalización que es común a toda Europa: el
fin del monopolio de Estado no se ha traducido
en la creación de un mercado competitivo, sino
en oligarquías privadas y en grandes beneficios
para las empresas; pero no para las administraciones
públicas, que no consiguen resolver los
problemas de falta de financiación y endeudamiento.
Las instituciones financieras han sido las
principales beneficiadas con la privatización de
infraestructuras en Europa. La historia se repite
en todo el continente: deterioro de los servicios
liberalizados, despido masivo de trabajadores y
debilitamiento de los sindicatos.
Conflictos de interés
Otra de las consecuencias a escala europea de la
privatización y la liberalización se hace patente
en los tremendos conflictos de interés entre las
principales redes de telefonía, medios, electricidad
y gas del continente. La Comisión Europea,
por ejemplo, desea separar la propiedad de las
empresas productoras de energía de la propiedad
de las empresas que administran las redes de
suministro; una división que también busca en el
sector de las telecomunicaciones.
5 I EUROTOPIA I 2007
Precisamente en relación a éste último, surgió
hace poco un conflicto entre la comisaria europea
para la Sociedad de la Información y los
Medios de Comunicación, Viviane Reding, y el
Gobierno alemán. El problema en este caso atañe
a Deutsche Telekom, que está realizando grandes
inversiones en fibra óptica y no tiene ninguna
intención de permitir a posibles competidores
que accedan a estas redes. De momento, la cuestión
está bloqueada, pero este tipo de conflictos
es cada vez más habitual y confirma cómo el
debilitamiento del sector público sólo favorece
los intereses de las elites económicas.
El paso de lo público a lo privado que ha tenido
lugar en Europa ha puesto también de relieve el
vínculo entre privatización (de industrias,
infraestructuras y empresas públicas) y la creciente
influencia de los mercados financieros en
la dirección de la economía y la sociedad. En
muchos países europeos, la privatización ha estado
directamente relacionada con el ‘accionariado
difuso’ y con el ‘capitalismo popular’, aunque las
empresas aseguradoras y los fondos de pensiones,
y nos los ciudadanos de a pie, son los mayores
compradores.
En Francia, por ejemplo, el Gobierno ha optado
por la vía del accionariado público y por la entrada
en nuevos mercados. ‘Siempre con el pretexto
de controlar el sector público, los gobiernos de
izquierda y derecha nos han llevado a una profunda
transformación de las empresas públicas
en multinacionales industriales, con una creciente
cuota de capital privado’, comenta Nicola
Galepides, del principal sindicato francés de las
telecomunicaciones. ‘Las industrias estatales
como France Telecom y EDF-GDF han ido comprando
cada vez más empresas públicas en países
emergentes’, explica Galepides, y su actividad a
escala mundial se incrementará con la privatización.
Parece que el próximo objetivo de los privatizadores
será el servicio postal, con el sector de
la mensajería internacional en primera línea de
tiro. ‘Dado que no es un mercado en expansión’,
dice Galepides, ‘lo que empeorará serán los derechos
de los trabajadores y la calidad de los servicios
para los ciudadanos’.
También el Gobierno español se ha volcado en el
sector privado. Aquí, la privatización empezó
cuando se privatizaron los sectores industrial y
de los servicios públicos en 1986. El INI
(Instituto Nacional de Industria) vendió Seat y
Puralator a empresas extranjeras privadas, mientras
que el 38 y el 98%, respectivamente, de dos
importantes empresas energéticas estatales, Gesa
y Endesa, se vendieron en el mercado financiero.
En las últimas oleadas de privatización, también
han entrado en escena bancos y empresas de producción
de alimentos, forestales y tabacaleras.
Este proceso de mercantilización de lo que antes
eran servicios estatales está provocando, entre
otras cosas, que el ciudadano se convierta en
consumidor y en pequeño accionista. Las implicaciones
políticas de esta cuestión se deberían
discutir muy seriamente, ya que subyacen a
muchas de las contradicciones de las políticas de
los partidos de izquierda. Sólo hay algo que explique
la predilección de esos antiguos partidos de
la izquierda por la privatización: la voluntad de
establecer pactos con los nuevos peces gordos de
las finanzas.
Democracia y servicios públicos
Hay dos cuestiones estratégicas recurrentes. La
primera es cómo definir en términos jurídicos
‘servicios de interés general’ y ‘servicios de interés
económico general’; la segunda es la cuestión de
la democracia participativa.
La literatura sobre el primer punto es amplia,
pero aún no existe acuerdo a escala comunitaria.
Según un reciente estudio italiano realizado por
la federación sindical CGIL, la Rete Nuovo
Municipio, Attac Italia y Arci, el derecho comunitario
‘no reconoce la noción de servicio público’,
sino la de ‘servicio de interés económico
general’. Por tanto, una de las tareas políticas más
apremiantes para los detractores de la privatización
en Europa pasaría por garantizar una directiva
clara y definitiva sobre los servicios de interés
general.
Otro problema fundamental que hay que abordar
es el de la democracia. La privatización ha ido de
la mano de ideologías políticas ‘individualistas’ y
autoritarias. La UE está experimentando una
desastrosa falta de participación cívica en sus
políticas, tal como destaca una investigación efectuada
por la Unidad Internacional de
6 I EUROTOPIA I 2007
EL FRACASO DE LAS PRIVATIZACIONES EN GRAN BRETAÑA
Ferrocarriles
El sistema ferroviario nacional se desmanteló para privatizarlo. La empresa Railtrack
PLC se hizo cargo de las vías y de la señalización, y los servicios ferroviarios se adjudicaron
en régimen de concesión a operadoras que alquilan el material ferroviario a
tres empresas de arrendamiento del sector. El mantenimiento, los almacenes y los
servicios de carga también se privatizaron y se entregaron a otras compañías.
Railtrack perdió la gestión el 7 de octubre de 2001 y fue sustituida por Network Rail,
una empresa sin ánimo de lucro que posee y mantiene las vías, las señales, los
puentes y 2.500 estaciones. Network Rail dejó de subcontratar los servicios de mantenimiento
y traspasó 16.000 empleados de mantenimiento, más de 5.000 vehículos
de carretera, 600 almacenes y 11 centros de formación a la administración interna. La
concesión del servicio en el sudeste del país se rescindió en 2003, tras años de mal
funcionamiento, y la empresa que operaba la concesión del tramo Londres-
Edimburgo se declaró en suspensión de pagos en 2006. El mal funcionamiento y la
congestión siguen afectando a muchos servicios a pesar de los importantes subsidios
públicos.
Limpieza en hospitales
El programa piloto de contratación externa del NHS se tradujo en una serie de
incumplimientos contractuales y en la reducción de los estándares de limpieza
durante el período 1983-2000. En 2002, en torno a un 52% de los contratos para servicios
domésticos se externalizaron, según un estudio no publicado del propio NHS, con
un coste aproximado de 94 millones de libras esterlinas. Sin embargo, el servicio
había empeorado hasta tal punto que, en 2004, se invirtieron otros 68 millones de
libras para mejorar los niveles de higiene, incrementar la frecuencia del servicio y
mejorar las prácticas para controlar las infecciones, acabando así con los supuestos
‘ahorros’ alcanzados.
Electricidad
En 2002, el Gobierno tuvo que acudir al rescate económico de una central de energía
nuclear privatizada, que generaba el 20% de la electricidad consumida en Gran
Bretaña, con unos 410 millones de libras con las que cubrir las deudas de la empresa.
Se pactó un acuerdo de reestructuración, por el que los acreedores de la empresa
aceptaron una capitalización de la deuda, lo cual dejó a los accionistas con apenas un
2,5% de las acciones. British Energy dejó de cotizar en la Bolsa de Londres.
Autobuses, prisiones y ayuda social
La desregulación y privatización de los servicios municipales de autobús, la construcción
de nuevas prisiones mediante asociaciones público-privadas y el traspaso de la
ayuda social a empresas privadas y organizaciones de voluntarios se consideraron
operaciones ‘de éxito’ porque todas ellas lograron ‘ahorros’. Sin embargo, los salarios
se recortaron un 15-25% a cambio de más horas de trabajo y, muchas veces, sin derecho
a pensión.
Tecnología de la información
Desde 2003, los proyectos relacionados con las tecnologías de la información no recurren
a la fórmula de la asociación público-privada, tras una serie de sonados fracasos y
después de que un centenar de contratos públicos fueran externalizados y sufrieran
largos retrasos, exceso de costes y fallos de sistema.
Investigación de los Servicios Públicos de la
Universidad de Greenwich (véase http://www.psiru.org)
por encargo de la Federación Europea de
Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP), que se
muestra muy crítica con el informe oficial de la
Comisión Europea sobre servicios y liberalizaciones.
Los investigadores destacan que el informe
de la Comisión –que, al fin y al cabo, trata temas
de vital importancia para todos los ciudadanos
europeos– sólo se publicó en inglés y fue redactado
por un círculo muy reducido de personas que
no sólo no implicaron mínimamente a las asociaciones
de la sociedad civil, sino tampoco a otros
representantes institucionales de la propia
Comisión. En el informe Evaluating Network
Services in Europe: a critique of the EC evaluation
of the performance of network industries (disponible,
en inglés, en http://www.psiru.org/reports/2006-03-
EU-EPNIcrit.doc), el autor, David Hall, hace hincapié
en ‘la necesidad de un proceso independiente,
participativo y democrático: la Comisión
Europea no debería actuar como defensa, jurado
y juez de sus propias políticas’.
Bolkestein y el futuro
Uno de los retos importantes a los que se enfrenta
Europa en estos momentos es la directiva
Bolkestein sobre la liberalización de servicios,
una de las últimas de toda una serie relacionada
con el mercado único europeo. Las directivas
anteriores estaban dirigidas a sectores concretos
– telecomunicaciones, energía, transporte ferroviario,
residuos y servicios postales– y exigían
que todos los Estados miembro se comprometieran
con un calendario de desregulación que
abriera las redes públicas a operadores privados.
Bolkestein, en cambio, persigue la completa liberalización
de las industrias de servicios, creando
un mercado europeo común. La formulación del
texto original suponía un ataque directo contra
los derechos de los trabajadores, ya que permitía
a cualquier empresa de un país comunitario contratar
a trabajadores en otros países de la Unión
en virtud de la legislación laboral más laxa de su
‘país de origen’.
Las protestas que se sucedieron por toda Europa
desembocaron finalmente en un compromiso por
el que se excluyó la cláusula del país de origen y
se protegieron ciertos servicios de la apertura al
mercado. ¿Pero cuánto tiempo durará ese compromiso?
¿Quién puede descartar que, en el futuro,
una empresa extranjera consiga ejercer la suficiente
presión como para hacerse con servicios
en ámbitos que ahora están protegidos? ¿Qué
sectores quedarán excluidos de la liberalización
en el mercado interno de la Unión? Todos los
servicios, vinculados a todo tipo de interés general,
podrían quedar finalmente liberalizados para
dejar al Estado la mera responsabilidad de asistir
a los sectores más vulnerables.
Una de las próximas líneas de batalla de la liberalización
y privatización estará muy probablemente
relacionada con la sanidad. En este sentido,
cabe destacar que el actual comisario europeo de
Sanidad es el chipriota Markos Kyprianou. Y
Chipre, en caso de que alguien no lo supiera, es
un país que carece de sistema sanitario público.
Asociaciones público-privadas en Europa
Las asociaciones público-privadas (APP, en que el sector privado
elabora, busca la financiación y gestiona los proyectos)
se han extendido rápidamente en Gran Bretaña desde 1992,
país donde funcionan 800 proyectos por un valor capital que
supera los 50 billones de libras y un coste total de inversión y
gestión de instalaciones que sobrepasa los 200 billones de
libras.
Los primeros proyectos desarrollados en Gran Bretaña mediante
la fórmula de APP se centraron en transporte, prisiones
y hospitales, pero ahora abarcan también la infraestructura
de bienestar del Estado (educación, sanidad, ayuda social,
vivienda, servicios culturales), además del sector de los residuos
y del sistema de justicia penal.
Aunque actualmente los proyectos APP representan un porcentaje
muy modesto de las inversiones europeas en
infraestructuras, en la mayoría de países se están extendiendo
en número y alcance. Prácticamente todos los Estados
europeos cuentan con un marco legislativo para proyectos
APP y han establecido unidades especializadas en el
Gobierno central para promover y gestionar este tipo de
proyectos. Además de Gran Bretaña, la mayor parte de
proyectos APP se encuentran en España, Portugal, Francia,
Italia, Alemania e Irlanda. En Alemania, por ejemplo, se
aprobaron 18 proyectos APP entre 2003-05, y hay otros 80 en
preparación.
Los proyectos APP más habituales se desarrollan en el sector
de las autopistas, el agua y la eliminación de residuos (especialmente
en Francia, España, Portugal, Italia, Grecia,
Irlanda y Gran Bretaña), seguidos de escuelas y hospitales.
En Europa del Este, hay también toda una serie de proyectos
APP en diversas fases de elaboración y ejecución. El Banco
Europeo de Inversiones (BEI) es financiador primario o secundario
de muchos de este tipo de proyectos.
Empresas APP y constructoras europeas como Skanska
(Suecia), Ferrovial (España), Hochtief (Alemania) y Vinci,
Bouygues y SITA (Francia) tienen muchos proyectos en Gran
Bretaña, mientras que las constructoras y los consultores
financieros, legales y técnicos británicos se están expandiendo
por toda Europa.
8 I EUROTOPIA I 2007
‘Estábamos rotundamente en contra de la privatización’,
recuerda el sindicalista noruego Rolv
Hanssen.‘Entonces alguien nos preguntó: “ya
sabemos en contra de qué estáis, ¿pero que proponéis?”’.
Esa es la gran pregunta que se está
planteando la izquierda de toda Europa mientras
intenta tomar aliento en plena embestida neoliberal.
‘Defender’ y ‘luchar contra’ se han convertido
en dos constantes del léxico de la izquierda
durante los últimos 20 años. Faltaba ‘transformar’.
Pero sindicatos, municipios y movimientos
de todo el continente, víctimas de una socialdemocracia
que desertó para abrazar la causa de la
mercantilización, han empezado a experimentar
con nuevos modelos de gestión de los servicios
públicos como elemento fundamental para evitar
que cambien de manos. En ese intento por arrancar
a la derecha la agenda social, se ha contado
con la participación de trabajadores y ciudadanos,
y la movilización de la sociedad civil. Y, con
ello, la inexorable marcha de los privatizadores se
ha ralentizado y, en algunos lugares, se ha detenido
por completo.
‘Trondheim es lo que nos inspira’, declaró el líder
laborista noruego Jens Stoltenberg tras la victoria
de su partido y sus socios de centro-izquierda en
las elecciones nacionales de 2005. Según los
observadores, el programa del nuevo Gobierno
–que se compromete, entre otras cosas, a acabar
con todas las privatizaciones y a adoptar un papel
más activo en la gestión de empresas como la
ferroviaria, en la que el Estado es socio mayoritario–
es seguramente el más radical que haya presentado
cualquier país miembro de la OCDE en
muchos años. Y eso sin olvidar que Stoltenberg
era considerado como la versión noruega de
Tony Blair cuando asumió la dirigencia del partido.
Fue la experiencia de Trondheim, la tercera
mayor ciudad del país, donde una coalición de
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil
impulsó una plataforma de izquierda para poner
en marcha un ‘programa radical para revindicar
el sector público’, lo que obligó al Partido
Laborista a cambiar de rumbo. Así, el partido ha
pasado de ser un firme defensor de las privatizaciones
a mostrarse contrario a ellas.
El proceso comenzó en Trondheim en 2002,
cuando la confederación de sindicatos de la ciudad,
previa consulta con sus delegaciones, desarrolló
un programa político de 19 puntos para
las elecciones municipales de 2003. El programa
se centraba en toda una serie medidas con las
Alternativas para la reforma
del sector público en Europa
Con unas privatizaciones que no consiguen suministrar servicios
públicos de calidad, ¿qué alternativas hay al célebre
‘no hay alternativa’? Desde las iniciativas sindicales en
Noruega y Gran Bretaña a los presupuestos participativos
en Italia y España, Mathew Little parte en busca de novedosas
reformas en el sector público de toda Europa.
9 I EUROTOPIA I 2007
que contrarrestar la política del gobierno de derechas
en materia de licitación competitiva para los
servicios públicos. Las demandas del sindicato se
presentaron a todos los partidos políticos, la confederación
de sindicatos clasificó las respuestas y,
posteriormente, difundió su análisis entre los afiliados
y los vecinos. Los partidos que habían
dado apoyo a gran parte de las demandas sindicales
–el Partido Laborista, la Izquierda Socialista
y la Alianza Electoral Roja– obtuvieron la mayoría
en el consistorio. Según los sondeos a pie de
urna, el 70 por ciento de los afiliados sindicales
votó por la izquierda, frente al 54 por ciento de
las elecciones anteriores.
Esta nueva mayoría de izquierda en el ayuntamiento
se embarcó casi de inmediato en una
política de remunicipalización de los servicios
públicos, abriendo negociaciones para recuperar
la titularidad de la empresa municipal de autobuses
y revocando una decisión que pretendía privatizar
los cines de la ciudad. Tampoco se renovó
una serie de contratos con empresas privadas
para la provisión de asistencia a los ancianos y se
puso en marcha un ambicioso programa de
inversiones en las escuelas públicas. De esta
forma, Trondheim, en contra de las tendencias
nacionales, incrementó la ayuda social destinada
a todos aquellos que no participan en el mercado
laboral, como las madres solteras.
‘Con la mirada puesta en Trondheim’ se convirtió
en el lema de la izquierda y del movimiento sindical
en Noruega, que repitió la campaña de
Trondheim para las elecciones nacionales de
2005. Promovida por Attac y los sindicatos, la
campaña organizada en Oslo en 2005 instaba a la
clase política a aceptar demandas como el fin de
las privatizaciones y de las rebajas de impuestos.
Unas 4.000 personas asistieron a una manifestación
celebrada con tal fin en la capital. Tras las
elecciones, los partidos de centro e izquierda
recibieron la visita de grupos activistas y del
movimiento sindical. Cuando se formó la nueva
coalición, integrada por el Partido Laborista, el
Partido de Centro e Izquierda Socialista, el proceso
de privatización se detuvo.
Pero la victoria no se alcanzó gracias a un único
frente. Mientras los sindicatos intentaban proteger
los servicios públicos a través de su campaña
política, también estaban luchando por cambiarlos
desde dentro. Desde fines de los años noventa,
el mayor sindicato del país, el Sindicato de
Empleados Municipales y Generales
(Fagforbundet), ha estado fomentando una política
de participación de los trabajadores del sector
público para mejorar la calidad de los servicios.
Esta estrategia, conocida como ‘proyecto
por un nuevo municipio’, es un intento por superar
la amenaza de la privatización acabando con
la excusa de que los servicios están mal gestionados.
‘Sabemos que los empleados del sector
público quieren hacer un buen trabajo. Durante
el almuerzo, en el comedor, discuten temas de
trabajo’, comenta Rolv Hanssen, ex asesor de
Fagforbundent. ‘La idea es utilizar sus conocimientos
y escucharles’. Se iniciaron así proyectos
piloto en municipios pequeños, en que se celebraron
reuniones entre empleados y usuarios de
los servicios; se animó a los trabajadores a presentar
sus ideas para mejorar los servicios, se
compartieron conocimientos. Todos los cambios
se realizaron partiendo de la base de que, tras el
proceso, no se perdería ningún puesto de trabajo.
El Gobierno de centro-izquierda de Noruega ha
adoptado ahora esta política, que se ampliará a
100 municipios este mismo año.
El sindicato de los servicios públicos Kommunal
de Suecia ha puesto en marcha un experimento
parecido, conocido como ‘Come On’, por el que
se insta a los trabajadores a identificar las áreas
susceptibles de mejora y a encontrar nuevas formas
de trabajar; de nuevo, con la garantía de que
los cambios no se adoptarán a expensas de sus
propios puestos. En palabras del vicepresidente
de Kommunal, Lars-Ake Almqvist, ‘frente a las
demandas de los empresarios, que defendían
recortes en los servicios públicos o su privatización,
Kommunal se dio cuenta de que limitarse a
rechazar los cambios no es muy constructivo,
sobre todo porque algunas de las acusaciones
sobre la ineficiencia de los servicios públicos eran
ciertas. Así que empezamos a desarrollar un
modelo para construir organizaciones más eficientes,
no jerárquicas, que involucraran a los
empleados, con el objetivo de ahorrar fondos sin
despedir a la gente’. Ahora son 60 los municipios
que siguen este modelo en ámbitos como el cuidado
de los ancianos y los servicios de agua.
Los sindicatos británicos también se han enfrentado
al sector privado en su propio campo – las
licitaciones competitivas– y han ganado. En
Newcastle, el sindicato del sector público Unison
consiguió en 2002 un contrato de 250 millones
de libras para el suministro de los servicios informáticos
y afines del ayuntamiento durante 10
años. Esta opción ‘interna’ ganó a otra propuesta
presentada por la multinacional de las telecomunicaciones
BT. Al igual que en Trondheim, el
triunfo sindical se alcanzó mediante una amplia
campaña política caracterizada, entre otras cosas,
por la formación de una Alianza de los Servicios
Públicos contra las privatizaciones, integrada por
concejales que apoyaban la iniciativa y grupos
comunitarios, y la publicación de un manifiesto
10 I EUROTOPIA I 2007
de los servicios públicos. En opinión del investigador
Dexter Whitfield, que ayudó a preparar la licitación,
‘nadie podría haber acusado al sindicato
en ningún momento de estar meramente preocupado
por los estrechos intereses económicos de
sus miembros. Este énfasis en la política pública
fue muy importante. Los afiliados estaban igual de
interesados en el contenido de sus trabajos, el servicio
suministrado, el proceso mediante el que
proporcionaban los servicios y a quién debían
rendir cuentas’. La confianza que generó esta licitación
interna animó a Unison a revisar toda su
estrategia sobre contrataciones públicas y, desde
entonces, ha conseguido importantes contratos
para la gestión de comedores escolares y servicios
de tecnología en varios centros educativos.
También se ha reelaborado la estrategia de contrataciones
públicas del ayuntamiento con el fin de
promover las licitaciones internas y evaluarlas con
la misma lupa que las del sector privado. ‘Antes,
había que arrastrar al ayuntamiento a la mesa de
negociaciones para presentar una propuesta interna’,
explica Whitfield. ‘Ahora la piden directamente’.
Y cree además que el resto del movimiento sindical
británico debería tomar buena nota de lo
que se ha conseguido en Newcastle. ‘Se trata de
decir “puedo hacer esto” y tener las narices de
ponerse a hacerlo’.
Y mientras los sindicatos han ido ganando en
imaginación y ambición para articular su defensa
de los servicios públicos, se ha abierto otro camino
en la lucha contra las privatizaciones desde un
frente totalmente distinto: el del movimiento para
capacitar a los consumidores de servicios. En los
últimos años, el concepto de ‘presupesto participativo’
–‘la apropiación de los servicios públicos
por parte de los ciudadanos de a pie’, en palabras
de uno de sus defensores– ha salido de su cuna en
Brasil para difundirse por toda Europa. En
España., el 5,2 por ciento de la población vive en
municipios que practican el presupuesto participativo,
adoptado por ciudades como Córdoba,
Sevilla, Getafe y Albacete. En Sevilla, una coalición
formada por el Partido Socialista e Izquierda
Unida empezó a ceder parte de su poder sobre las
arcas municipales a 21 asambleas vecinales de
toda la ciudad en 2004. Los departamentos de
obras públicas, deportes, juventud, educación, cultura,
medio ambiente y sanidad someten una cifra
de hasta 30 millones de euros de su presupuesto
total a la deliberación ciudadana. El proceso se ha
traducido en proyectos de inversión pública como
la construcción de piscinas y centros deportivos,
programas de regeneración urbana en zonas desfavorecidas
y rehabilitación de escuelas públicas.
Según Javier Navascués, director de la Fundación
de Investigaciones Marxistas, el presupuesto participativo
propone una alternativa a la simple
Cuando se vacían los cubos de basura en la ciudad
alemana de Bergkamen, situada en
Renania del Norte-Westfalia, su contenido va
a parar a unos vehículos decorados con el logo
negriazul de la “Entidad gestora de residuos
de Bergkamen” (EBB), la empresa pública
encargada de los servicios de eliminación de
residuos de la ciudad desde julio de 2006,
cuando la autoridades municipales decidieron
rescindir el contrato privado existente
desde años atrás.
La cuestión financiera fue uno de los factores
clave para que la alcaldía decidiera
volver a municipalizar estos servicios,
comenta Hans-Joachim Peters, administrador
de EBB. Según los asesores contratados
por el ayuntamiento, la empresa
ha reducido los costes un 30% a pesar
de haber comprado seis vehículos
nuevos y haber mantenido los niveles
salariales de todos sus empleados.
‘Conseguimos ahorrar más de lo que
preveíamos en un principio’, recuerda
Peters. Hace tres años, el municipio
decidió reorganizar los servicios de
eliminación de residuos, y, tras un
proceso de estudio de diferentes
alternativas, se acordó que el modelo
público sería el más eficiente.
Desde entonces, las tarifas de los
usuarios han disminuido un 7,4% ,
(sigue en página 12)
defensa del control verticalista del Estado sobre
los servicios públicos y a las privatizaciones o
subcontrataciones. En lugar de una continuidad
del statu quo, representa una nueva democratización
de la esfera pública. ‘Las luchas contra las
privatizaciones en España rara vez han propuesto
una alternativa a la gestión pública burocrática
tradicional’, comenta Navascués. ‘La gente
está adquiriendo capacidades, aprendiendo
cómo luchar por sus proyectos y sueños sin perderse
por los laberintos del aparato estatal. Es
una experiencia verdaderamente gratificante ver
cómo los ciudadanos de a pie cuestionan a los
cargos públicos’.
En Italia, muchas localidades se han unido para
11 I EUROTOPIA I 2007
Regreso al futuro
la remunicipalización en Bergkamen
La remunicipalización de la gestión de los residuos en
Bergkamen ha beneficiado a los ciudadanos de esta ciudad alemana,
argumenta Heike Langenberg
y los servicios para los 52.000 habitantes de la
ciudad han mejorado y se han ampliado
ostensiblemente. Norbert Henter, jefe de personal
del ayuntamiento, se felicita por la
decisión de remunicipalizar: ‘Nos alegra que
cada vez haya más gente que recupere los servicios
públicos’.
La decisión ha despertado un gran interés en
otras localidades. ‘Hay varios casos de remunicipalización’,
explica Erich Mendroch, encargado
de la sección nacional de este sector en
el sindicato alemán Ver.di. Según afirma, la
experiencia demuestra que las empresas privadas,
en contra de sus promesas, no siempre
ofrecen servicios más económicos. Mendroch
considera que se debería exigir a las empresas
privadas que respeten los convenios salariales
colectivos de la industria al presentarse a las
licitaciones públicas, de forma que no sean los
trabajadores los que tengan que llevar la
carga de la reducción de costes. Este sindicalista
afirma también que es evidente que la
resistencia ciudadana a las propuestas de privatización
está aumentando, como
es el caso de Luebeck y Leipzig.
‘Hay otros ejemplos de remunicipalización
de servicios que ya se
habían privatizado’, dice Birgit
Ladwig, de la oficina nacional de
política y planificación de Ver.di.
La ciudad de Hannover, por ejemplo,
prevé reintegrar a los ingenieros
de inspección estructural a
la administración municipal
porque es la solución más
rentable. Argumentos muy
parecidos se están utilizando
para justificar el control público
sobre los servicios de limpieza
de edificios de Freiburg, unos
servicios que muy pronto se
van a remunicipalizar en
Dortmund. El distrito rural de
Soltau-Fallinbostal también
ha recuperado la gestión
pública de los servicios de
eliminación de residuos.
12 I EUROTOPIA I 2007
formar la Rete del Nuovo Municipio, una red
comprometida con una globalización ‘desde
abajo’ y la protección de la diversidad local, que
está experimentando con formas participativas
para el gobierno municipal. En los últimos 10
años, son muchos los municipios –desde los
pequeños pueblos de Grottammare y Pieve
Emanuele hasta barrios enteros de Roma– que
han adoptado formas de administración y planificación
participativas. La red, cuyos principios
de democracia participativa se están propagando
a gobiernos provinciales y regionales, sobre todo
en la Toscana, está planteando una alternativa a
la venta de los servicios hídricos de propiedad
municipal al sector privado. El modelo se basa en
la ‘gestión compartida’, por la que los usuarios del
recurso están representados en una junta gestora
y las zonas vecinas tienen su propia voz a través
de una junta ‘de transacciones’, con lo que se
garantiza que no se impongan intereses egoístas y
autárquicos. La legislación italiana no permite
aún la existencia del modelo ‘público-local’, y
ministros del centro-izquierda están incluso
intentando frenar los experimentos en pequeños
municipios. La nueva ley en esta materia fomenta,
de hecho, las simples privatizaciones, pero la
red está trabajando con la izquierda en el
Gobierno para intentar modificarla.
Todas estas iniciativas se caracterizan por cierto
sentimiento de apremio por aprovechar el impulso
de los cambios. Pero eso no significa que sean
homogéneas ni exentas de conflictos entre usuarios
y proveedores de servicios. En Trondheim,
donde el ‘nuevo modelo municipal’ de aprovechamiento
de los conocimientos de los trabajadores
fue iniciado por un gobierno de izquierda,
respaldado por una alianza de sindicatos y organizaciones
de la sociedad civil, la democracia
participativa de los ciudadanos ‘es un tema que
nunca ha estado sobre la mesa’, en palabras del
investigador Einar Braathen. En cambio, en
Sevilla, las iniciativas para involucrar a los usuarios
en el suministro de los servicios como parte
de una estrategia más general hacia la participación
ciudadana se han topado con la renuencia
de los sindicatos.
El catalizador más inmediato para muchos de
estos experimentos ha sido la amenaza externa de
la privatización. Pero eso no significa que ese
contexto se vaya a repetir siempre. Los ejemplos
de participación de los trabajadores en Noruega y
Suecia, por ejemplo, se han convertido en campañas
independientes por la adopción de reformas,
aunque se originaran como una reacción de
defensa ante la amenaza de ruptura del sector
público. Al menos 55 ciudades de Europa practican
actualmente alguna modalidad de presupuesto
participativo. Estas ‘alternativas a la privatización’
se están convirtiendo en auténticas alternativas
por su valor intrínseco y siguen su propio
camino, ajenas a la amenaza contra la que se crearon.
Presupuestos participativos en Sevilla
Siguiendo el ejemplo de la ciudad brasileña de Porto Alegre, la coalición formada por el Partido Socialista e Izquierda
Unida en la alcaldía de Sevilla adoptó los presupuestos participativos en 2004.
La ciudad, de 700.000 habitantes, está dividida en 21 asambleas, que, en 2006, contaron con la asistencia de unas
9.000 personas. Las asambleas disponen de un autorreglamento que fue elaborado por una comisión de delegados
elegidos por las asambleas. Cada año, la alcaldía decide qué cantidad designarán las asambleas, aunque éstas controlan
al menos el 50% del presupuesto municipal destinado a los diversos distritos. Actualmente, funcionan con este
sistema los departamentos de obras públicas, deporte, juventud, educación, cultura, sanidad y género.
Las asambleas eligen delegados que supervisan la ejecución de las políticas; delegados que rinden cuentas a sus
respectivas asambleas. A raíz de los presupuestos participativos, se ha construido una red de carriles bicicleta por
toda la ciudad, así como varias piscinas y campos de deportes. También se han emprendido programas de renovación
urbana, que han entrañado, entre otras cosa, la construcción de nuevas aceras y alcantarillas en los barrios más
pobres, y se han fijado prioridades para la rehabilitación de escuelas. Para fines de este año, se prevé que empiece a
emitir una radio comunitaria.
Los partidos de derecha de la alcaldía, al igual que los diarios locales, se muestran contrarios a los presupuestos participativos.
También los sindicatos del sector público se han mostrado reacios a la participación de los usuarios en los
servicios. Pero según Javier Navascués, director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, ‘mucha gente que al
principio desconfiaba del proceso se ha sumado a él y se muestra bastante entusiasta (…) Hay todo un núcleo de personas,
de contextos políticos y sociales muy distintos, que está construyendo una nueva concepción común de la ciudad
desde el pragmatismo’.
En España, los presupuestos participativos funcionan en 20 pueblos y ciudades, introducidos en todos los casos por el
Partido Socialista o Izquierda Unida.
13 I EUROTOPIA I 2007
Europa unida en defensa
de los servicios públicos
Giulio Marcon y Duccio Zola repasan la resistencia a las privatizaciones en
Europa, destacando el papel de las iniciativas sindicales paneuropeas y de
una creciente alianza entre movimientos sociales y sindicatos.
Una petición popular de un millón de firmas para
proteger a los servicios públicos; una campaña por
una normativa marco que no deje espacio a las
ambigüedades en la definición de lo que es interés
público e interés general; numerosas movilizaciones
que reivindican una Europa social basada en
los derechos de la ciudadanía, en el acceso a los
servicios, en los bienes comunes y en la custodia
del bienestar universal. Todas estas iniciativas ilustran
cómo movimientos sociales y sindicales son
hoy actores clave en la defensa de los servicios
públicos en Europa. El reto consiste en salvaguardar
lo que queda del modelo social europeo,
defendiendo el papel del sector público en la organización
de los servicios y en la planificación de la
economía, y una ciudadanía social realmente
inclusiva.
La petición de la Confederación Europea de
Sindicatos (CES), la campaña por una normativa
marco presentada por la Federación Sindical
Europea de Servicios Públicos (FSESP/EPSU) y las
muchas iniciativas de movimientos de todo el
continente forman parte de un proceso de lucha
por una Unión Europa más social. Su objetivo es
reimpulsar una política más intervencionista y
orientada al público, después de que, durante
décadas, los numerosos pactos y tratados de la UE,
desde el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de
Maastricht, hayan ido erosionando paulatinamente
el papel del sector público. Y una pieza clave de
todas estas campañas es el reconocimiento de lo
importante que es construir alianzas entre sindicatos,
movimientos sociales y comunidades locales.
Un buen ejemplo de ello se encontraría en
Alemania, donde el sindicato del sector de los servicios
Ver.di encabeza una movilización nacional
contra la rebaja de los subsidios energéticos anunciada
por el Gobierno, una medida con que se prepararía
el terreno de la privatización. El suministro
energético en Alemania depende de 1.400
empresas municipales que no podrían sostener los
recortes previstos sin recurrir al despido masivo
de trabajadores.
‘La medida beneficiaría a las grandes multinacionales
privadas de la energía e iría en detrimento de
unas importantes entradas en las arcas municipales
que se destinan a servicios básicos como el
trasporte público o el cuidado de niños y ancianos’,
explica Herman Schmid, sindicalista de
Ver.di. El pasado 7 de febrero, 25.000 personas se
manifestaron en Berlín contra la privatización.
En el país vecino, Francia, ha nacido la
Convergence Nationale des Collectifs de Défense
et de Développement des Services Publics, que
reúne a sindicatos, asociaciones de consumidores
y organizaciones políticas que abogan por la
defensa y la democratización de los servicios
públicos a escala nacional.
En España e Italia, se están adoptando nuevos
enfoques en el ámbito de la participación y la
democracia local. En regiones como Toscana y en
grandes ciudades como Sevilla, así como en
muchos pequeños municipios, se están difundiendo
cada vez más los presupuestos participativos y
otras herramientas democráticas en un intento
por devolver a manos de los ciudadanos el control
y las decisiones sobre el suministro de los servicios
públicos. De este modo, se promueve la defensa de
estos servicios y se fortalece la resistencia a la privatización.
En Italia, ha sido el agua la protagonista de una
lucha contra la privatización que ha cosechado un
gran éxito. El Foro por el Agua Pública, en que
confluyen unos 70 grupos activistas, sindicatos y
más de 700 municipios, presentó recientemente
una campaña nacional para acabar con la privatización
de las empresas de agua locales y recuperar
la gestión pública de servicios regionales y locales
ya privatizados. Mientras la Asamblea Mundial
del Agua se reunía en Bruselas y declaraba que el
agua era un bien público y un derecho humano
universal, el Foro italiano organizaba una manifestación
multitudinaria en Palermo, donde el
gobierno regional de centro-derecha estaba traspasando
la gestión del agua –un recurso especialmente
vital en Sicilia, región que padece una cons14
I EUROTOPIA I 2007
tante escasez de agua– a empresas privadas.
‘Curiosamente, la privatización del agua se considera
algo moderno e innovador’, comenta Marco
Bersani, de Attac Italia. ‘Pero la propiedad y la
gestión privadas del agua no son ninguna novedad.
Fue sólo a principios del siglo pasado cuando
los gobiernos, enfrentados a graves epidemias,
se dieron cuenta de la necesidad de disponer de
un servicio público de agua, accesible a todo el
mundo.’ La campaña del Foro ya ha recogido
100.000 firmas.
En el Reino Unido, la defensa de los servicios
públicos se ha centrado especialmente en la sanidad.
Decenas de miles de personas se han manifestado
y firmado peticiones contra los recortes y
la privatización del Servicio Nacional de Sanidad
(NHS). La protesta cuenta con el apoyo de
muchos diputados, tanto laboristas como demócrata-
liberales y, aunque las iniciativas locales son
fuertes, hasta la fecha, las movilizaciones han sido
limitadas debido a la falta de un marco unitario.
Ahora se está desplegando una campaña nacional
en la que participan más de 30 organizaciones de
todo el país y que cuenta con el respaldo del sindicato
de los servicios Unison y otros organismos
nacionales. Su objetivo es fomentar la acción y la
coordinación comunes en la defensa de una sanidad
pública y accesible.
Como éstos, podrían citarse muchos otros ejemplos
de iniciativas, ya que están surgiendo todo
tipo de alianzas locales y nacionales entre grupos
locales, comités espontáneos, movimientos sociales
y organizaciones sindicales.
Campañas sindicales paneuropeas
A escala europea, los sindicatos están desarrollando,
principalmente, dos campañas que persiguen,
por un lado, defender los servicios públicos y, por
el otro, mejorar su accesibilidad y calidad.
La primera de estas campañas, que aboga por un
marco jurídico comunitario sobre los servicios
públicos, está encabezada por la Federación
Sindical Europea de Servicios Públicos
(FSESP/EPSU) y se puso en marcha en mayo de
2006. La segunda es la promovida por la
Confederación Europea de Sindicatos (CES)
desde noviembre de 2006, que consiste en una
petición por ‘unos servicios públicos de calidad y
accesibles a todos’.
La CES parte de la idea de que ‘los servicios públicos
son esenciales para la cohesión social, económica
y regional de Europa. Estos servicios deben
ser de gran calidad y accesibles para todos(as)
los(as) ciudadanos(as). Hasta ahora, las privatizaciones
o las liberalizaciones han sido las únicas
alternativas propuestas y aplicadas’. La CES y sus
miembros han realizado un esfuerzo organizativo
sin precedentes para alcanzar el objetivo de un
millón de firmas, cifra que garantizaría un debate
en el seno del Parlamento Europeo. La petición,
concretamente, solicita una intervención legislativa
que garantice los derechos de los ciudadanos en
materia de servicios públicos clave.
El Partido Socialista Europeo se ha manifestado
recientemente a favor de la petición a través del
coordinador de los eurodiputados socialistas,
Martin Shultz. Además, el Centro de Estudios
Europeos de Estrasburgo (CEES) y el Centro
Europeo de Empresas con Participación Pública y
de Empresas de Interés Económico General
(CEEP) han emitido una declaración conjunta con
el fin de respaldar la petición y de hacer llegar al
Parlamento Europeo y a la Comisión la exigencia
común de proteger jurídicamente los servicios de
interés general. El mayor sindicato británico del
sector público, Unison, es uno de tantos sindicatos
nacionales que promueven la iniciativa en sus respectivos
países. En palabras de su secretario general,
Dave Prentis: ‘Los servicios públicos en
Europa son víctimas de un asalto y, por ello,
Unison respalda la petición de una normativa jurídica
europea que proteja a los servicios públicos
de los ataques ideológicos de los defensores del
libre mercado’.
La movilización de la FSESP, estrechamente vinculada
con la petición de la CES, reivindica ‘la
definición de un espacio protegido para los servicios
públicos’. ‘Pedimos una dimensión de protección
jurídica inaccesible a la mercantilización en
que se reafirmen los principios comunes del servicio
público partiendo de la base legal de la prevalencia
del interés general sobre las reglas de la
competencia del mercado’, explica Brian Synnott,
responsable de comunicación y campañas de la
Federación. Synott, además, subraya la necesidad
de garantizar el control local sobre la gestión de
servicios básicos, a través, entre otras cosas, de la
instauración de un Observatorio de los Servicios
Públicos que realice un seguimiento del impacto
de las liberalizaciones.
La Federación persigue, de hecho, una reglamentación
jurídica sobre los servicios públicos a través
de una normativa marco europea que aclare
definitivamente qué sectores pertenecen a este
ámbito, y acabar con la incertidumbre terminológica
y jurídica a que han sido condenados los servicios
públicos por la ambigüedad de las actuales
disposiciones de la UE. Los principios guía para
la definición de ese marco europeo deberían
15 I EUROTOPIA I 2007
comprender la igualdad de acceso, prohibiendo
cualquier forma de discriminación contra los
usuarios; la universalidad, mediante el suministro
de servicios a todos los ciudadanos; y la accesibilidad,
con el control de los precios y las tarifas.
A estos principios básicos se añadirían los de protección
del ciudadano-usuario (derecho a información
e indemnización, respeto de la intimidad)
y de concertación, a fin de garantizar el respeto de
los derechos de trabajadoras y trabajadores, de los
procedimientos contractuales y de las relaciones
sindicales. Se trata, pues, de una campaña por el
control democrático, con nuevas formas de participación
de usuarios y trabajadores, y normas
concretas para la transparencia y la imparcialidad.
El objetivo es asegurar un equilibrio entre los
diversos grupos de interés y proteger a los más
vulnerables.
La campaña está políticamente muy activa en la
UE, preparando estrategias de cabildeo en el
marco del Parlamento Europeo y de la Comisión,
y de órganos institucionales como el Comité
Económico y Social y el Comité de las Regiones.
La iniciativa debería finalizar en junio de 2007,
mes en que se presentará una primera propuesta
para un marco jurídico europeo sobre los servicios
públicos.
Los foros sociales
Lo novedoso de las actuales campañas es la aparición
de una trayectoria común entre sindicatos y
movimientos sociales. El Foro Social Europeo
(FSE), desde aquella primera edición florentina de
noviembre de 2002, ha ofrecido un lugar de
encuentro extraordinario para sindicatos y movimientos
sociales. En el marco de aquel primer
foro, se organizaron tres jornadas de seminarios
en torno a ‘Servicios públicos y privatizaciones’,
impulsados por grupos franceses, austriacos, italianos
y suizos de Attac, Espace Marx, Collectif
Services Publiques, World Development
Movement, Globalise Resistance, y por grupos
sindicales como Funzione Pubblica de la CGIL y
COBAS (Comités de Base).
En el siguiente FSE, celebrado en París en octubre
de 2003, se organizó un seminario parecido entre
movimientos sociales y sindicatos a escala europea.
De él surgió el compromiso, suscrito por la
Asamblea de Movimientos Sociales, de aunar las
iniciativas de los movimientos en torno a los servicios
públicos con la labor de los sindicatos. Esta
acción debía entenderse en el contexto de una
oposición más general a la constitución europea,
entonces en vías de aprobación.
Este encuentro adquiere un perfil de auténtica
confluencia durante el tercer FSE, que tiene lugar
en Londres en octubre de 2004, en que arranca el
debate sobre la directiva Bolkestein y se tratan de
forma específica los temas de la educación, la sanidad,
la energía y el agua.
‘Rechazamos la privatización de servicios públicos
y de bienes comunes como el agua’, recitaba la
declaración de la Asamblea de Movimientos
Sociales con que se clausuró el foro. ‘Apoyamos la
movilización del 11 de noviembre de 2004 contra
la directiva Bolkestein.’ Y más adelante: ‘Pedimos
movilizaciones nacionales en todos los países
europeos. Pedimos una manifestación central en
Bruselas el 19 de marzo [de 2005] contra la guerra,
contra el racismo, contra la Europa neoliberal,
contra la privatización, contra el proyecto de
Bolkestein y contra los ataques sobre la jornada de
trabajo (…) Llamamos a todos los movimientos
sociales y sindicales europeos a tomar las calles
durante este día’.
La primera de las manifestaciones, la del 11 de
noviembre de 2004, apenas reúne a unos miles de
personas en Bruselas. En cambio, en marzo de
2005 marchan por la capital belga, coincidiendo
con una reunión de ministros europeos de políticas
sociales y con el segundo aniversario del inicio
de la guerra en Iraq, 150 mil personas convocadas
conjuntamente por el FSE y la CES.
La alianza entre movimientos sociales y sindicatos
se materializa sobre un terreno común de rechazo
al vínculo entre neoliberalismo, guerra, ataque a
los servicios públicos y erosión de los derechos en
toda Europa. La campaña europea Stop Bolkestein
fue de una extraordinaria importancia en cuanto a
la unión de colectivos, ya que, en un breve espacio
de tiempo, consiguió la adhesión de centenares de
organizaciones, desde sindicatos y ONG internacionales
a redes transnacionales, pasando por partidos
de izquierda, y movimientos de base locales
y nacionales.
Otro de los hitos de la movilización fue la manifestación
del 14 de febrero de 2006, a la que asistieron
más de 50 mil personas, convocadas por la
CES en Estrasburgo con motivo de la votación en
el Parlamento Europeo de la directiva Bolkestein
sobre servicios en el mercado interno de la UE.
Aquella movilización logró introducir cambios
importantes en el texto final de la directiva, como
que se eliminaran elementos especialmente peligrosos
para la protección de los servicios públicos
y que se excluyeran cuestiones en materia de derecho
laboral y sanidad.
Aquello resarció en parte los esfuerzos de movimientos
y sindicatos, aunque éstos distaran de
estar satisfechos. Las críticas se centraron en la
profunda ambigüedad del texto, que sigue sin
aclarar qué servicios se deben proteger de la invasión
de la lógica del lucro.
La Red Europea por los Servicios Públicos
El gran salto cualitativo en la organización paneuropea
que representa la campaña Stop Bolkestein
se consolida en la cuarta edición del FSE, celebrada
en mayo de 2006 en Atenas. En la capital griega
se presenta la primera ‘Red Europea por los
Servicios Públicos’ y 40 organizaciones sindicales
y movimientos suscriben la ‘Declaración de
Atenas. Otra Europa con servicios públicos para
todos’. Cabe destacar, en este sentido, la participación
de numerosos entes de gobiernos locales,
algunos de los cuales trabajan mediante la
Convention Européenne des Autorités Locales
pour la Promotion des Services Publiques.
La red comparte el principio de que asegurar unos
servicios públicos de calidad para todos y todas es
indispensable para garantizar el respeto de aquellos
derechos fundamentales de ciudadanía que
deberían caracterizar al modelo social europeo. El
objetivo de la red es dar seguimiento a las movilizaciones
en torno a la Bolkestein y ofrecer una
coordinación estable entre las diversas organizaciones
que trabajan sobre la cuestión, incluidos
movimientos sociales y sindicales, y entes locales.
La red espera que, con el intercambio de experiencias
e información, estimulará y coordinará una
acción que determinará ‘tanto a escala europea
como nacional, las condiciones necesarias para
definir y regular aquellos servicios confiados a la
responsabilidad del poder público y preservarlos
de la lógica de liberalización, de privatización y/o
de captación privada de las rentas’. Además, considera
que, mediante la acción a escala continental,
aumentará la presión sobre las instituciones estatales.
‘A través de las redes, deberíamos alcanzar un
auténtico replanteamiento de las políticas liberales,
tanto en los respectivos gobiernos como en la
Comisión Europea’, comenta Rosa Pavanelli,
secretaria nacional de Funzione Pubblica de la
CGIL. ‘Es algo fundamental no sólo respecto a las
directivas sobre diversos servicios públicos, como
los sociales y los sanitarios, sino también con respecto
a los contenidos que se deberán compartir
con todos los ciudadanos cuando se retome el proceso
del tratado constitucional europeo’
La revuelta contra la privatización de la sanidad
Los recortes y la privatización de la sanidad están provocando manifestaciones multitudinarias en Gran Bretaña, explica Alex Nunns.
El Gobierno británico ha decidido transformar el Servicio Nacional de Sanidad (NHS), hasta ahora un proveedor integral y equitativo de atención
sanitaria, en una especie de aseguradora financiada con los impuestos de los ciudadanos que opera en un sistema mercantil. A los organismos del
NHS se les está transmitiendo el mensaje de que deben actuar operadores comerciales, y recortar servicios y personal. ¿El resultado? Una crisis que
se está traduciendo en la pérdida de empleos, y en el cierre de unidades, departamentos e incluso hospitales enteros. El proceso va acompañado
de una ‘privatización a retazos’, por la que el NHS se va dividiendo en pequeñas piezas que después se entregan, una a una, al control privado.
Muchos servicios de urgencias y unidades de maternidad corren el riesgo de desaparecer, y numerosos centros hospitalarios locales están cerrando
a lo largo y ancho del país. La situación ha generado campañas locales a gran escala, y ha llevado a varios miles de personas a manifestarse y a
muchos miles más a firmar peticiones. Además, estas campañas han atraído algunos apoyos insospechados, como el de varios diputados conservadores
y laboristas que se han añadido a las protestas. Incluso 11 ministros del Gobierno se han sumado a campañas locales, en contra de los cambios
que se derivan de sus propias políticas.
Esta fuerte oposición ha logrado algunas victorias destacables. Los importantes recortes en Gloucestershire, por ejemplo, se detuvieron después
de que 3.000 personas se manifestaran en Stroud y otras 5.000 se concentraran en el Bosque de Dean. También algunos consejos locales han estado
presionando para defender los servicios públicos; el consejo del condado de Surrey ordenó que se pusiera fin a los devastadores recortes en el
hospital de Epsom and St Hillier. Según el consejo, una decisión tan relevante se debía consultar con los habitantes. En el norte de Londres, se
garantizó un proceso de consulta sobre ciertos planes para reducir las enfermeras de distrito y las enfermeras escolares gracias a la tremenda presión
de la campaña Keep Our NHS Public en Waltham Forest. En el área metropolitana de Manchester, una antigua enfermera, Pat Morris, arriesgó
todos sus ahorros para emprender acciones legales contra el cierre de dos unidades hospitalarias.
Pero con este tipo de victorias no basta. Puede que la oposición local consiga frenar algunas embestidas, pero la amenaza que se cierne sobre el
NHS viene dictada por las políticas del Gobierno central. El principal desafío consiste en canalizar toda esta energía local hacia un movimiento
político nacional. Keep Our NHS Public, una campaña que cuenta con la participación de más de 30 grupos de todo el país, está intentando hacerlo
centrando su atención en la agenda de las privatizaciones y vinculando ésta con los recortes y el déficit presupuestario. Los principales sindicatos
de la sanidad están fomentando un mensaje muy parecido y organizando acciones en defensa del NHS.
Para más información, véase http://www.keepournhspublic.com

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